CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA SEGUNDO JUZGADO CONSTITUCIONAL DE AREQUIPA EXPEDIENTE : 00997-2023-0-0401-JR-DC-02 MATERIA : ACCION DE AMPARO JUEZ : LINARES CUADROS, JORGE LUIS ESPECIALISTA : FLORES APAZA, ELISA DEMANDADOS : EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE AREQUIPA S.A. EGASA
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS DEMANDANTE : SUCESIÓN INTESTADA DE EMIGDIIO RONDON HUANCA Y OTROS RESOLUCIÓN : 03-2024 Arequipa, dos de abril del dos mil veinticuatro.- SUMILLA: Está autorizado legalmente, en virtud del artículo 12, in fi ne, del Nuevo Código Procesal Constitucional, declarar la improcedencia de la demanda, una vez que la parte demandada hubiese contestado o no la demanda, si es que dicha demanda hubiese incurrido en cualquiera de las causales de improcedencia estipuladas en el artículo 7 del referido cuerpo normativo, o en cualquier otra causal de improcedencia específi ca prevista en el mismo cuerpo normativo. SENTENCIA 126-2024 Puesto a Despacho en la fecha. Dejándose constancia de que el presente Juzgado Constitucional estuvo de turno desde el inicio de funciones hasta el treinta y uno de diciembre del dos mil veintitrés; de que entre el quince y el dieciséis de diciembre del dos mil veintitrés ingresaron aproximadamente veintiún expedientes de hábeas corpus para sentenciar; de que entre el veintitrés al veintiséis de enero del año en curso ingresaron aproximadamente doce expedientes de hábeas corpus para sentenciar; de las vacaciones que tuvo el magistrado a cargo de este Despacho desde el dieciséis de febrero hasta el tres de marzo del año en curso; de los ciento noventa y cinco expedientes en ejecución remitidos a este Juzgado por disposición de la Resolución Administrativa 256-2024-P-CSJAR-PJ, del cinco de marzo del año en curso; así como del orden de expedientes para sentenciar. I. PARTE EXPOSITIVA: 1.1 A fojas sesenta y siguientes, obra la demanda de amparo; la que mereció un juicio de admisibilidad positivo mediante el auto admisorio de folios setenta y cuatro a folios setenta y siete; 1.2 Asimismo, a folios ochenta y ocho y siguientes, obra la contestación de demanda presentada por la Procuraduría Pública del Ministerio de Energía y Minas; 1.3 De la misma manera, a folios ciento treinta y cinco y siguientes, obra la contestación de demanda presentada por la Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A. (EGASA); habiéndose corrido traslado de las mismas a la contraparte mediante la resolución dos, que obra de ciento sesenta y ocho. II. PARTE CONSIDERATIVA: Primero.- Fundamentos de Derecho: 1.1. El proceso amparo 1.1.1 De conformidad con el artículo 200 de la Constitución Política del Perú, el proceso de amparo “procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los derechos reconocidos por la Constitución”, con excepción de los protegidos por el hábeas corpus y el hábeas data. 1.2. Sobre la posibilidad de declarar la improcedencia la demanda, una vez que hubiese sido presentado el escrito de contestación de la misma 1.2.1. En el artículo 12, in fi ne, del Nuevo Código Procesal Constitucional, se regula que “si con el escrito que contesta la demanda, el Juez concluye que ésta es improcedente o que el acto lesivo es manifi estamente ilegítimo, podrá emitir sentencia prescindiendo de la audiencia única”. 1.3. Sobre las causales de improcedencia de la demanda reguladas en el Nuevo Código Procesal Constitucional 1.3.1. En el artículo 7 del Nuevo Código Procesal Constitucional, se estipula lo siguiente: “No proceden los procesos constitucionales cuando: 1. Los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado. 2. Existan vías procedimentales específi cas, igualmente satisfactorias, para la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado, salvo cuando se trate del proceso de habeas corpus. 3. El agraviado haya recurrido previamente a otro proceso judicial para pedir tutela respecto de su derecho constitucional. 4. No se hayan agotado las vías previas, salvo en los casos previstos por este código y en el
la interposición de otro proceso constitucional. 6. Si se trata de confl ictos constitucionales surgidos entre los poderes del Estado o de entidades de la administración pública entre sí. Tampoco procede entre los gobiernos regionales, locales o de ellos entre sí ni contra el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial interpuesto por un gobierno local, regional o entidad pública alguna. En estos casos, la controversia se tramita por la vía de los procesos de inconstitucionalidad o de competencia, según corresponda. 7. Ha vencido el plazo para interponer la demanda, con excepción del proceso de habeas corpus”. Segundo.- Consideraciones de este Juzgado Constitucional: 2.1 Debemos señalar, en primer lugar, que, si bien, en el artículo 6 del Nuevo Código Procesal Constitucional1, está estipulada la prohibición del rechazo liminar de la demanda en los procesos de tutela de los derechos fundamentales (procesos de hábeas corpus, amparo, hábeas data y de cumplimiento); en el artículo 12, in fi ne, del mismo cuerpo normativo2, está enunciada la posibilidad de declarar improcedente la demanda, una vez que hubiese sido presentado el escrito de contestación de la misma. 