Pleno. Sentencia 747/2020
LA LIBERTAD VICENTE RAÚL LOZANO CASTRO
Con fecha 16 de octubre de 2020, el Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por los señores magistrados Ferrero Costa, Miranda Canales, Sardón de Taboada y Espinosa-Saldaña Barrera, ha emitido, por mayoría, la siguiente sentencia, que declara FUNDADA la demanda de habeas data que dio origen al Expediente 03203-2018-PHD/TC. Asimismo, los magistrados Miranda Canales y Espinosa- Saldaña Barrera formularon fundamentos de voto.
formularon votos singulares declarando infundada la demanda. Se deja constancia de que el magistrado Blume Fortini emitió un voto singular y que se entregará en fecha posterior. La Secretaría del Pleno deja constancia que la presente razón encabeza la sentencia y los votos antes referidos, y que los magistrados intervinientes en el Pleno fi rman digitalmente al pie de esta razón en señal de conformidad. Flavio Reátegui Apaza Secretario Relator SS. LEDESMA NARVÁEZ FERRERO COSTA MIRANDA CANALES BLUME FORTINI RAMOS NÚÑEZ SARDÓN DE TABOADA ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA
En Lima, a los 16 días del mes de octubre de 2020, el Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por los señores magistrados Ledesma Narváez, Ferrero Costa, Miranda Canales, Ramos Núñez, Sardón de Taboada y Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia. Asimismo, se agregan los fundamentos de
Barrera y los votos singulares de los magistrados Ledesma Narváez, Blume Fortini y Ramos Núñez
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Vicente Raúl Lozano Castro contra la resolución de fojas 68, de fecha 7 de noviembre de 2017, expedida por la Sala Mixta Permanente de Trujillo de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, que, confi rmando la apelada, declaró infundada la demanda de autos.
Demanda Con fecha 11 de agosto de 2015, don Vicente Raúl Lozano Castro interpone demanda de habeas data contra don Carlos Humberto Venegas Gamarra, en su calidad de gerente general del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad SA (Sedalib SA), y contra don Ricardo Joao Velarde Arteaga, funcionario encargado de la información pública de Sedalib SA. Solicita, invocando el ejercicio de su derecho de acceso a la información pública, que le informen si, en el año 2014, Sedalib ha efectuado contrastaciones en campo de medidores de agua potable para atender reclamos suscitados por problemas relativos a la facturación (usuario considera que ha efectuado un consumo menor al volumen registrado por el medidor); y, de ser así, se le proporcione el número total de dichas contrastaciones. Accesoriamente, solicita el pago de costas y costos del proceso. Contestación de la demanda Con fecha 3 de setiembre de 2015, don Ricardo Joao Velarde Arteaga, en su condición de apoderado de Sedalib SA, contestó la demanda y solicitó que sea declarada infundada o improcedente debido a que dicha solicitud fue contestada mediante la Carta 025-2015-SEDALIB-S.A.-LTAI/RVELARDE, de fecha 3 de junio de 2015 (foja 16), denegando su pedido aduciendo que no cuentan con la información requerida y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública no la obliga a producir esta. Resolución de primera instancia o grado Con fecha 21 de enero de 2016, el Tercer Juzgado Especializado Civil de Trujillo de la Corte Superior de Justicia de La Libertad declaró infundada la demanda, puesto que, en el presente caso, la información solicitada no se relaciona a las funciones o servicios de la entidad emplazada, por lo que no se encuentra obligada a producirla. En esa línea, considera que el hecho descrito como presuntamente lesivo y el petitorio de la demanda no guardan relación directa con el contenido constitucionalmente protegido por el derecho de acceso a la información pública. Resolución de segunda instancia o grado Con fecha 7 de noviembre de 2017, la Sala Mixta Permanente de Trujillo de la Corte Superior de Justicia de La Libertad confi rmó la sentencia de primera instancia o grado, por similar fundamento.
