Corte Suprema de Justicia de la República Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente EXPEDIENTE N° 41233-2022 ICA Lima, veintidós de junio de dos mil veintitrés. VISTA; la causa número cuarenta y un mil doscientos treinta y tres guion dos mil veintidós, guion ICA; y luego de verifi cada la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de apelación formulado por la parte demandante Ofi cina de Normalización Previsional-ONP, mediante escrito presentado el nueve de mayo de dos mil veintidós, que corre a fojas quinientos sesenta y dos del expediente judicial digital, contra la sentencia contenida en la resolución número tres de fecha veintiocho de abril de dos mil veintidós, que corre a fojas trescientos setenta y cuatro del expediente judicial digital, mediante la cual, la Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ica, declaró improcedente la demanda de amparo; en el proceso seguido contra el Poder Judicial. ANTECEDENTES: Sobre el Expediente Nº 01324-2019-0-1401-JR-LA-03 (Acción contencioso administrativa – otorgamiento de la bonifi cación Fonahpu) - Con sentencia de fecha veinte de agosto de dos mil diecinueve, el Tercer Juzgado de Trabajo de la Corte Superior de Justicia de Ica, declaró fundada la demanda interpuesta por Jesús Arapa Paricahua contra la ONP; en consecuencia: 1. Nula la Notifi cación de fecha 01 de febrero de 2019, que deniega la bonifi cación de FONAHPU. 2. Ordena que la emplazada emita una resolución administrativa otorgando al actor el reconocimiento y la incorporación de la bonifi cación FONAHPU a su pensión de jubilación, otorgándole el plazo perentorio de 20 días hábiles para que cumpla con expedir la resolución administrativa correspondiente, bajo apercibimiento de poner en conocimiento del Ministerio Público el incumplimiento para el inicio del proceso penal correspondiente y la determinación de los daños y perjuicios que resulten de dicho incumplimiento, conforme a lo dispuesto por el inciso 4 del artículo 40 de la Ley N° 27584 que regula el proceso contencioso administrativo. 3. Dispone que la emplazada pague al actor el reintegro de los devengados y los intereses legales correspondientes a partir del 01 de abril de 2016, conforme a los fundamentos antes expuestos. Sin costas ni costos. - La Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ica, mediante sentencia de vista de fecha diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, resuelve confi rmar la sentencia apelada que declaró fundada la demanda. - La Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, mediante ejecutoria suprema expedida en la Casación Nº 6285-2020-ICA de fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, declaró improcedente el recurso de casación interpuesto por la Ofi cina de Normalización Previsional, por el principio del “doble conforme”.
Sobre el Proceso de Amparo De la pretensión demandada: Conforme se aprecia del escrito a fojas trescientos veinticuatro del expediente judicial digital, la Ofi cina de Normalización Previsional – ONP, interpone demanda de amparo pretendiendo la nulidad de: (i) la sentencia de primera instancia (resolución número tres) de fecha veinte de agosto de dos mil diecinueve, expedida por el Tercer Juzgado de Trabajo de Ica en el Expediente N° 01324- 2019, que declaró fundada la demanda interpuesta por Jesús Arapa Paricahua contra la recurrente; (ii) la sentencia de vista (resolución número siete) emitida el diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, por la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ica, que confi rma la apelada; y, (iii) el auto califi catorio de fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, expedido en la Casación Nº 6285-2020 Ica, por el cual, la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema declaró improcedente el recurso de casación interpuesto por la entidad demandada (ahora recurrente). Del pronunciamiento de la Sala Superior: La Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ica, mediante sentencia de fecha veintiocho de abril de dos mil veintidós, obrante a fojas trescientos setenta y cuatro del expediente judicial digital declara improcedente la demanda de amparo incoada por la Ofi cina de Normalización Previsional – ONP, tras considerar que, no se vislumbra una infracción concreta al contenido esencial del derecho fundamental en su faz de debida motivación, derecho enmarcado expresamente en el artículo 9 del Nuevo Código Procesal Constitucional, por lo que la demanda deviene en improcedente en aplicación del inciso 1) del artículo 7 del Nuevo Código Procesal Constitucional. Del recurso de apelación: Conforme se aprecia a fojas quinientos sesenta y dos, la entidad apelante solicita se revoque la resolución recurrida por considerar que ha sido dictada con manifi esto agravio a la