2.2 Para comprender, en su plenitud, lo regulado en el artículo 6 y en el artículo 12, in fine, del nuevo cuerpo normativo, se debe tener en cuenta lo expuesto sobre el particular en el dictamen emitido en los proyectos de ley 3478/2018-CR, 3754/2018-CR y 7271/2020-CR, Ley de Reforma del Código Procesal Constitucional, en donde, en relación a la prohibición del rechazo liminar de la demanda (o prohibición de la declaración liminar de improcedencia de la misma), se expuso que “lo que el grupo de estudio ha propuesto debe entenderse solo como posponer formalmente el rechazo liminar hasta el momento de la contestación de la demanda, y que en ese sentido el artículo 12 se refiere a la tramitación de los procesos constitucionales, en la que hay una demanda, se corre traslado, se contesta, y en este punto el juez puede declarar el rechazo liminar pero que ahora sería en la sentencia de primera instancia al declarar improcedente la demanda (…)” (énfasis nuestro). 2.3 Asimismo, en el fundamento jurídico 47 de la sentencia emitida en el Expediente 00030-2021-PI/TC, en relación a lo dispuesto en el artículo 6 del Nuevo Código Procesal Constitucional y al momento en el que se puede dictar la improcedencia de la demanda, por cualquiera de las causales estipuladas en el artículo 7 de dicho cuerpo normativo, se ha expuesto lo siguiente: “la disposición impugnada se limita a establecer el momento procesal en que el juez evaluará la procedencia de la demanda sin impedirle, naturalmente, declarar improcedente ésta en virtud de las causales desarrolladas en el artículo 7 del mismo CPCo., luego de que esta sea contestada por el emplazado” (énfasis nuestro). 2.4 Debe recalcarse, igualmente, que, cuando se hubiese decidido declarar improcedente la demanda, luego de que hubiese sido contestada, por haber incurrido dicha demanda en cualquiera de las causales de improcedencia estipuladas legalmente; no es obligatorio llevar a cabo la audiencia única convocada en el auto admisorio de la demanda, dado que se podría prescindir de llevar a cabo dicha audiencia, tal como está estipulado en la última parte del artículo 12 del Nuevo Código Procesal Constitucional, cuando enuncia que “si con el escrito que contesta la demanda, el juez concluye que esta es improcedente o que el acto lesivo es manifi estamente ilegítimo, podrá emitir sentencia prescindiendo de la audiencia única”
(énfasis nuestro). En el mismo sentido, en el fundamento jurídico 74 de la sentencia emitida en el Expediente 00030- 2021-PI/TC, se ha expuesto lo siguiente: “si la demanda ha incurrido, de manera manifi esta, en alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 7 del CPCo en mención, entonces el juez podrá prescindir de la audiencia y declarará la improcedencia de la demanda a través de una sentencia, como indica el último párrafo del artículo 12 del propio CPCo” (énfasis nuestro). 2.5 Tal como se explicará con detalle más adelante (infra), esta posibilidad de prescindir llevar a cabo la audiencia única, faculta a los jueces constitucionales, además, a prescindir de resolver las excepciones (defensas de forma) que hubiese también formulado la parte demandada al contestar la demanda; por cuanto, como es sabido, el momento en el que se resuelven las excepciones, en los procesos constitucionales de tutela de los derechos fundamentales que son de carácter sumario (tales como el amparo, el hábeas data, y el de cumplimiento), es al realizar la audiencia única. De modo que se puede razonar en el sentido de que, si el legislador peruano ha facultado a los jueces constitucionales a prescindir de llevar a cabo la audiencia única convocada, cuando se hubiese realizado un juicio de procedibilidad negativo de la demanda; con mucha más razón los ha facultado a prescindir de resolver las excepciones (defensas de forma) que también se hubiesen formulado al contestar la demanda. 2.6 Como se puede notar, no es cierto que, en el actual proceso constitucional de amparo, esté prohibida la declaración de improcedencia de la demanda, sino sólo que dicha declaración ya no se podría efectuar, por regla general, en el momento inicial de califi car la demanda; sino una vez que se hubiese contestado la misma por la parte emplazada, tal como está enunciado en el artículo 12, in fi ne del nuevo cuerpo normativo; siempre y cuando dicha demanda hubiese incurrido en cualquiera de las causales de improcedencia enunciadas en el artículo 7 del mismo cuerpo normativo. 2.7 Se debe igualmente poner en conocimiento que, en la jurisprudencia constitucional o doctrina jurisprudencial (que es vinculante a tenor de lo previsto en el tercer párrafo del artículo VII del Título Preliminar del Nuevo Código Procesal Constitucional3), se ha otorgado un sentido interpretativo a lo estipulado en el artículo 6 del Nuevo Código Procesal Constitucional. Así, es meritorio hacerse mención de lo establecido en la sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional en el Expediente 00380- 2022-PA/TC, en cuyos fundamentos jurídicos 23 y 24 se ha expuesto lo siguiente: (…) en lo que concierne al proceso de amparo (así como a otros procesos de tutela de derechos, a los que se les puede aplicar análogamente las mismas reglas procesales), es claro que, conforme al artículo 6 del Nuevo Código Procesal Constitucional, no cabe rechazar liminarmente las demandas ante casos de vicios subsanables (debe declararse la inadmisibilidad y dar un plazo para subsanar) o supuestos de duda (debe admitirse a trámite la demanda), conforme se ha detallado supra. Sin embargo, esto no es de aplicación para los supuestos en los que la propia legislación procesal constitucional ha establecido de manera expresa presupuestos procesales o condiciones para la acción o cuando ha establecido vicios que no pueden ser subsanados, por lo que ab initio en cuanto la omisión o el vicio se refi era a ello, en tales casos no sería posible establecer ninguna relación jurídica procesal válida. En este orden de ideas, resulta obvio que en dichos supuestos excepcionales corresponderá declarar la improcedencia de la demanda, correspondiendo a la judicatura constitucional fundamentar por qué no se trata de un problema subsanable, y que no existe margen de duda sobre lo resuelto, mencionando de manera clara e indubitable cuáles son los presupuestos procesales, las condiciones para accionar o los requisitos legales para demandar que justifi can tal rechazo de la demanda. 