Delimitación del asunto litigioso 1. En el presenta caso, el accionante solicita que le informen si, en el año 2014, Sedalib ha efectuado contrastaciones en campo de medidores de agua potable para atender reclamos suscitados por problemas relativos a la facturación (usuario considera que ha efectuado un consumo menor al volumen registrado por el medidor); y, de ser positiva la respuesta, se le proporcione el número total de dichas contrastaciones. Accesoriamente, requiere que la emplazada asuma el pago de costas y costos del presente proceso. En tal sentido, el asunto litigioso radica en determinar si dicho requerimiento de información resulta atendible o no. Procedencia de la demanda 2. De conformidad con el artículo 62 del Código Procesal Constitucional, constituye un requisito especial de procedencia de la demanda de habeas data que el demandante haya reclamado previamente al demandado, mediante documento de fecha cierta, el respeto de los derechos constitucionales invocados; es decir, el derecho de acceso a la información pública o el derecho de autodeterminación informativa. Asimismo, el demandado debe ratifi carse en su incumplimiento o no contestar dentro de los diez (10) días útiles siguientes a la presentación de la solicitud, en el caso del primero de los derechos mencionados. Solamente se podrá prescindir de este requisito, de manera excepcional, en aquellos casos en los que su exigencia genere el inminente peligro de sufrir un daño irreparable, lo cual debe ser acreditado por el demandante. 3. En la medida en que, a través del documento de fojas 2, el recurrente ha cumplido el requisito que exige el artículo 62 del Código Procesal Constitucional y que el proceso de habeas data resulta idóneo para el análisis de la denegatoria de la entrega de información pública solicitada, corresponde emitir un pronunciamiento de fondo.
4. El derecho fundamental de acceso a la información pública garantiza a toda persona la facultad de solicitar, sin expresión de causa, la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública en el plazo legal y con el costo que suponga el pedido. Sin embargo, carece de carácter público toda información cuya entrega lesione el derecho fundamental a la intimidad, afecte la seguridad nacional o esté expresamente excluida por ley. 5. Además, conforme al artículo 8 del TUO de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado mediante Decreto Supremo 043-2003- PCM, las empresas del Estado están obligadas a entregar la información pública con la que cuenten. 6. Ciertamente, el artículo 9 del TUO la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado mediante Decreto Supremo 043-2003-PCM, establece: Las personas jurídicas sujetas al régimen privado descritas en el inciso 8) del Artículo I del Título Preliminar de la Ley 27444 que gestionen servicios públicos o ejerzan funciones administrativas del sector público bajo cualquier modalidad están obligadas a informar sobre las características de los servicios públicos que presta, sus tarifas y sobre las funciones que ejerce. 7. Sin embargo, dicha disposición no debe entenderse de manera que impida difundir información referida al funcionamiento de empresas estatales que además gestionan servicios públicos. Por el contrario, es necesario interpretarla a la luz de la presunción prevista en el artículo 3 de la misma norma: “Toda información que posea el Estado se presume pública, salvo las excepciones expresamente previstas por el artículo 15 de la presente Ley”. 8. Por tanto, las restricciones previstas en el artículo 9 de dicha ley deben entenderse como aplicables a las personas jurídicas privadas o, en su caso, mixtas que ejercen potestades públicas o gestionan servicios públicos. 9. Las empresas de accionariado estatal único, en cambio, deben sujetarse a las reglas aplicables a la generalidad de las entidades del Estado, conforme a lo establecido por una Sala de este Tribunal Constitucional en la sentencia emitida en el Expediente 03994-2012-PHD/TC.
10. Todo ello porque, a criterio de este Tribunal Constitucional, las excepciones al derecho de acceso a la información pública deben interpretarse de manera restrictiva y encontrarse debidamente fundamentadas. En caso contrario, estaría impidiéndose, en vía interpretativa, que el derecho fundamental de acceso a la información pública se ejerza respecto a empresas que se encuentran íntegramente bajo el control del Estado. 