tutela procesal efectiva que comprende el acceso a la justicia y el debido proceso, expresando como argumentos, los siguientes: a) los jueces demandados, en sus intentos de justifi car la equivalencia entre los hechos probados y los supuestos fácticos incorporados en las normas jurídicas aplicables, deciden convalidar el pedido del demandante a percibir la bonifi cación Fonahpu en su pensión, sin la exigencia del cumplimiento del requisito de inscripción previsto en el Decreto de Urgencia Nº 034-98, Decreto Supremo Nº 082- 98-EF y Decreto de Urgencia Nº 009-2000; b) en forma errónea, las instancias demandadas, al aplicar el criterio asumido por la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, en las Casaciones N.os 11345-2015 La Libertad, 6070-2009 La Libertad, 4567- 2010 Del Santa y 8789-2009 La Libertad, así como por el Tribunal Constitucional en el Expediente Acumulado Nº 005-2002-AI/TC, Nº 006-2002-AI/TC y Nº 008-2002-AI/TC, concluyen que tales decisiones se encuentran debidamente motivadas, cuando en casos análogos la Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la misma Corte Suprema, ha establecido que, las ejecutorias tomadas como referencia por las instancias demandadas están referidas específi camente a la imposibilidad de inscripción al Fonahpu por causas atribuibles a la administración, y que, por lo tanto, se encuentran en la obligación de expresar los fundamentos en los que se determine que esa imposibilidad se debió exclusivamente a la administración, y no limitarse a señalar que como la pensión fue reconocida con posterioridad al periodo de inscripción, el demandante se encontraba en la imposibilidad de cumplir dicho requisito. En tal sentido, sostiene que, debe determinarse si hubo responsabilidad o no de la ONP en la emisión de la resolución administrativa cuando el plazo para la inscripción al Fonahpu ya se encontraba vencido y que por estos mismos motivos la Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria declaró la procedencia de otros recursos de casación por la causal de infracción normativa del inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado. c) la aplicación errada de los criterios jurisprudenciales que sirvieron de referencia a los jueces demandados para sustentar sus decisiones vulnera el derecho constitucional a la debida motivación así como a las normas que regulan el otorgamiento de la bonifi cación dispuesta por el Fonahpu, toda vez que se decide exonerar del cumplimiento del requisito de inscripción a personas que ni siquiera cumplían los requisitos para tener la condición de pensionistas en la época en que los plazos para la inscripción al Fonahpu se encontraban abiertos; d) la sentencia apelada no ha sido debidamente motivada puesto que no responde a las alegaciones expuestas en su demanda de amparo y se limita a señalar que las decisiones judiciales impugnadas cuentan con motivación por el solo hecho de haberse sustentado en el criterio establecido por la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria en las Casaciones Nº 11345-2015-La Libertad, Nº 6070-2009 La Libertad, Nº 4567-2010 Del Santa y Nº 8789-2009 La Libertad, así como por lo resuelto por el Tribunal Constitucional en el Expediente Acumulado Nº 005-2002-AI/TC, Nº 006-2002-AI/TC y Nº 008-2002-AI/TC, y que la instancia constitucional no es una tercera instancia, cuando correspondía analizar y verifi car que el razonamiento utilizado por las instancias demandadas no vulnere el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales o que no se encuentren justifi cadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o lo que derivan del caso. Delimitación de la controversia: En el caso concreto, de acuerdo a lo sustentado en los actos postulatorios de la demanda y el contradictorio, así como los agravios del recurso de apelación, se desprende que la controversia consiste, en primer lugar, en determinar si la decisión de la Sala Superior de origen ha sido el resultado de una correcta aplicación del derecho al asunto en controversia, vinculado con los derechos constitucionales al debido proceso, la tutela jurisdiccional efectiva y la motivación de las resoluciones judiciales, cuyas afectaciones se denuncian a través de la demanda de amparo; y, en segundo lugar, determinar si la demanda deviene en improcedente, conforme a lo establecido en la sentencia materia de impugnación o si esta incurre en vicios que acarrean su nulidad. CONSIDERANDO: Primero. Respecto del PROCESO DE AMPARO El proceso de amparo se encuentra regulado en el numeral 2) del artículo 200 de la Constitución Política del Perú, cuyo texto nos informa que: “Son garantías constitucionales: (…) 2. La Acción de Amparo, que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución, con excepción de los señalados en el inciso