2.8 La sentencia anteriormente señalada constituye un hito importante en la tramitación de los procesos constitucionales de tutela de los derechos fundamentales (procesos de hábeas corpus, amparo, hábeas data y de cumplimiento), en el tiempo de vigencia del Nuevo Código Procesal Constitucional; toda vez que, antes de su emisión, los jueces constitucionales se encontraban obligados, en todos los supuestos, a admitir a trámite las demandas formuladas para incoar dichos procesos, incluso las que fueran manifi estamente improcedentes, con lo cual se postergaba la declaración de su improcedencia hasta que la parte demandada hubiese contestado la demanda, como se ha expuesto precedentemente. Sin embargo, con lo expuesto en calidad de doctrina jurisprudencial en la citada sentencia, los jueces constitucionales, de manera excepcional, de ahora en adelante, se encuentran facultados para declarar la improcedencia liminar de la demanda, en el acto de califi cación inicial de la misma, cuando se estuviese frente a supuestos manifi estos de improcedencia, tales como el no cumplimiento de los presupuestos procesales o de las condiciones de acción o de los requisitos previstos en la legislación procesal, siempre y cuando, claro está, se tratasen de omisiones insubsanables. Es decir, en dichos supuestos, los jueces constitucionales no están obligados, de ahora en adelante, a admitir a trámite las demandas; puesto que podrían, de manera fundamentada, declararlas liminarmente improcedentes. 2.9 Si bien es cierto, en el caso que nos convoca, este Juzgado tenía dudas sobre la procedibilidad de la demanda, se dispuso, en virtud de lo estipulado en el artículo 6 del Nuevo Código Procesal Constitucional, admitir a trámite la demanda y correr traslado de la misma a la parte demandada, a efecto de que esta última pudiera ejercer su derecho de defensa; lo cual, igualmente, está de acuerdo con lo expuesto, en calidad de jurisprudencia constitucional, en la sentencia del Expediente 00380-2022-PA/TC, en donde se ha dejado sentado que, en supuestos de duda, se debe optar por admitir la demanda y no por declararla improcedente de plano. 2.10 De modo que, habiendo quedado claro que, en el actual proceso de amparo, sí está regulada la posibilidad de declararse la improcedencia de la demanda, una vez que la parte demandada hubiese contestado la misma, y, excepcionalmente, en el acto inicial de califi cación de la misma, ante supuestos de omisiones insubsanables; se debe referir que, luego del análisis de dicha demanda, de los documentos adjuntados a la misma, y de lo expuesto en las contestaciones de la misma, se ha llegado a la conclusión de declarar improcedente la demanda, por las siguientes causales de improcedencia: 2.11 Incompetencia por razón de materia: De conformidad a lo establecido en el artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, son competentes los juzgados civiles para conocer los asuntos civiles contra el Estado. 2.12 En el presente caso, se debe tener en cuenta que la parte demandada es EGASA S.A. que, como es de conocimiento, es una empresa pública de derecho privado. Es decir, dicha empresa forma parte del Estado, por lo que, a tenor del mencionado artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, este Juzgado Constitucional no es competente por razón de materia para ventilar lo propuesto por la parte demandante, relativo a la prestación económica por ocupación de los terrenos de dicha parte determinada en un procedimiento de establecimiento de servidumbre de obras hidroeléctricas, para lo cual es necesario tener en cuenta lo establecido en informes técnicos de tasación; todo lo cual denota que dicha controversia, en realidad, es de naturaleza civil, y dado que la parte demandada es parte del Estado, el juzgado competente, por razón de materia, es el juzgado civil, que es competente para tramitar procesos contenciosos administrativos con connotación civil, como es el caso propuesto. 2.13 Existencia de vías procedimentales específi cas, igualmente satisfactorias, para la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado: En el presente caso, de la lectura de la demanda, se ha podido desprender que la parte demandante está cuestionando las propuestas económicas efectuadas por la parte demandada EGASA S.A. como compensación de los bienes afectados en el procedimiento de establecimiento de servidumbre de obras hidroeléctricas en los predios con unidades catastrales 00010 y 00028, iniciado en contra de los ahora demandantes (en calidad de titulares de dichos predios). Por lo que se considera que existe otra vía procedimental específi ca, igualmente satisfactoria que el amparo, para la protección del derecho alegado (derecho a la propiedad). 2.14 Se debe tener en cuenta que, en el fundamento 15 de la sentencia expedida en el Expediente 02383-2013-PA/TC (caso Elgo Ríos Núñez), se han defi nido los cuatro requisitos que deben concurrir para considerar que se está frente a una vía ordinaria igualmente satisfactoria que el proceso de amparo: “Que la estructura del proceso es idónea para la tutela del derecho; Que la resolución que se fuera a emitir podría brindar tutela adecuada; Que no existe riesgo de que se produzca la irreparabilidad; y Que no existe necesidad de una tutela urgente derivada de la relevancia del derecho o de la gravedad de las consecuencias”. 2.15 Para poder entender lo relativo a la existencia de otra vía procedimental específi ca, igualmente satisfactoria que el presente proceso de amparo, se debe tener en