11. Ahora bien, debe precisarse que, conforme se aprecia del estatuto de Sedalib1, descargado del portal institucional de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento o Sunass (cfr. <https://www.sunass.gob.pe/websunass/index.php/eps/buen- gobierno-corporativo/estatutos-sociales>, consultado en fecha 16 de noviembre de 2018), es una empresa cuyo accionariado está compuesto únicamente por las municipalidades provinciales de Trujillo, Ascope y Chepén, y está organizada según el régimen de la sociedad anónima. Debido a ello, el Tribunal Constitucional considera que la emplazada es una empresa de accionariado estatal único en los términos expuestos por el numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto Legislativo 1031, que promueve la efi ciencia de la actividad empresarial del Estado, a saber: 4.1 Empresas del Estado de accionariado único: Empresas organizadas bajo la forma de sociedades anónimas en las que el Estado ostenta la propiedad total de las acciones y, por tanto, ejerce el control íntegro de su Junta General de Accionistas. […] 12. Es importante precisar que, de conformidad con la primera disposición complementaria, transitoria y modifi catoria del mismo decreto legislativo, lo señalado por el artículo 4, entre otros, también es de observancia para las empresas del Estado pertenecientes al nivel de Gobierno regional y local. 13. En palabras simples, se trata de una empresa que se encuentra bajo el control del Estado, pues se encuentran comprometidos recursos públicos en la forma de acciones; además, presta un servicio público consistente en saneamiento (agua potable y alcantarillado). Por lo tanto, se colige que se encuentra sujeta a la presunción de publicidad respecto de la información que se le solicita en ejercicio del derecho de acceso a la información pública 14. De otro lado, este Tribunal entiende que la información referida a conocer si la entidad emplazada efectuó durante el año 2014 contrastaciones en campo de los medidores de agua potable a efectos de atender los reclamos de los usuarios que consideran que efectuaron un consumo menor al volumen registrado en dichos medidores inherente a la naturaleza del servicio que brinda Sedalib, ello evidencia la naturaleza pública de dicha información. Por otra parte, se advierte que la divulgación de la información requerida no vulnera las excepciones previstas en los artículos 15, 16 y 17 del TUO de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en cuyo caso podría justifi carse una respuesta negativa. 15. Por tanto, no existe razón para denegar lo peticionado, debido a que el demandante está fi scalizando la observancia de normas sectoriales que demandan efectuar acciones de campo a efectos de resolver los reclamos de usuarios que reportan inconvenientes en la marcación del consumo en sus medidores de agua potable. En consecuencia, no existe razón para restringir el acceso a la información concerniente a cuestiones propias del servicio que brinda; por tanto, no existe motivo que justifi que su no divulgación. 16. Finalmente, el Tribunal advierte que, mediante Carta 025-2015-SEDAL1B-S.A.- LTAFRVELARDE (fojas 16), la entidad emplazada informó que el pedido del demandante no procedía por cuanto “la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública solo obliga a las entidades públicas a entregar información con la que cuentan, más no obligan a elaborar informes de ningún tipo, tal como pretende el actor (sic)”. Al respecto, debe resaltarse que el pedido del actor no se encuentra relacionado con algún acto conducente a elaborar o producir nueva información, ya que, a fi n de contestar el pedido, Sedalib solo debe informar sobre la realización o no de las acciones de campo (contrastaciones de medidores de agua potable) y el número de estas, empleando la información con que cuente en sus respectivas bases de datos. Los costos procesales 17. El artículo 56 del Código Procesal Constitucional prescribe lo siguiente: Si la sentencia declara fundada la demanda, se impondrán las costas y costos que el Juez establezca a la autoridad, funcionario o persona demandada. Si el amparo fuere desestimado por el Juez, éste podrá condenar al demandante al pago de costas y costos cuando estime que incurrió en manifi esta temeridad. En los procesos constitucionales el Estado sólo puede ser condenado al pago de costos. En aquello que no esté expresamente establecido en la presente Ley, los costos se regulan por los artículos 410 al 419 del Código Procesal Civil. 18. En cuanto al pago de costos, el Código Procesal Constitucional (artículo 56) prescribe que, en aquello que no esté expresamente establecido en él, los costos procesales se regulan por los artículos 410 al 419 del Código Procesal Civil. 19. Así, el Código Procesal Civil (CPC), en su artículo 412, dispone que la imposición de la condena de costas y costos no requiere ser demandada y es de cargo de la parte vencida, salvo declaración judicial expresa y motivada de exoneración. 20. El artículo 414 del CPC, asimismo, indica que el juez regulará los alcances de la condena en costas y costos en atención a las incidencias del proceso, fundamentando su decisión. 