siguiente. No procede contra normas legales ni contra Resoluciones Judiciales emanadas de procedimiento regular” (negrita y cursiva nuestra). Segundo. Al respecto, el Nuevo Código Procesal Constitucional (Ley Nº 31307) en su artículo 1 enuncia que: “Los procesos a los que se refi ere el presente título tienen por fi nalidad proteger los derechos constitucionales, ya sean de naturaleza individual o colectiva, reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional, o disponiendo el cumplimiento de un mandato legal o de un acto administrativo (…)” (negrita y cursiva nuestra). Asimismo, el artículo 9 del referido cuerpo legal prevé que: “El amparo procede respecto de resoluciones judiciales fi rmes dictadas con manifi esto agravio a la tutela procesal efectiva, que comprende el acceso a la justicia y el debido proceso. Es improcedente cuando el agraviado dejó consentir la resolución que dice afectarlo. (…) Se entiende por tutela procesal efectiva aquella situación jurídica de una persona en la que se respetan, de modo enunciativo, sus derechos (…) a la obtención de una resolución fundada en derecho, (…)” (negrita y cursiva nuestra). Es decir, que de la resolución impugnada se desprenda una vulneración directa y manifi esta del conjunto de derechos que comprende la tutela procesal efectiva, los mismos que se identifi can en la misma norma citada, lo que implica, en sentido contrario, que no procederá si no existe tal vulneración y tampoco si la resolución judicial ha emanado de un procedimiento regular, como lo prevé el artículo 200, numeral 2 de la Carta Política ya citada. Adicionalmente, el artículo 7, numeral 1, de la misma Norma Procesal Constitucional, en cuanto regula que no proceden las acciones constitucionales cuando los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado. Tercero. De otro lado, el Tribunal Constitucional en relación al amparo contra resoluciones judiciales ha establecido que: “(…) no puede hacer las veces de un tribunal de alzada para examinar supuestos errores de derecho o de hecho que puedan haber cometido los tribunales (...) que
hayan actuado dentro de los límites de su competencia (...)”1. Asimismo, también ha establecido en doctrina jurisprudencial uniforme “(…) que el amparo contra resoluciones judiciales no es un instrumento procesal mediante el cual el Juez del Amparo pueda evaluar la interpretación y aplicación correcta (o no) de una norma legal al resolver el Juez una controversia suscitada en el ámbito de la jurisdicción ordinaria o, como en el presente caso, al resolverse sobre la admisión o no del recurso de casación”2 (cursiva nuestra). Cuarto. Pronunciamiento sobre el caso concreto En el caso concreto, de los agravios formulados por la parte recurrente, se aprecia que, en común, se fundamentan esencialmente, en la vulneración al debido proceso en su manifestación al derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, al denunciar que, los órganos jurisdiccionales de mérito han decidido convalidar la pretensión de Jesús Arapa Paricahua, de percibir la bonifi cación del Fonahpu en su pensión, pese a que no cumple con el requisito de la inscripción previa, apoyándose para ello, en las sentencias casatorias y sentencias del Tribunal Constitucional que cita; dejando de lado lo resuelto por la Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de esta Corte Suprema de Justicia de la República, que ha establecido la necesidad de determinar si la imposibilidad de inscripción se debió exclusivamente a la Administración (ONP), otorgándose las razones correspondientes; considerando además que, no es sufi ciente establecer la responsabilidad de la Administración en la omisión del cumplimiento del requisito de inscripción al Fonahpu por el hecho de no haber tenido la calidad de pensionista durante el periodo de inscripción, sino que debe verifi carse los motivos por los cuales, la pensión fue reconocida con posterioridad al vencimiento de los plazos de inscripción al Fonahpu. Quinto. Al respecto, si bien la entidad recurrente denuncia un vicio en la motivación de los pronunciamientos fi nales de las instancias ordinarias; sin embargo, no expone en forma clara y concreta, las razones a partir de supuestos defectos o vicios de motivación en que pudieran incurrir las sentencias judiciales cuestionadas, por el contrario, formula argumentos destinados a acreditar la infundabilidad de la demanda contenciosa administrativa, sin tomar en cuenta que, dichas cuestiones ya fueron resueltas en forma defi nitiva en los fallos impugnados. Sexto. Ahora, en cuanto a la fundamentación contenida en los pronunciamientos fi nales de las judicaturas de instancia, se colige que el tema de fondo planteado a través de la demanda contencioso administrativa sobre otorgamiento de bonifi cación de Fonahpu, fue