EXPEDIENTE N° 40354-2022 ICA Lima, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. I. VISTOS; con el expediente judicial digital no EJE y el cuaderno formado en esta Sala Suprema Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de apelación formulado por la Ofi cina de Normalización Previsional – ONP, de fecha veintidós de abril de dos mil veintidós, obrante a fojas quinientos cincuenta y tres del expediente judicial digital no EJE, contra la sentencia contenida en la resolución número tres, de fecha trece de abril de dos mil veintidós, obrante a fojas trescientos setenta del expediente judicial digital no EJE, emitida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, que resolvió declarar improcedente la demanda de amparo.
II. ANTECEDENTES. 1. Demanda. Mediante escrito de fecha treinta de diciembre de dos mil veintiuno, la Ofi cina de Normalización Previsional – ONP, interpone proceso constitucional de amparo, contra la resolución número tres, del veintiuno de junio de dos mil diecinueve, que declara fundada la demanda contencioso administrativa interpuesta por Ricardo Indalecio Jiménez Aguado, contra la resolución número siete del primero de octubre de dos mil diecinueve que confi rma la resolución anterior y contra el auto califi catorio del veinte de octubre de dos mil veintiuno, emitida en la Casación 32418-2019 Ica; todas ellas expedidas dentro del proceso signado con el número 497-2019-0-1401-JR-LA-03. Sostiene que: - Se ha vulnerado el derecho a la motivación de resoluciones judiciales, ya que, el artículo 2 de la Ley Nº 27617 no es aplicable a los pensionistas que no se hayan inscrito en los procesos de inscripción al FONAHPU. - La Corte Suprema ha cambiado de criterio respecto a las pretensiones donde se solicita la referida bonifi cación, citando las Casaciones números 6586-2019-Ica, 882-2019-Ica, 4347- 2019-Ica, 4985-2019-Ica, 11615-2019-, 11925-2019-Ica, entre otras, donde se han declarado procedentes los recursos de casación interpuestos por la ONP contra las sentencias que estimaban las demandas de FONAHPU, cuando el demandante no cumplió con el requisito de inscripción. - En las resoluciones impugnadas no se han señalado los motivos por los que se apartan de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional contenidos en las sentencias números 02808-2003-PA, 00314-2012-PA/TC, 1133-2019-PA, 02214- 2020-PA, 00037-2021-PA, en donde se estableció que el pensionista debió manifestar su voluntad oportunamente a través de la inscripción al FONAHPU a efectos de acceder al benefi cio. 2. Sentencia de Primera Instancia. El trece de abril de dos mil veintidós, de fojas trescientos setenta del expediente judicial digital no EJE, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, declaró improcedente la demanda constitucional de amparo; bajo los siguientes fundamentos: De autos se advierte que, lo que cuestiona la entidad demandante es la aplicación (e interpretación) de la norma en el tiempo en materia previsional (artículo 2 de la Ley Nº 27617); siendo ello así, es claro que lo que pretende es la revisión y revaluación de lo solicitado en el proceso subyacente (proceso ordinario), lo cual excede los fi nes del
resoluciones cuestionadas, contienen motivación adecuada y cualifi cada que le sirve de respaldo para la decisión tomada. Lo que en realidad pretende la entidad demandante es cuestionar el criterio que los jueces han expuesto en las resoluciones cuya nulidad pretenden a través del presente proceso, situación que no está permitida, toda vez que, no se puede convertir al proceso de amparo en una instancia más, donde se continúen revisando resoluciones judiciales dictadas en un proceso ordinario. 3. Recurso de Apelación. Mediante escrito de fecha veintidós de abril de dos mil veintidós, obrante a fojas quinientos cincuenta y tres del expediente judicial digital no EJE, la parte demandante apela la sentencia de primera instancia y expone lo siguiente: Se decide exonerar del cumplimiento del requisito de inscripción a personas que ni siquiera cumplían los requisitos para tener la condición de pensionistas en el tiempo en que los plazos para la inscripción al Fonahpu se encontraban abiertos, pues, en algunos casos, la contingencia se produjo con posterioridad; en otros, no solicitaron el otorgamiento de la pensión en las fechas que tenían para inscribirse. La justifi cación utilizada por las instancias demandadas en sus decisiones se aleja de las precisiones adoptadas por la Corte Suprema en las Casaciones 8789-2009-La Libertad, 1032-2015-Lima, 11345-2015-La Libertad, dado que en ellas no se limita a establecer que la excepción a la regla de inscripción al Fonahpu privilegia a quienes les fue reconocida la pensión cuando el periodo de inscripción ya no se encontraba abierto, sino que la excepción a esa regla debe estar relacionada a la demora atribuible a la ONP en el reconocimiento de una pensión que había sido solicitada dentro de los plazos establecidos por los Decretos de Urgencias 034-98 y 009-2000. Se debió verifi car y analizar que el razonamiento utilizado por las instancias demandadas no haya vulnerado el derecho a la debida motivación de la resolución judicial o que no se encuentren justifi cadas en el mero capricho de