21. El demandante en este proceso, don Vicente Raúl Lozano Castro, ha iniciado a la fecha 224 procesos constitucionales, 218 de ellos de habeas data. En su gran mayoría, contra la misma entidad, Sedalib SA. 22. Se piden desde copias fedateadas de comunicaciones entre la entidad y su sindicato hasta información sobre qué funcionarios de Sedalib SA ordenaron la compra de cédulas de notifi cación y tasa judicial en distintos procesos. Se piden también costos y costas del proceso, que hasta entonces se han obtenido. 23. Los costos son defi nidos por el Código Procesal Civil (artículo 411) como “el honorario del Abogado de la parte vencedora, más un cinco por ciento destinado al Colegio de Abogados del Distrito Judicial respectivo”. Los procesos constitucionales como el presente son llevados por el propio demandante como abogado. Al hacerlo, en la práctica está obteniendo que se le paguen honorarios por casos que él mismo crea. 24. La Carta de 1993 indica, en su artículo 103 que, “la Constitución no ampara el abuso del derecho”. El Código Civil señala en el artículo II de su Título Preliminar que “la ley no ampara el ejercicio ni la omisión abusivos de un derecho”. 25. Este Tribunal ha defi nido el abuso del derecho como “desnaturalizar las fi nalidades u objetivos que sustentan la existencia de cada atributo, facultad o libertad reconocida sobre las personas”; e indica que “los derechos no pueden usarse de forma ilegítima (...), sino de manera compatible con los valores del propio ordenamiento” (Sentencia 0296-2007-PA, fundamento 12). 26. En ese sentido, estimamos que, en el caso de autos, corresponde exonerar a la demandada del pago de costos, toda vez que, al usar los habeas data para crear casos de los que obtener honorarios, el demandante desnaturaliza dicho proceso constitucional e incurre con ello en abuso de derecho. 27. En efecto, cuenta con un derecho de acceso a la información que le permite solicitar información pública; sin embargo, este es usado de forma ilegítima para fi nes de lucro. Con ello lo desnaturaliza y desvirtúa sus fi nes, generando un perjuicio en términos de sobrecarga procesal y de pérdida de recursos públicos. 28. Cabe añadir que no se ha evidenciado un actuar temerario por parte de Sedalib frente al pedido del recurrente. En concreto, no fue renuente a entregar la información solicitada, al contrario, mediante 025-2015-SEDAL1B-S.A.- LTAFRVELARDE (fojas 16) sostuvo que su negativa responde a que, a su juicio, no estaba obligada a contar con la información requerida. Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confi ere la Constitución Política del Perú,
1. Declarar FUNDADA la demanda, por haberse acreditado la vulneración al derecho de acceso a la información pública, sin costos procesales. 2. ORDENAR a la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad SA (Sedalib SA) brindar la información requerida, previo pago del costo de reproducción. Publíquese y notifíquese. SS. FERRERO COSTA MIRANDA CANALES SARDÓN DE TABOADA ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA PONEN FERRERO COSTA FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO MIRANDA CANALES Si bien concuerdo con el fallo de la sentencia en mayoría, considero pertinente realizar las siguientes anotaciones sobre los costos y costas procesales: Sobre los costos y costas procesales 1. El artículo 56 del Código Procesal Constitucional establece lo siguiente: “Si la sentencia declara fundada la demanda, se impondrán las costas y costos que el Juez establezca a la autoridad, funcionario o persona demandada […] En los procesos constitucionales el Estado sólo puede ser condenado al pago de costos […]”. 2. Como se puede observar, la citada disposición normativa
establece la obligación del órgano jurisdiccional de imponer el pago de costas y costos procesales cuando la demanda constitucional sea declarada fundada, de los cuales corresponde ordenar sólo el pago de costos si se condena al Estado. Sin embargo, la aplicación de esta regla en el presente caso desnaturaliza la fi nalidad de los procesos constitucionales de tutela de derechos. 3. En efecto, en el presente caso, el demandante don Vicente Raúl Lozano Castro, tiene a la fecha un aproximado de 220 procesos de hábeas data en el Tribunal Constitucional, de los cuales en su gran mayoría han sido interpuestas contra la misma entidad demandada, Sedalib SA. Se piden desde copias fedateadas de comunicaciones entre la entidad y su sindicato hasta información sobre qué funcionarios de Sedalib SA ordenaron la compra de cédulas de notifi cación y tasa judicial en distintos procesos. 