cuenta, además, lo establecido doctrinariamente, en el sentido de que esta igualdad entre los procesos, de la que se habla, “no se trata de una igualdad matemática, sino de una igualdad jurídica; y la igualdad jurídica es una igualdad razonable”4. Esta igualdad jurídica, que es distinta de la igualdad matemática, signifi ca que entre los procesos sometidos a comparación (el proceso constitucional, por un lado; y el proceso ordinario, por otro lado), puede haber ciertas diferencias, pero estas no son consideradas del tipo de aquéllas que permitan afi rmar, con seguridad, que se está ante dos procesos totalmente distintos en cuanto al potencial de satisfacción de la necesidad de restablecimiento de los derechos invocados. 2.16 En cuanto a la estructura del proceso idónea para la tutela del derecho, se debe indicar que la vía ordinaria igualmente satisfactoria que el amparo que tiene una estructura idónea para el cuestionamiento del procedimiento de establecimiento de servidumbre de obras hidroeléctricas en los predios con unidades catastrales 00010 y 00028, es la vía ordinaria del proceso contencioso administrativo; toda vez que en dicha vía se pueden plantear, en el denominado proceso ordinario, pretensiones como la nulidad de actos administrativos (artículo 5.1 del DS 011-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el TUO de la Ley 27584, Ley que regula el proceso contencioso administrativo), con lo cual se podría lograr lo buscado en el fondo por la parte demandante, que es que, declarándose la nulidad del citado procedimiento de establecimiento de servidumbre de obras hidroeléctricas, se revalúen sus propuestas económicas por compensación por la servidumbre recaída en dichos predios ubicados en la zona de Chilina, sector Chullo, distrito de Cayma, provincia y departamento de Arequipa. 2.17 La vía del proceso contencioso administrativo, además, es igualmente satisfactoria que el amparo, porque, en cuanto a la estructura de dicho proceso ordinario, se tiene regulado que la contestación de demanda se produce en el plazo de diez días (artículo 27.2, literal c) del DS 011-2019-JUS), que, por cierto, es el mismo plazo para contestar la demanda en el
Constitucional). En dicho proceso contencioso administrativo, se pueden realizar notifi caciones por la vía electrónica (artículo 28 del citado decreto supremo); se puede prescindir de llevar a cabo una audiencia de pruebas cuando se esté frente a medios probatorios de actuación inmediata (artículo 27.1 del citado decreto supremo); se pueden interponer medios impugnatorios (artículos 34 y siguientes del citado decreto supremo); y se pueden conceder medidas cautelares (artículos 37 y siguientes del citado decreto supremo). Como se puede ver, entre el proceso contencioso administrativo y el proceso de amparo existe una igualdad jurídica (representada, sobre todo, porque en ambos procesos el plazo para contestar la demanda es el mismo); lo que hace que el primer proceso ordinario se considere como uno igualmente satisfactorio que el segundo. 2.18 Vinculado con lo relativo a la estructura del proceso, otra razón esencial para considerar que la parte demandante tiene que ventilar, en la vía del proceso contencioso administrativo, lo relativo a la nulidad del procedimiento administrativo cuestionado (de establecimiento de servidumbre de obras hidroeléctricas en los predios con unidades catastrales 00010 y 00028), es el hecho de que en dicha vía ordinaria, a diferencia del proceso constitucional, está implementada una etapa probatoria en la que se puede discutir a fondo, y de manera sufi ciente, lo concerniente a si el cálculo por compensación de los bienes afectados efectuado por la empresa EGASA S.A. cumple o no con los requisitos indemnizatorios del justiprecio; máxime si, en el caso de autos, no se desprende que se esté ante una probable vulneración de los derechos fundamentales alegados; lo que no signifi ca que no lo hubiesen sido, pero ello deberá determinarse en la citada vía ordinaria. 2.19 En dicho proceso ordinario, que cuenta con una etapa probatoria acabada, se puede discutir a fondo, además, lo concerniente a si se habría observado o no el debido proceso dentro del procedimiento administrativo cuestionado (establecimiento de servidumbre); si se habría motivado o no dichas decisiones administrativas que declaran improcedentes las oposiciones formuladas en contra de las propuestas económicas de compensación de los bienes afectados; así como como si corresponde o no la declaración de la nulidad del citado procedimiento de establecimiento de servidumbre; para todo lo cual es imprescindible la actuación de medios probatorios que no son de actuación inmediata (como pedidos de informes, de exhibiciones, declaraciones de parte, declaraciones testimoniales, solicitud de remisión de expedientes administrativos vinculados a la parte demandante y a la parte demandada, e inclusive pericias e inspecciones judiciales, entre otros); todo lo cual no puede discutirse en este proceso constitucional, en el que la etapa probatoria sólo está conformada por la actuación de medios probatorios de actuación inmediata. 2.20 Por otro lado, en dicha vía ordinaria del proceso contencioso administrativo, la resolución a emitirse también es susceptible de brindar la tutela adecuada a lo pretendido por la parte demandante; por cuanto, en dicha vía, se podría llegar a declarar la nulidad del procedimiento administrativo cuestionado. 