ordenamiento jurídico o los que derivan del caso, tal como lo precisó el Tribunal Constitucional en el fundamento sétimo de la sentencia recaída en el Expediente Nº 00728-2008-PHC/ TC. III. CONSIDERANDO: PRIMERO: Sobre el Expediente Nº 00497-2019-0-1401-JR-LA-03, proceso contencioso administrativo en el que se solicitó la bonifi cación FONAHPU. 1.1. Mediante sentencia contenida en la resolución número tres, de fecha veintiuno de junio de dos mil diecinueve, obrante a fojas cincuenta y uno del expediente judicial digital no EJE, el Tercer Juzgado de Trabajo Urbanización California C-4 perteneciente a la Corte Superior de Justicia de Ica, declaró fundada la demanda contencioso administrativa interpuesta por Ricardo Indalecio Jiménez Aguado contra la Ofi cina de Normalización Previsional – ONP; en consecuencia, ordenó a la demandada incorpore la Bonifi cación del FONAHPU a su pensión de jubilación. 1.2. Posteriormente, mediante sentencia de vista, contenida en la resolución número siete, de fecha primero de octubre de dos mil diecinueve, obrante a fojas sesenta y siete del expediente judicial digital no EJE, la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ica, confi rmó la sentencia apelada contenida en la resolución número tres, de fecha veintiuno de junio de dos mil diecinueve, que declaró fundada la demanda. 1.3. Luego en mérito al recurso de casación interpuesto por la entidad demandante, la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, a través de la Casación Nº 32418- 2019 del veinte de octubre de dos mil veintiuno, declaró improcedente su recurso. SEGUNDO: El proceso de amparo contra resoluciones judiciales. 2.1. El inciso 2 del artículo 200 de la Constitución Política del Estado señala que: “Son garantías constitucionales: (…) 2. La Acción de Amparo, que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución, con excepción de los señalados en el inciso siguiente. No procede contra normas legales ni contra Resoluciones Judiciales emanadas de procedimiento regular”. 2.2. El Nuevo Código Procesal Constitucional en su artículo 1 señala lo siguiente: “Los procesos a los que se refi ere el presente título tienen por fi nalidad proteger los derechos constitucionales, ya sean de naturaleza individual o colectiva, reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional, o disponiendo el cumplimiento de un mandato legal o de un acto administrativo”; y, por otro lado, en su artículo 9 prescribe que: “El amparo procede respecto de resoluciones judiciales fi rmes dictadas con manifi esto agravio a la tutela procesal efectiva, que comprende el acceso a la justicia y el debido proceso. Es improcedente cuando el agraviado dejó consentir la resolución que dice afectarlo. (…) Se entiende por tutela procesal efectiva aquella situación jurídica de una persona en la que se respetan, de modo enunciativo, sus derechos de libre acceso al órgano jurisdiccional, a probar, de defensa, al contradictorio e igualdad sustancial en el proceso, a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni sometido a procedimientos distintos de los previstos por la ley, a la obtención de una resolución fundada en derecho, a acceder a los medios impugnatorios regulados, a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la actuación adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales y a la observancia del principio de legalidad procesal penal”. 2.3. Existen en doctrina diferentes posiciones asumidas en relación a la procedencia o improcedencia del proceso
constitucional de amparo contra resoluciones judiciales. Así tenemos que un sector se adhiere a la tesis restrictiva, vale decir, considera imposible la procedencia de un amparo frente a una resolución judicial. Contrario sensu, el otro sector acoge la tesis permisiva, que como su mismo nombre indica da por válida la posibilidad de que una resolución judicial sea cuestionada en un proceso constitucional de amparo, con el propósito de asegurar la vigencia y el respeto de los derechos fundamentales. La tesis permisiva presenta dos variantes: tesis permisiva amplia, según la cual se pueden invocar amparos contra todo tipo de resoluciones judiciales siempre que su expedición haya estado sujeta a la violación o amenaza de un derecho constitucional. En cambio, la otra, la tesis permisiva moderada, supone la interposición de un proceso constitucional de amparo contra una resolución judicial solamente cuando está en juego la violación de los derechos a la tutela judicial y al debido proceso y, solo procede si el agraviado no ha dejado consentir la resolución judicial que lo lesiona, que siempre debe ser la última, ya que hay que agotar todos los medios impugnatorios al interior del proceso judicial ordinario, sea civil, laboral, penal, administrativo, tributario, etc. El Código acoge, pues, la tesis permisiva restrictiva pero impide la interposición del “amparo contra amparo”, sin que ello sea obstáculo para su procedencia en casos excepcionales, según los parámetros que ha sentado el Tribunal Constitucional1. TERCERO: Sobre la procedencia del proceso de amparo contra resoluciones judiciales. 3.1. Al respecto, el Tribunal Constitucional en el segundo fundamento de la sentencia emitida en el Expediente Nº 01480-2006-AA/TC, ha indicado expresamente lo siguiente: “El derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justifi caciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, por lo demás, pueden y deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. Sin embargo, la tutela del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no debe ni puede servir de pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo ya decididas por los jueces ordinarios. En tal sentido, en el