4. Esta situación evidencia una excesiva utilización de demandas de hábeas data, lo que genera sobrecarga procesal, y por consiguiente constituye un obstáculo en la tutela de los derechos fundamentales de muchas personas que ven postergadas las respuestas a sus casos debido a que la justicia constitucional debe resolver las más de 200 demandas planteadas por el actor en el ejercicio abusivo de su derecho, y también genera un perjuicio en los gastos públicos del Estado. 5. Adicionalmente, el abuso de derecho es una fi gura proscrita por el artículo 103 de la Constitución, y el Tribunal Constitucional lo ha defi nido como “desnaturalizar las fi nalidades u objetivos que sustentan la existencia de cada atributo, facultad o libertad reconocida sobre las personas” (STC 00296-2007-PA/ TC, fundamento 12). En consecuencia, dado que la excesiva interposición de demandas de hábeas data desnaturaliza la fi nalidad del derecho de acceso a la información pública, se evidencia un uso abusivo del derecho. 6. Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta que los costos procesales están constituidos por el honorario del abogado de la parte vencedora más el 5% de destinado al colegio de abogados del Distrito Judicial respectivo (artículo 411 del Código Procesal Civil, en concordancia con el artículo IX del Código Procesal Constitucional), se advierte que el actor está obteniendo que se le paguen honorarios por casos que él mismo crea, ya que las referidas demandas de hábeas data son llevadas por el propio demandante como abogado. 7. Así las cosas, advierto que al usar los hábeas data para generar sobrecarga procesal y perjuicio a los recursos públicos del Estado, hacer un uso abusivo del derecho y lucrar con la obtención de honorarios, el demandante desnaturaliza la fi nalidad de los procesos constitucionales destinados a la tutela de los derechos fundamentales, que es “preservar la observancia de la vigencia de los derechos fundamentales de la persona” (STC 00266-2002-PA/ TC, fundamento 5). 8. En consecuencia, en el presente caso, no resulta razonable aplicar la regla establecida en el artículo 56 del Código Procesal Constitucional de manera automática, para el pago de costos. 9. Finalmente, no corresponde ordenar el pago de costas procesales, en atención a lo dispuesto por el artículo 56 del Código Procesal Constitucional. S. MIRANDA CANALES FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA Coincido con el sentido de lo resuelto, pero considero pertinente dejar sentado que, en lo referido a la exoneración del pago de costos procesales, basta con efectuar un análisis para poder reconocer el riesgo de una desnaturalización del proceso de habeas data efectuado por la parte demandante, con los perjuicios que esto ocasiona en términos de innecesaria sobrecarga procesal y de pérdida de recursos públicos. S. ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA
LEDESMA NARVÁEZ Con el debido respeto por la decisión de la mayoría de mis colegas magistrados, en el presente caso considero que la demanda es INFUNDADA por lo siguiente: 1. El recurrente interpone la presente demanda de hábeas data, invocando su derecho de acceso a la información pública a fi n de que se le informe si, en el año 2014, Sedalib SA ha efectuado contrastaciones en campo de medidores de agua potable para atender reclamos por problemas relativos a la facturación (usuario considera que ha efectuado un consumo menor al volumen registrado por el medidor); y de ser positiva la respuesta, se le informe sobre el número total de estas contrastaciones. Asimismo, solicita el pago de costos y costas del proceso. 2. Así, sobre la información solicitada, tras una revisión de los hechos expuestos en la demanda y de los recaudos que obran en ella, a mi consideración debe tenerse en cuenta que el artículo 13 del TUO de la Ley 27806, de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado mediante Decreto Supremo 043- 2003-PCM, establece categóricamente lo siguiente: La solicitud de información no implica la obligación de las entidades de la Administración Pública de crear o producir información con la que no cuente o no tenga obligación de contar al momento de efectuarse el pedido. En este caso la entidad de la Administración Pública deberá comunicar por escrito que la denegatoria de la solicitud se debe a la inexistencia de datos en su poder respecto a la información solicitada. 3. De tal modo, considero que la pretensión del recurrente implica que Sedalib SA realice una valoración del acervo documentario que posee en su poder, específi camente, elaborar un informe extrayendo la información relativa solo a las contrastaciones en campo de medidores de agua potable realizadas para atender reclamos por problemas de facturación, distinguiendo de aquellos casos motivados por otros factores. De igual manera, observamos que en la Carta N° 025-2015-SEDALIB- S.A de fecha 04 de junio de 2015, así como, en el fundamento 3 de la contestación de la demanda (fojas 20), Sedalib señaló que no cuenta con la información requerida, afi rmación cuya veracidad no ha sido rebatida con ningún elemento de juicio por la parte demandante. 4. Por lo expuesto, ha quedado acreditado que en el presente caso, no existe ningún sustento constitucional en la demanda formulada por el recurrente, debido a que la solicitud de información se encuentra relacionada a que se elabore o produzca nueva información. Por lo tanto, lo solicitado no encuentra fundamento en el contenido constitucionalmente protegido del derecho de acceso a la información pública. En ese sentido, mi voto es por declarar INFUNDADA la demanda de habeas data S. LEDESMA NARVÁEZ
