Pleno. Sentencia 82/2023
ÁNCASH BENITO JUVENAL AMEZ SILVA
En la sesión del Pleno del Tribunal Constitucional, de fecha 21 de febrero de 2023, los magistrados Morales Saravia, Pacheco Zerga, Domínguez Haro, Monteagudo Valdez y Ochoa Cardich han emitido la sentencia que resuelve: Declarar INFUNDADA la demanda de cumplimiento.
Por su parte, el magistrado Gutiérrez Ticse formuló un
La Secretaría del Pleno deja constancia de que la presente razón encabeza la sentencia y el voto antes referido, y que los magistrados intervinientes en el Pleno fi rman digitalmente al pie de esta razón en señal de conformidad. Flavio Reátegui Apaza Secretario Relator SS. MORALES SARAVIA PACHECO ZERGA GUTIÉRREZ TICSE DOMÍNGUEZ HARO MONTEAGUDO VALDEZ OCHOA CARDICH
En Lima, a los 21 días del mes de febrero de 2023, el Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por los magistrados Morales Saravia, Pacheco Zerga, Gutiérrez Ticse, Domínguez Haro, Monteagudo Valdez y Ochoa Cardich, pronuncia la siguiente sentencia, con el voto singular del magistrado Gutiérrez Ticse que se agrega.
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Benito Juvenal Amez Silva contra la resolución de fojas 114, de fecha 17 de setiembre de 2021, expedida por la Sala Mixta Descentralizada de Huari de la Corte Superior de Justicia de Áncash, que declaró improcedente la demanda de autos.
El actor interpone demanda de cumplimiento contra la Unidad de Gestión Educativa Local de Asunción (UGEL- Asunción), con el objeto de que se cumpla la Resolución Directoral 0165-2020-UGEL-A/D, de fecha 10 de febrero de 2020 (f. 3), y que se le pague la suma de S/ 18 111.79 (dieciocho mil ciento once y 79/100 soles) por concepto de bonifi cación por preparación de clases y evaluación con base en el 30 % de la remuneración total o íntegra, conforme se desprende del tenor de la referida resolución administrativa, y en aplicación de lo dispuesto por la Ley 24029, modifi cada por la Ley 25212, con el pago de los intereses legales. La directora de la Unidad de Gestión Educativa Local de Asunción (UGEL- Asunción), así como la procuradora pública adjunta (e) regional, contestan la demanda manifestando que el pago está condicionado a la habilitación presupuestal y, por lo tanto, no cumple los requisitos que exige la acción de cumplimiento. El Juzgado Mixto – Sede Asunción, mediante Resolución 8, de fecha 28 de abril de 2021, declaró improcedente la demanda, por estimar que la resolución materia del proceso cumple los requisitos mínimos señalados en el precedente vinculante establecido en la sentencia recaída en el Expediente 00168-2005-PC/TC. La Sala Superior competente revocó la apelada y declaró improcedente la demanda, por considerar que la motivación de la resolución materia de cumplimiento es genérica y no precisa la forma en que se obtuvo la suma reconocida ni su base legal; pues cita un conjunto de normas legales que disponen que el cálculo debe realizarse sobre la remuneración total, pero fi nalmente el sustento para determinar el monto es el cálculo de planillas de la UGEL- Asunción.
1. La demanda tiene por objeto que se ordene el cumplimiento de la Resolución Directoral 0165-2020-UGEL- A/D, de fecha 10 de febrero de 2020 (f. 3), respecto al pago de la bonifi cación al recurrente por preparación de clases y evaluación ascendente a la suma de S/ 18 111.79 (dieciocho mil ciento once y 79/100 soles), con el pago de los intereses legales correspondientes. Requisito especial de la demanda 2. La presente demanda cumple el requisito especial de procedencia establecido en artículo 69 del Nuevo Código Procesal Constitucional, por cuanto a fojas 7 obra la carta notarial recibida por la demandada con fecha 3 de agosto de 2020, en virtud de la cual el actor requiere a la emplazada el cumplimiento de la citada resolución.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el inciso 6 del artículo 200 de la Constitución Política del Perú, en aplicación de los artículos 65 y 66 del Nuevo Código Procesal Constitucional y de la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre los procesos de cumplimiento, corresponde analizar si la resolución administrativa cuya ejecución se solicita cumple los requisitos mínimos comunes que debe reunir un acto administrativo para que sea exigible mediante el proceso de cumplimiento. 4. La Resolución Directoral 0165-2020-UGEL-A/D, de fecha 10 de febrero de 2020 (f. 3), cuyo cumplimiento se solicita, establece lo siguiente en su parte resolutiva: Artículo 1.- RECONOCER que en el cálculo de la bonifi cación especial mensual por preparación de clase y evaluación, de forma devengada; previsto en el artículo 48 de la Ley N.º 24029-Ley del Profesorado, modifi cada por la Ley N.