favorable al accionante Jesús Arapa Paricahua; en ese sentido, esta Sala Suprema aprecia que la ONP plantea con su demanda de amparo contra resoluciones judiciales, diversos argumentos de fondo que han sido revisados y decididos en el proceso ordinario Nº 01324-2019, con los cuales, como se ha señalado, la entidad recurrente pretende, en puridad, que se vuelva a revisar la cuestión controvertida de fondo, que fue objeto de evaluación y decisión en el proceso contencioso administrativo y que ha sido resuelto por los órganos jurisdiccionales ordinarios que emitieron las resoluciones judiciales objeto de impugnación en este proceso de amparo, lo que signifi caría convertir este proceso constitucional en una vía para volver a discutir si el otorgamiento de la bonifi cación en cuestión, es aplicable a los pensionistas que no se inscribieron durante los periodos de inscripción al Fonahpu; por ello, lo alegado por la entidad impugnante en el recurso de apelación no reviste consistencia, desde que supondría reevaluar un asunto que ya ha merecido pronunciamiento fi nal a través de las resoluciones judiciales, materia de la demanda de amparo, siendo ello así, el recurso formulado debe ser desestimado. Sétimo. Resulta pertinente destacar que, el Tribunal Constitucional ha señalado que el amparo no es un instrumento procesal mediante el cual se pueda evaluar la interpretación y aplicación correcta de una norma, ni mucho menos de determinado criterio interpretativo como el alegado criterio al que refi ere la parte demandante emitido por la Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, pues ello no está dentro de la competencia del proceso constitucional de amparo, al no constituir una tercera instancia ni reemplaza al recurso de casación, por lo que no puede ser instrumentalizado para que el órgano de la jurisdicción constitucional evalúe si la interpretación o aplicación de una determinada norma se ha efectuado correctamente, menos aún se determine por la judicatura constitucional si en el proceso ordinario contencioso administrativo laboral, se debieron o no analizar aspectos que a criterio de la entidad recurrente, debieron ser examinados, como es que se establezca si la no inscripción de Jesús Arapa Paricahua en el Fonahpu lo fue por responsabilidad de la Administración o no, al no haber ostentado la calidad de pensionista en los periodos que se abrieron para la inscripción aludida. Octavo. En esa perspectiva, esta Sala Suprema, en la misma línea expresada por la Sala Civil de origen, determina que la demanda de amparo interpuesta por la parte recurrente tiene como fi nalidad revisar el criterio desarrollado por los órganos jurisdiccionales que intervinieron en el proceso judicial seguido en el Expediente Nº 01324-2019, por Jesús Arapa Paricahua contra la ONP, todo ello con la fi nalidad de obtener un resultado acorde a su criterio. Así, debe tenerse presente que el hecho que no coincida con determinado criterio con el que la parte actora concuerde, no constituye una vulneración a su derecho al debido proceso y al derecho a la motivación, máxime si de la sentencia apelada no se aprecia que la Sala Superior haya incurrido en un manifi esto agravio al debido proceso y a la debida motivación de las resoluciones judiciales. Noveno. En tal virtud, los agravios que sostienen el recurso de apelación devienen en insufi cientes para alcanzar alguno de los fi nes que contempla el artículo 364 del Código Procesal Civil, resultando que la sentencia de primera instancia, dictada por la Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ica, ha sido expedida en armonía con los hechos invocados y probados y el derecho a ellos aplicable, mereciendo ser confi rmada. Por tales fundamentos y de conformidad con lo regulado además por los artículos 23 inciso b), y 52 del Nuevo Código Procesal Constitucional, resolvieron: CONFIRMAR la sentencia apelada de primera instancia contenida en la resolución número tres del veintiocho de abril de dos mil veintidós, corriente a fojas trescientos setenta y cuatro del expediente judicial digital, dictada por la Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ica, que declaró improcedente la demanda; en los seguidos por la entidad demandante Ofi cina de Normalización Previsional con el Poder Judicial contra Procurador del Poder Judicial y otros, sobre proceso de amparo; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario ofi cial El Peruano, conforme a ley; y los devolvieron. Interviene como ponente la señora Jueza Suprema De La Rosa Bedriñana. SS. DE LA ROSA BEDRIÑANA AMPUDIA HERRERA CARTOLIN PASTOR CORANTE MORALES TAPIA GONZALES Sentencia del Tribunal Constitucional N° 0759-2005-PA/TC, fundamento jurídico 2. Sentencia del Tribunal Constitucional N° 5194-2005-PA/TC, fundamento jurídico 8, W-2221142-86