Con el debido respeto de la opinión del resto de mis colegas, elaboro este voto a fi n de indicar que comparto las consideraciones expuestas por la magistrada Ledesma Narváez. En ese sentido, estimo que la demanda debe ser declarada como INFUNDADA. S. RAMOS NÚÑEZ
FORTINI EN EL QUE OPINA POR DECLARAR FUNDADA LA DEMANDA EN EL EXTREMO REFERIDO AL PAGO DE
Discrepo, respetuosamente, de la resolución de mayoría en la parte que dispone exonerar del pago de costos procesales a la parte demandada, por cuanto, a mi juicio, la demanda es fundada y, por tanto, la parte vencida debió ser condenada en forma expresa al pago de los costos procesales respectivos. Fundamento el presente voto singular en las siguientes razones: 1. Si bien coincido con declarar fundada la demanda, por haberse acreditado la vulneración del derecho de acceso a la información pública, discrepo de la exoneración del pago de costos que ha dispuesto la mayoría, transgrediendo lo establecido clara e inequívocamente por el artículo 56 del Código Procesal Constitucional, que señala con toda precisión que “Si la sentencia declara fundada la demanda, se impondrán (los) costos que el Juez establezca a la autoridad, funcionario o persona demandada”. Es decir, la mayoría ha transgredido una normar de orden público, que contiene un mandato expreso y de cumplimiento inexcusable; máxime para quien administra justicia constitucional. 2. Así, la mayoría, en un análisis por demás subjetivo, ha decidido aplicar las normas del Código Procesal Civil para exonerar a la parte vencida del pago de los costos procesales, por el hecho reiterado de que, según afi rman, don Vicente Raúl Lozano Castro, ha iniciado a la fecha 224 procesos constitucionales, 218 de ellos de habeas data. En su gran mayoría, contra la misma entidad, Sedalib S.A. Se piden desde copias fedateadas de comunicaciones entre la entidad y su sindicato hasta información sobre qué funcionarios de Sedalib S.A. ordenaron la compra de cédulas de notifi cación y tasa judicial en distintos procesos, que hasta entonces se han obtenido (fundamentos 21 y 22)”. 3. Sobre tal conducta, la sentencia de mayoría señala lo siguiente: “Los procesos constitucionales como el presente son llevados por el propio demandante como abogado. Al hacerlo, en la práctica está obteniendo que se le paguen honorarios por casos que él mismo crea […]. En efecto, [el demandante] cuenta con un derecho de acceso a la información que le permite solicitar información pública; sin embargo, este es usado de forma ilegítima para fi nes de lucro. Con ello lo desnaturaliza y desvirtúa sus fi nes,
generando un perjuicio en términos de sobrecarga procesal y de pérdida de recursos públicos (fundamentos 23 y 27). 4. Tal argumentación carece de sustento fáctico y jurídico, pues aun cuando podría resultar cierto que don Vicente Raúl Lozano Castro promovió más de 200 demandas de hábeas data, la resolución de mayoría presume una actuación indebida del recurrente, planteando una suerte de crítica respecto del excesivo ejercicio de su derecho de acción y le atribuye un fi n de lucro; sin presentar mayores datos objetivos de tal supuesto comportamiento. 5. Asimismo, la mayoría no sustenta por qué el hecho de que un ciudadano o un abogado promueva un número importante de demandas en defensa de uno o varios derechos fundamentales por haber identifi cado una conducta lesiva continua, reiterada y persistente en perjuicio de su vigencia efectiva, necesariamente desnaturaliza el habeas data como proceso constitucional de tutela del derecho de acceso a la información pública (cabe precisar que también tutela el derecho a la autodeterminación informativa), más allá de que sea él quien obtiene el pago de los costos procesales, por haber transitado 3 instancias y vencido totalmente en el litigio. 6. En efecto, los argumentos de mis colegas magistrados critican tal excesivo ejercicio del derecho de acción del demandante, presumiendo que su motivación tiene un fi n de lucro; en lugar de presumir que la misma identifi ca una situación inconstitucional, reiterada, permanente, constante y continua de lesión del derecho de acceso a la información pública materializado por la entidad emplazada, como consecuencia de su falta de compromiso con los deberes de transparencia que toda entidad pública debe cumplir en el marco de la LTAIP. 