2.21 Asimismo, no hay un riesgo de irreparabilidad, por cuanto la parte demandada es parte del Estado, que, de ser cierto que hubiese actuado arbitrariamente, sin observar el procedimiento establecido por ley, como se alega en la demanda, no podría sustraerse a la declaración de la nulidad del referido procedimiento de establecimiento de servidumbres cuestionado, en el caso de que así se resolviese en la vía ordinaria, ni de la eventual disposición de indemnización de daños y perjuicios, que también podría ordenarse en el citado proceso ordinario, como consecuencia de dicha actuación, lo cual, cabe aclarar, no podría ordenarse en el presente proceso constitucional. 2.22 Finalmente, no hay necesidad de tutela urgente, atendiendo a que la pretensión de la parte demandante sería, en el fondo, cuantifi cable, al estar relacionada con oposiciones a las propuestas económicas efectuadas por la empresa EGASA S.A. como compensación a los bienes afectados para el establecimiento de servidumbre de obras hidroeléctricas sobre la propiedad de los ahora demandantes, puesto que, a consideración de la parte demandante, dichas propuestas económicas serían ínfi mas; lo cual no merece la tutela urgente propia del proceso de amparo, sin que ello signifi que que no merezca tutela, pero la misma debe ser buscada en la vía ordinaria del proceso contencioso administrativo. 2.23 Falta de agotamiento de la vía previa: De conformidad con el artículo 7, numeral 4 del nuevo cuerpo normativo, la demanda es improcedente cuando no se hayan agotado las vías previas, salvo los casos previstos en este código y en los procesos de hábeas corpus. 2.24 De la revisión de la demanda, se tiene que la parte demandante está cuestionando, a través del presente proceso constitucional, el procedimiento de establecimiento de servidumbre de obras hidroeléctricas iniciado en contra de los demandantes, habiéndose emitido, dentro de dicho procedimiento administrativo, las Resoluciones Directorales 177-2023-MINEM/DGE y 184-2023-MINEM/DGE, de fechas veinte de noviembre de dos mil veintitrés y veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, respectivamente, mediante las cuales se declaran improcedentes las oposiciones formuladas por la parte demandante en contra de las propuestas económicas efectuadas como compensación por el establecimiento de servidumbre de obras hidroeléctricas. 2.25 Como es de conocimiento, el procedimiento administrativo general está regulado en la Ley 27444 como la vía previa que debe agotarse antes de acudirse al Órgano Jurisdiccional. En el presente caso, de los anexos acompañados a la demanda, no se advierte que la parte demandante hubiese presentado algún recurso administrativo de impugnación en contra de las Resoluciones Directorales 177-2023-MINEM/DGE y 184-2023-MINEM/DGE, de fechas veinte de noviembre de dos mil veintitrés y veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, respectivamente, mediante las cuales se declaran improcedentes las oposiciones formuladas a las propuestas económicas efectuadas por la parte demandada como compensación por el establecimiento de servidumbre de obras hidroeléctricas −oposiciones que fueron presentadas a través de los formatos de solicitud que se acompañan como anexos a la demanda (véase a folios treinta y tres y siguientes)−. 2.26 Es decir, no se ha probado que se hubiese interpuesto, en contra de las citadas resoluciones administrativas, ninguno de los recursos impugnatorios administrativos previstos en la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444. Asimismo, de la lectura de la parte resolutiva de dichas resoluciones administrativas, se ha podido verifi car que las mismas disponen lo siguiente: “(…) proseguir con el trámite correspondiente en el procedimiento de establecimiento de servidumbre del Expediente N° 11255622 (…)”; por lo que, dichos procedimientos se encuentran aún en trámite, es decir, no han culminado, por lo tanto, no se ha agotado la vía previa administrativa, ello de conformidad con lo regulado en el artículo 230 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas aprobado por el Decreto Supremo 009-93-EM, que establece: “La Resolución que emita el Ministerio estableciendo o modifi cando la servidumbre, sólo podrá ser contradicha en la vía judicial, en cuanto se refi ere al
monto fi jado como compensación y/o indemnización, dentro del plazo señalado en el Artículo 118 de la Ley” (énfasis nuestro). 2.27 Como se puede ver, una vez que se resuelva establecer la servidumbre de las obras hidroeléctricas cuestionadas, culminaría dicho procedimiento con la emisión de la resolución que emitiese el Ministerio de Energía y Minas, por lo que, de conformidad con lo establecido en la citada ley, a partir de la emisión de dicha resolución, recién la parte demandante puede cuestionar, en la vía judicial, respecto del monto fi jado como compensación, lo cual no se desprende en el presente caso, por lo tanto, la parte demandante no ha cumplido con agotar la vía previa. 2.28 Lo expuesto anteriormente nos permite advertir, con notoriedad, que, a pesar de que en la vía administrativa (vía previa) está regulada la interposición de recursos administrativos contra los actos administrativos, la parte demandante pretende instaurar el presente proceso constitucional sin que dicha vía previa se haya agotado, dado que, de los documentos anexados a la demanda por la parte demandante, no se ha acompañado documento alguno que acredite que se haya interpuesto alguno de los recursos administrativos regulados en el TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo general (Ley 27444) en contra de las resoluciones administrativas emitidas dentro del procedimiento administrativo cuestionado. Es decir, ha quedado evidenciado que, a la fecha de interposición de la demanda, la parte demandante no ha cumplido con agotar la vía previa; habiéndose explicado, en el párrafo precedente, que dicho procedimiento administrativo de establecimiento de servidumbre, aún se encuentra en trámite. 