º 25212, a favor de don Benito Juvenal Amez Silva, docente cesante de la jurisdicción de la UGEL- Asunción, por la suma de DIECIOCHO MIL CIENTO ONCE CON 79/100 SOLES (S/ 18,111.79); según cálculo del Responsable de Planillas de la UGEL- Asunción, por mandato de Resolución Directoral Regional N.º 3963, de fecha 22 de septiembre de 2017, emitida por la Dirección Regional de Educación de Áncash. 5. Como se advierte, en la parte considerativa de la Resolución Directoral 0165-2020-UGEL-A/D, el cálculo de los devengados por la bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación a favor del actor se ha efectuado con base en su remuneración total o íntegra, y no en su remuneración permanente. 6. Sin embargo, el Tribunal del Servicio Civil, en el precedente administrativo Resolución de Sala Plena 001-2011-SERVIR/TSC, excluyó la bonifi cación mensual por preparación de clases y evaluación de los benefi cios en los cuales sí se aplica para su cálculo la remuneración total, conforme se desprende de lo expuesto en la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el Expediente 01401- 2013-PC/TC. 7. Por consiguiente, el mandato contenido en la resolución administrativa materia de cumplimiento está sujeto a controversia compleja y, además, no permite reconocer un derecho incuestionable a favor del demandante, por lo que debe desestimarse la demanda. Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confi ere la Constitución Política del Perú,
Declarar INFUNDADA la demanda de cumplimiento. Publíquese y notifíquese. SS. MORALES SARAVIA PACHECO ZERGA DOMÍNGUEZ HARO MONTEAGUDO VALDEZ OCHOA CARDICH PONENTE OCHOA CARDICH
GUTIÉRREZ TICSE Con el debido respeto al criterio adoptado por mis colegas magistrados, emito el presente voto singular sustentando mi posición en los siguientes fundamentos: 1. El actor interpone demanda de cumplimiento contra la Unidad de Gestión Educativa Local de Asunción (UGEL- Asunción), con el objeto de que se cumpla la Resolución Directoral 0165-2020-UGEL-A/D, de fecha 10 de febrero de 2020 (f. 3), y que se le pague la suma de S/. 18 111.79 (dieciocho mil ciento once y 79/100 soles) por concepto de bonifi cación por preparación de clases y evaluación con base en el 30 % de la remuneración total o íntegra, conforme se desprende del tenor de la referida resolución administrativa y en aplicación de lo dispuesto por la Ley 24029, modifi cada por la Ley 25212, con el pago de los intereses legales; pretensión que fue contestada tanto por la directora de la Unidad de Gestión Educativa Local de Asunción (UGEL-Asunción como por la Procuradora Pública Adjunta (e) regional, señalando que el pago está condicionado a la habilitación presupuestal y, por lo tanto, no cumple los requisitos que exige la acción de cumplimiento. 2. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el inciso 6 del artículo 200 de la Constitución Política del Perú, en los artículos 65 y 66 del nuevo Código Procesal Constitucional y en la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre los procesos de cumplimiento; se puede colegir que la Resolución Directoral 0165-2020-UGEL- A/D cuya ejecución se solicita cumple los requisitos mínimos comunes que debe reunir un acto administrativo para que sea exigible mediante el proceso de cumplimiento, al haberse señalado -en su parte considerativa- que el cálculo de los devengados por la bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación a favor del actor ha sido efectuado con base en su remuneración total o íntegra, y no de su remuneración permanente, cumpliendo así lo establecido expresamente en el inciso “b” del artículo 8 del Decreto Supremo 051-91-PCM, criterio que ha sido precisado por este Tribunal Constitucional en la STC 02766-2002-AA/TC (f. 2). 3. Sin embargo, la mayoría de mis colegas desconocen lo señalado amparándose en la Resolución de Sala Plena 001-2011-SERVIR/TSC emitida por el Tribunal del Servicio Civil, que excluyó a la bonifi cación mensual por preparación de clases y evaluación de los benefi cios en los cuales sí se aplica para su cálculo la remuneración total. 4. Lo que debe quedar claro, es que la aludida Resolución de Sala Plena 001-2011- SERVIR/TSC emitida por el Tribunal del Servicio Civil es un precedente administrativo que solo es vinculante al sistema administrativo y siempre que guarde coherencia con la interpretación de éste supremo intérprete, ya que - habiéndose establecido como criterio a nivel jurisdiccional que la bonifi cación por preparación de clases y evaluación debe calcularse sobre la remuneración total, conforme lo ha establecido este mismo Tribunal Constitucional en la aludida STC 02766-2002-AA/TC- el mandato de la Resolución Directoral cuyo cumplimiento se solicita no se encuentra sujeta a controversia alguna. Por estos fundamentos, soy de la opinión que la demanda debe ser declarada FUNDADA. S. GUTIÉRREZ TICSE W-2170700-2
00168-2005-PC/TC · 02766-2002-AA/TC