7. Este tipo de argumentaciones no hacen más que demostrar la materialización de las distorsiones de la justicia constitucional que de manera constante he venido señalando a través de mis votos singulares2, que no es otra cosa que manifestaciones de la variación del eje de preocupación y del ángulo de observación; pues, en lugar de buscar garantizar la efi cacia del derecho fundamental de acceso a la información pública y sancionar a Sedalib S.A. por su conducta lesiva, mis colegas, en el presente caso, consideran necesario sancionar al demandante por su conducta excesiva en la promoción de habeas datas, acusándolo de tener intenciones de lucro y califi cando de ilegítimo el ejercicio de su derecho de acción. Es decir, muestran su preocupación respecto de los honorarios que el demandante podrá lograr con sus demandas de habeas data, preocupándose por el monto que la emplazada deberá abonar por concepto de costos, no solo en el presente caso, sino en los demás casos que señalan haber identifi cado; olvidando que la LTAIP y la legislación laboral respectiva (aplicable a sus funcionarios y servidores a cargo de la custodia de esta información) cuenta con mecanismos sufi cientes para contrarrestar tal situación. 8. En efecto, es posible que Sedalib S.A., luego de seguir la investigación respectiva e identifi car la responsabilidad administrativa del trabajador que con su conducta no cumplió con entregar oportunamente la información requerida al demandante, pueda trasladar el monto pagado por concepto de costos a dicho trabajador, dado que su conducta fue la que generó un perjuicio económico en la entidad emplazada, hecho que, razonablemente puede justifi car tal traslado del costo a través de un proceso disciplinario. 9. Un mandato en estos términos no solo evitaría la promoción de procesos de hábeas data del recurrente ante el Poder Judicial o ante el Tribunal Constitucional, sino que acabaría, defi nitivamente, con su interés para obrar y neutralizaría su actitud de promover otras demandas similares solicitando tutela para su derecho de acceso a la información pública. 10. En tal sentido, existiendo respuestas correctivas dentro del sistema jurídico, me pregunto ¿por qué necesariamente tiene que interpretarse la conducta excesiva del recurrente como negativa? ¿por qué tal conducta no puede ser entendida como un pedido ciudadano para que la jurisdicción constitucional reaccione frente a la inercia de una empresa con accionario estatal que brinda un servicio público con relación a la garantía que éste debe procurar frente al derecho fundamental de acceso a la información pública? ¿por qué la falta de atención continua y constante de Sedalib S.A. de los pedidos de acceso a la información pública no puede ser entendida como una conducta lesiva continua y permanente en perjuicio de este derecho fundamental? ¿por qué pensar mal de dicha conducta en lugar de pensar bien de ella? 11. Particularmente, no encuentro respuesta alguna a dichas interrogantes en las razones expuestas por mis colegas magistrados, hecho por el cual no los acompaño en su posición. 12. Como juez constitucional considero que, para identifi car la existencia de conductas destinadas a desnaturalizar los procesos constitucionales, la resolución judicial debe sustentarse en hechos objetivos identifi cados en el trámite del proceso y no puede basarse en presunciones respecto de la intención de la actuación de las partes procesales. Elucubraciones sobre las razones de una actuación sin base objetiva, solo nos lleva a instrumentalizar el lenguaje escrito como un medio de imponer concepciones subjetivas, hecho que, a mi juicio, no es de recibo en el correcto ejercicio de la motivación de resoluciones judiciales. Sentido de mi voto La demanda es fundada y, por tanto, la parte vencida debió ser condenada en forma expresa al pago de los costos procesales respectivos. S. BLUME FORTINI Adecuado conforme lo previsto por el numeral 1 de la Décimo Octava Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 1280, Ley Marco de Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, publicada en el diario ofi cial El Peruano el 29 de diciembre de 2016. Cfr. Voto Singular emitido en el Expediente 0014-2014-PI/TC, 0016- 2014-PI/TC, 0019-2014-PI/TC y 0007-2015-PI, acumulados (Caso Ley Universitaria), ver Fundamento de voto emitido en el Expediente 02053- 2013-PA/TC (Caso UPC), Voto singular emitido en el Expediente 0006- 2012-PI/TC (Caso transferencia de los OCI), entre otros. W-1988179-8
0014-2014-PI/TC · 00266-2002-PA · 00296-2007-PA · 03203-2018-PHD/TC · 03994-2012-PHD/TC