2.29 Por otra parte, tampoco concurre ninguna de las causales de excepción de agotamiento de la vía previa, reguladas en el artículo 43 del Nuevo Código Procesal Constitucional; por cuanto, de manera específi ca, no ha pasado por alto que las resoluciones administrativas cuestionadas son de fecha veinte y veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, conforme obra de folios cincuenta y cuatro a folios cincuenta y nueve, por lo que, a la actualidad, no ha transcurrido un plazo que podría considerarse excesivo, como para prescindirse del agotamiento de la vía previa; más aún si la parte demandante no ha interpuesto recurso impugnatorio alguno en contra de las resoluciones administrativas emitidas dentro del procedimiento administrativo de establecimiento de servidumbre cuestionado. 2.30 Tampoco se está ante el supuesto relativo a que por el agotamiento de la vía previa la agresión pudiera convertirse en irreparable; por cuanto la parte demandante tiene todas las posibilidades de defender sus derechos en dicha vía previa y de obtener, de ser el caso, un pronunciamiento favorable. No hay, además, un riesgo de irreparabilidad, visto que, como ya se ha informado, es posible cuestionar en la vía judicial el monto fi jado como compensación y/o indemnización, una vez establecida la servidumbre mediante resolución expedida por el Ministerio de Energía y Minas, ello conforme a lo regulado en el artículo 230 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas aprobado por el Decreto Supremo 009-93-EM. 2.31 De acotarse que, en el artículo 192 de la Ley 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General), está regulada como regla general la ejecutoriedad del acto administrativo, en el sentido de que “los actos administrativos tendrá carácter ejecutario, salvo disposición legal expresa en contrario, mandato judicial o que estén sujetos a condición o plazo conforme a ley”. Teniendo en cuenta esta regla general, de autos no aparece que las resoluciones administrativas cuestionadas hubiesen estado en algún supuesto de excepción de cumplimiento de dicha regla general; por lo que dichos actos administrativos tendrían, al parecer, el carácter ejecutario. De ahí que no habría impedimento legal alguno en que los mismos hubiesen sido ejecutados antes de resolverse cualquier recurso impugnatorio que la ahora parte demandante hubiese interpuesto en la vía previa; más aún si ha quedado evidenciado que la parte demandante no se ha valido de ningún recurso impugnatorio para cuestionar las citadas resoluciones administrativas. 2.32 Por lo que, al no haberse agotado la vía previa y al no concurrir las causales de excepción de agotamiento de dicha vía previa, la presente demanda debe declararse improcedente de conformidad artículo 7 numeral 4 del Nuevo Código Procesal Constitucional. Tercero.- Sobre por qué no es necesario emitir un pronunciamiento sobre las excepciones que hubiesen sido formuladas por la parte demandada, ni emitir un pronunciamiento sobre el fondo del ASUNTO 3.1. Para poder entender el objeto del presente considerando, se debe tener en cuenta que, en el actual proceso constitucional de amparo, están defi nidos los momentos en los cuales se pueden efectuar los juicios de admisibilidad, de procedibilidad y de fundabilidad de la demanda. 3.2. Se debe tener presente que, en la doctrina procesal, se ha expuesto que el juicio de admisibilidad de la demanda “importa examinar si la demanda contiene o no todos los requisitos formales o extrínsecos exigidos por el ordenamiento jurídico”5. Tales requisitos están regulados, por ejemplo, en el artículo 2 del Nuevo Código Procesal Constitucional; de manera que, si no se cumpliera alguno de ellos, se podría declarar inadmisible la demanda y concederse un plazo para su subsanación, bajo apercibimiento de archivarse el proceso, a tenor de lo estipulado en el artículo 49 de dicho cuerpo normativo. 3.3 El juicio de procedibilidad de la demanda faculta analizar “si la pretensión tiene todos los requisitos intrínsecos o de fondo. Si se constata que no tiene todos estos requisitos emitirá un juicio negativo de procedibilidad, es decir, que declarará improcedente la demanda. Pero, en cambio, si verifi ca que ésta contiene tales requisitos intrínsecos, llegará a la convicción de que la demanda es procedente (juicio de procedibilidad positivo), en cuyo caso dictará el auto admisorio de la demanda”6. Estos requisitos de procedibilidad de la demanda de amparo están recogidos en el artículo 7 del Nuevo Código Procesal Constitucional. Debe tenerse en cuenta que, si bien este artículo regula las referidas causales de improcedencia de la demanda, subyacen, a dichas causales, respectivos requisitos de procedibilidad de la demanda, como, por ejemplo, el estar vinculados en forma directa los hechos y el petitorio al contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados (numeral 1), y el plazo de prescripción para presentar la demanda (numeral 7). 