Sala Segunda. Sentencia 1093/2023
SANTA OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL (ONP)
En Lima, a los 16 días del mes de noviembre de 2023, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Gutiérrez Ticse, Morales Saravia y Domínguez Haro, ha emitido la presente sentencia. Los magistrados intervinientes fi rman digitalmente en señal de conformidad con lo votado.
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jhon Delton Gonzales Rodríguez, apoderado judicial de la Ofi cina de Normalización Previsional (ONP), contra la resolución de fecha 21 de marzo de 20231, expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, que declaró infundada la demanda de amparo de autos.
Con fecha 29 de enero de 2021, la ONP interpone demanda de amparo2 contra los jueces del Primer Juzgado Civil de Chimbote, de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, y contra el Poder Judicial, pretendiendo la nulidad de las siguientes resoluciones judiciales: (i) Resolución 3, de fecha 16 de diciembre de 20193, que declaró fundada la demanda de amparo interpuesta en su contra por doña Isabel Pereda Lucho y le ordenó que otorgue la bonifi cación del Fondo Nacional de Ahorro Público (Fonahpu), más reintegros dejados de percibir e intereses legales; (ii) Resolución 8, de fecha 25 de junio de 20204, que confi rmó la Resolución 3; y (ii) la Resolución 10, de fecha 12 de enero de 20205, que ordenó cumplir lo ejecutoriado6. La ONP alega que las resoluciones cuestionadas han vulnerado los derechos al debido proceso (y, de manera más concreta, los derechos a la debida motivación de las resoluciones judiciales y a no ser sometido a un procedimiento distinto al preestablecido legalmente) y a la igualdad. La entidad demandante sostiene, básicamente, que las resoluciones cuestionadas no motivaron sufi cientemente por qué se otorgó la bonifi cación del Fonahpu; que el amparo debió declararse improcedente, pues lo pretendido no formaba parte del contenido esencial del derecho a la pensión; que no se expresaron las razones o justifi caciones objetivas para aplicar el art. 2 de la Ley 27617 en vez del artículo 3 del Decreto Supremo 028-2002-EF y que el otorgamiento del referido benefi cio acarreó un indebido trato diferente en relación con los benefi ciarios originarios del Fonahpu. Del mismo modo, refi ere que tampoco se han expresado las razones por las cuales se decidió no aplicar la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en los Expedientes 02808- 2003-AA/TC, 00672-2012-PA/TC y 00314-2012-PA/TC, en las que se dejó establecido que el pensionista debía manifestar su voluntad oportunamente a través del acto de inscripción a efectos de acceder a la bonifi cación del Fonahpu. El Cuarto Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, mediante Resolución 4, de fecha 13 de abril de 20227, admite a trámite la demanda. Con Resolución 8, de fecha 27 de junio de 20228, declaró infundada la demanda, por considerar que la sentencia de vista contiene argumentos razonables y que ha cumplido con la exigencia prevista en el artículo 139, inciso 5, de la Constitución Política del Perú, por cuanto contiene una justifi cación que cumple los estándares mínimos para considerar una decisión debidamente motivada. A su turno, la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, con Resolución 13, de fecha 21 de marzo de 20239, confi rmó la apelada, por estimar que los jueces demandados han resuelto luego de una adecuada valoración probatoria, pronunciándose respecto de las pretensiones impugnatorias propuestas por la demandada, además de expresar con coherencia lógica las diversas premisas que sustentan su decisión.
Delimitación de petitorio 1. La recurrente solicita que se declaren nulas las siguientes resoluciones: (i) Resolución 3, de fecha 16 de diciembre de 2019, que declaró fundada la demanda de amparo interpuesta en su contra por doña Isabel Pereda Lucho y le ordenó otorgar la bonifi cación del Fondo Nacional de Ahorro Público (Fonahpu), más reintegros dejados de percibir e intereses legales; (ii) Resolución 8, de fecha 25 de junio de 2020, que confi rmó la Resolución 3; y (ii) la Resolución 10, de fecha 12 de enero de 2020, que ordenó cumplir lo ejecutoriado. En rigor, los cuestionamientos de la demandante se engloban en la presunta vulneración al derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.
2. Cabe mencionar que el derecho fundamental a la debida motivación de las resoluciones se encuentra reconocido en el artículo 139, inciso 5, de la Constitución Política. Se trata de una manifestación del derecho fundamental al debido proceso (artículo 139, inciso 3, de la Norma Fundamental), el cual se encuentra comprendido en lo que el Nuevo Código Procesal Constitucional denomina tutela procesal efectiva,
una de cuyas manifestaciones es, en efecto, el derecho a la obtención de una resolución fundada en Derecho. 3. Tal como lo ha expuesto el Tribunal Constitucional en el fundamento 2 de la sentencia emitida en el Expediente 01480- 2006-PA/TC, en donde delimitó el ámbito de protección del derecho fundamental a la debida motivación de resoluciones: “El derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justifi caciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión”. 4. En el presente caso, en concreto la recurrente alega que las resoluciones judiciales que cuestiona no han expresado sufi cientemente las razones por las cuales se considera que el requisito de inscripción en los plazos previstos para gozar de la bonifi cación no sería exigible. Sobre el particular, y a consideración de este Tribunal, las resoluciones cuestionadas sí se encuentran debidamente motivadas, y han respetado las exigencias propias de una motivación sufi ciente, en observancia de los principios de coherencia y no contradicción. En otras palabras, cumplen con justifi car debidamente su decisión. 5. En efecto, en ambas sentencias se da cuenta de que al haber adquirido la bonifi cación del Fonahpu carácter pensionable en el Sistema Nacional de Pensiones mediante Ley 27617, el requisito previsto en el inciso c) del Decreto Supremo 082-98-EF atenta contra el derecho fundamental a la seguridad social. En tal sentido, lo alegado por la demandante carece de sustento, dado que los órganos jurisdiccionales emplazados han cumplido con motivar el sentido de su decisión. 6. Aunado a ello, debe tenerse en cuenta que, por mandato legal, actualmente el Fonahpu ostenta la calidad de concepto pensionable, razón por la cual no corresponde exigir a los pensionistas de los Decretos Leyes 19990 y 20530 requisitos mayores que los establecidos en la mencionada ley, pues, de hacerlo, tal actuación estatal administrativa o judicial contravendría el principio de jerarquía normativa. 7. Consecuentemente, este Tribunal considera que las decisiones judiciales que se cuestionan han sido adoptadas sin vulnerar ninguno de los derechos fundamentales que invoca la entidad demandante. Por esta razón corresponde desestimar la demanda. Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confi ere la Constitución Política del Perú,
Declarar INFUNDADA la demanda de amparo. Publíquese y notifíquese. SS. GUTIÉRREZ TICSE MORALES SARAVIA DOMÍNGUEZ HARO PONENTE GUTIÉRREZ TICSE f. 135 f. 28 f. 11 f. 19 f. 26 Expediente 02142-2019-0-2501-JR-CI-01 f. 59 f. 79 f. 135 W-2241653-68