3.4 Este juicio de procedibilidad de la demanda de amparo, como ya se ha expuesto en esta sentencia, ya no se puede realizar, por regla general, en el acto inicial de califi cación de la demanda, a tenor del artículo 6 del Nuevo Código Procesal Constitucional, el cual dispone que está prohibido el rechazo liminar de la demanda en los procesos de tutela de los derechos fundamentales. Esto signifi ca que dicha demanda, por regla general, debe ser admitida; aunque, como igualmente se ha expuesto, en la sentencia del Expediente 00380-2022- PA/TC, se ha dejado abierta la posibilidad para que, de modo excepcional, se declare el rechazo liminar de la demanda, en el acto inicial de califi cación de la misma, únicamente en supuestos evidentes de omisión de cumplimiento de los presupuestos procesales o de las condiciones de acción o de los requisitos exigidos en la legislación procesal. En efecto, la regla general es no rechazar liminarmente la demanda, sino admitirla, en el acto inicial de califi cación de la misma; y la excepción, el rechazo liminar de la misma, sólo cuando se estuviese frente a omisiones insubsanables relativas a los presupuestos procesales o a las condiciones de acción o a los requisitos exigidos en la legislación procesal. Pero, como se tiene expuesto, el hecho de que, por regla general, no pueda rechazarse liminarmente la demanda en el acto inicial de califi cación de la misma, no signifi ca que, más adelante, no se la pueda declarar improcedente o rechazar; por cuanto, como es sabido, en el artículo 12, in fi ne, del nuevo cuerpo normativo, se ha regulado que, si con el escrito de contestación de demanda se concluye que la demanda es improcedente, se la puede declarar en dicho sentido, omitiéndose llevar a cabo la audiencia única convocada. 3.5 Debe tenerse en cuenta, además, que el juicio de procedibilidad de la demanda, se puede efectuar en el proceso hasta en tres momentos: el primero, al califi carse la demanda; el segundo, al sanear el proceso, por lo regular en la audiencia convocada, como consecuencia de la resolución de las excepciones (defensas de forma) que hubiese formulado la parte demanda; y el tercero al emitir sentencia fi nal, en cuyo caso dicha sentencia es una inhibitoria. 3.6 Debe explicarse, asimismo, que, en el actual diseño del
estar compuesto de un solo momento o de dos momentos. Por ejemplo, si, tal como se ha expuesto en la sentencia del Expediente 00380-2022-PA/TC, se estuviese frente a omisiones insubsanables relativas a los presupuestos procesales o a las condiciones de acción o a los requisitos previstos en la legislación procesal, el acto de califi cación de la demanda se compone de un solo momento, en el que se puede declarar, de modo excepcional, la improcedencia liminar de dicha demanda, para lo cual es necesario exponer por qué se está ante una omisión insubsanable. Se está también frente a un acto de califi cación de la demanda de un solo momento, en el caso de que la demanda sea admitida, y ésta no sea declarada improcedente una vez que hubiese sido presentada la contestación de la
misma. Sin embargo, se está ante un acto de califi cación de la demanda compuesto de dos momentos cuando frente a supuestos de duda sobre la procedibilidad de la demanda, la misma fuera admitida a trámite, en virtud de lo estipulado en el artículo 6 del Nuevo Código Procesal Constitucional; pero, una vez que hubiese sido contestada la misma, hubiese resultado evidente que es improcedente. En este último supuesto, se ha dicho que el acto de califi cación de la demanda se compone de dos momentos: el primero, de admisión a trámite de la demanda (auto admisorio de la demanda); y el segundo, de declaración de improcedencia de la misma en una sentencia de improcedencia de demanda (o sentencia inhibitoria), una vez que hubiese sido contestada la demanda. 3.7 Finalmente, el juicio de fundabilidad se lleva a cabo cuando la demanda hubiese superado los juicios de admisibilidad y de procedibilidad; en virtud de dicho juicio “el juez examina y analiza si los hechos sustentatorios de la pretensión (contenida en la demanda) han sido o no probados en el curso del proceso. El juicio de fundabilidad será negativo, si no se han acredito los hechos que sustentan la pretensión, y, será positivo el juicio, si aparece del proceso, probados aquellos hechos”7. Este juicio de fundabilidad se realiza al momento de emitir sentencia fi nal, luego de que hubiese sido admitida, actuada y valorada la prueba producida en el proceso. 3.8 Teniendo en cuenta lo anterior, en el caso que nos convoca, debido a que existían dudas sobre la procedibilidad de la demanda, la misma fue admitida a trámite en el auto admisorio de autos. En dicho auto, se efectuó un juicio de admisibilidad positivo de la demanda. Posteriormente, una vez que se le corrió traslado a la parte demandada, ésta contestó la demanda, y el expediente ingresó a Despacho para efectuarse el juicio de procedibilidad de la misma, a fi n de determinarse si el mismo es positivo o negativo. Este juicio de procedibilidad forma parte, al igual que el juicio de admisibilidad, del acto de califi cación de la demanda; sólo que, en el actual proceso de amparo, hay la opción de dividir los momentos en que pueden efectuarse dichos juicios: el juicio de admisibilidad, en el primer acto de califi cación de la demanda; y el de procedibilidad, una vez que se hubiese contestado la demanda. 3.9 De la revisión de la demanda y de la contestación de la misma, se ha efectuado, en esta sentencia, un juicio de procedibilidad negativo de la demanda; por cuanto, en resumen, este juzgado no es competente por razón de materia para conocer el presente proceso; existen vías ordinarias igualmente satisfactorias para la tutela del derecho invocado (artículo 7.2 del NCPCo); y porque no se ha agotado la vía previa administrativa (artículo 7.4 del NCPCo). 3.10 Teniendo en cuenta que ya se efectuó un juicio de procedibilidad negativo de la demanda, resulta innecesario pronunciarse, en la audiencia de ley convocada, sobre las excepciones formuladas por la parte demandada; por cuanto, en la última parte del artículo 12 del nuevo cuerpo normativo, no está regulado que, para declarar la improcedencia de la demanda, una vez que hubiese sido contestada, los jueces constitucionales están obligados a resolver las excepciones que hubiese formulado la parte demandada; debiendo tenerse en cuenta, además, que, en dicho dispositivo legal, se faculta la posibilidad de prescindir de llevar a cabo la audiencia convocada, que, como se sabe, es el acto procesal en el que se resuelven las excepciones formuladas. 3.11 No obstante lo anterior, a pesar de que, formalmente, no se está emitiendo un pronunciamiento sobre las excepciones formuladas por la parte demandada; se debe hacer ver que la demanda ha sido declarada improcedente habiéndose tomado en cuenta, en parte, lo alegado en dicha contestación de demanda en el extremo de las excepciones formuladas. 3.12 Finalmente, se debe tener en cuenta que, debido a que la demanda no ha superado el juicio de procedibilidad, es también innecesario emitir un juicio de fundabilidad de la misma, como igualmente es innecesario emitir un pronunciamiento sobre la defensa de fondo formulada por la parte demandada en su escrito de contestación de demanda. Cuarto.- De las costas y costos 4.1. Estando a que no se ha alegado ni probado que la parte demandante hubiese incurrido en temeridad manifi esta al interponer la demanda, de conformidad con el artículo 28 del Nuevo Código Procesal Constitucional, no corresponde imponer condena en el pago de costas y costos. Quinto.- Publicación de la sentencia 5.1. La Tercera Disposición Complementaria Final del Nuevo Código Procesal Constitucional, establece que “las sentencias fi nales y las resoluciones aclaratorias de las mismas, recaídas en los procesos constitucionales deben remitirse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la fecha de su expedición, al diario ofi cial El Peruano, para su publicación gratuita, dentro de los 10 días siguientes a su remisión”. 5.2. Por tanto, en caso de ser consentida la presente resolución, deberá remitirse para su publicación a la unidad de servicios judiciales de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, para la publicación correspondiente. Sexto.- Notifi cación a los sujetos procesales 6.1 De conformidad con el artículo 11 del Nuevo Código Procesal Constitucional, la presente resolución debe notifi carse vía casilla electrónica a los sujetos procesales; sin perjuicio de lo cual, deberá notifi carse, además, de ser el caso, conforme a lo que se desprenda del expediente. Razones por las cuales, este Segundo Juzgado Constitucional de Arequipa, RESUELVE: Primero.- DECLARAR IMPROCEDENTE la demanda interpuesta por la SUCESIÓN INTESTADA DE EMIGDIO RONDÓN HUANCA conformada por ELIZABETH LUCY RONDÓN VERA, MANUELA CANDELARIA RONDÓN VERA, ARTURO ALBERTO RONDÓN VERA y VÍCTOR RAÚL RONDÓN VERA, además de la SUCESIÓN INTESTADA DE PEDRO GERMÁN CALDERÓN CALISAYA conformada por CARLOS GERMÁN CALDERÓN ARENAS, BEATRIZ MAGDALENA CALDERÓN ARENAS y VÍCTOR HUGO CALDERÓN ARENAS en contra de la EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE AREQUIPA S.A. EGASA y en contra del MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS con emplazamiento del PROCURADOR PUBLICO DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS; disponiéndose el ARCHIVO DEFINITIVO del proceso, consentida o ejecutoriada la presente; así como se AUTORIZA la devolución de anexos, siempre que sean reemplazados con copias en el expediente. Segundo.- PRESCINDIR de la realización de la audiencia única señalada en este proceso; así como de emitir un auto de saneamiento del proceso dentro de dicha audiencia; y de emitir un pronunciamiento sobre el fondo del asunto. Tercero.- Declarar la no condena de costas y costos. Cuarto.- DISPONER la publicación de la presente sentencia en el Diario Ofi cial El Peruano, en el supuesto de que quede CONSENTIDA; con la obligación de la persona a cargo del trámite del proceso (especialista de causa), de obrar conforme a lo expuesto sobre el particular en esta sentencia, en el plazo de 48 horas de que sea consentida, bajo responsabilidad. Quinto.- NOTIFICAR la presente resolución conforme al considerando sexto. Por esta mi Sentencia, así la pronuncio, mando y fi rmo. TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER. JORGE LUIS LINARES CUADROS Juez ELISA FLORES APAZA Secretaria Artículo 6 del NCPCo: “De conformidad con los fi nes de los procesos constitucionales de defensa de derechos fundamentales, en los procesos constitucionales de habeas corpus, amparo, habeas data y de cumplimiento no procede el rechazo liminar de la demanda”. Artículo 12, in fi ne, del NCPCo: “Si con el escrito que contesta la demanda, el juez concluye que esta es improcedente o que el acto lesivo es manifi estamente ilegítimo, podrá emitir sentencia prescindiendo de la audiencia única”. Artículo VII del Título Preliminar del NCPCo, tercer párrafo: “Los jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales conforme a la interpretación que resulte de las resoluciones del Tribunal Constitucional”. Castillo Córdova, Luis. Derechos fundamentales y procesos constitucionales. Los procesos constitucionales. Volumen 3, Segunda Edición, Zela, 2020, p. 967. Ticona Postigo, Víctor. El derecho al debido proceso en el proceso civil. Grijley, Lima, 2009, p. 424. Ibídem, p. 426. Ibídem., pp. 430-431. W-2289581-1
00030-2021-PI/TC · 00380-2022-PA/TC · 02383-2013-PA/TC