resolución judicial se ha violado o no el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales debe realizarse a partir de los propios fundamentos expuestos en la resolución cuestionada, de modo que las demás piezas procesales o medios probatorios del proceso en cuestión sólo pueden ser evaluados para contrastar las razones expuestas, mas no pueden ser objeto de una nueva evaluación o análisis. Esto, porque en este tipo de procesos al Juez constitucional no le incumbe el mérito de la causa, sino el análisis externo de la resolución, a efectos de constatar si ésta es el resultado de un juicio racional y objetivo donde el juez ha puesto en evidencia su independencia e imparcialidad en la solución de un determinado confl icto, sin caer ni en arbitrariedad en la interpretación y aplicación del derecho, ni entrar en subjetividades o inconsistencias en valoración de los hechos” (subrayado nuestro). 3.2. Por otro lado, el mismo máximo intérprete de la Constitución, en los fundamentos décimo quinto y décimo sexto de la sentencia del Expediente Nº 00188-2019-PA/TC, ha dejado sentado lo siguiente: “15. En tal sentido, a juicio de este Tribunal, para realizar control de constitucionalidad de las resoluciones judiciales habrá que verifi car que: a) La decisión judicial que se cuestiona haya resuelto la controversia omitiendo la consideración de un derecho fundamental que por la naturaleza de la discusión debió ser aplicado, es decir, que el juez haya incurrido en un error de exclusión de derecho fundamental (o de un bien constitucional análogo). b) La decisión judicial que se cuestiona haya resuelto la controversia sin considerar que el acto lesivo incidía en el contenido constitucionalmente protegido por el derecho fundamental invocado, es decir, incurriendo en error en la delimitación del ámbito de protección constitucional del derecho. c) La decisión judicial que se cuestiona sustenta su argumentación en una aplicación indebida del principio de proporcionalidad. d) La decisión judicial que se cuestiona omite la aplicación del control difuso o hace una aplicación errónea de este tipo de control de constitucionalidad. 16. Asimismo, para todos los supuestos señalados se requiere de la concurrencia conjunta de los siguientes presupuestos: 1) Que la violación del derecho fundamental haya sido alegada oportunamente al interior del proceso subyacente, cuando hubiera sido posible; 2) Que el pronunciamiento de la judicatura constitucional no pretenda subrogar a la judicatura ordinaria en sus competencias exclusivas y excluyentes, haciendo las veces de una “cuarta instancia”; y 3) Que la resolución judicial violatoria del derecho fundamental cumpla con el principio de defi nitividad, es decir, que el demandante haya agotado todos los mecanismos previstos en la ley para cuestionarla al interior del proceso subyacente” (subrayado nuestro). 3.3. Por otro lado, esta Sala Suprema en el tercer y noveno considerando de la sentencia emitida el ocho de abril del dos mil nueve en el Proceso de Amparo Nº 2866-2008- Puno, ha expuesto que: “TERCERO: (…) es factible promover demanda de amparo contra resoluciones expedidas en la tramitación de un proceso judicial irregular, o cuando, en términos del Código Procesal Constitucional, se haya vulnerado la tutela procesal efectiva, la que comprende el debido proceso y el acceso a la justicia; sin embargo, tal regulación normativa, no implica que se pueda hacer un uso indiscriminado del amparo, pues ello afectaría gravemente la inmutabilidad de la cosa juzgada prevista en el artículo 139 inciso 2 de la Carta Magna, sino por el contrario, el ordenamiento jurídico únicamente concede tal posibilidad cuando la vulneración de los derechos constitucionales sea manifi esta. NOVENO: Finalmente cabe precisar que el proceso constitucional de amparo tiene como fi nalidad la protección de los derechos fundamentales y de la Constitución Política del Estado, y no puede constituirse en una instancia revisora de lo resuelto por los Jueces ordinarios, pues ello implicaría desnaturalizarlo; por lo que, al advertirse que lo que realmente pretende la impugnante es que se vuelva a emitir un pronunciamiento sobre los hechos que fueron materia de la instrucción penal resuelta, lo que no se condice con los fi nes del amparo”. 3.4. En ese marco normativo jurisprudencial, podemos reafi rmar que el proceso de amparo contra una resolución judicial, atendiendo a la institución de la cosa juzgada es un mecanismo procesal excepcional para cuestionar una decisión de los órganos jurisdiccionales que se haya expedido en un proceso irregular por haberse transgredido el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso, así como todos sus componentes, entre ellos el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales. 3.5. Asimismo, es importante recordar que a través del
constitucional haga las veces de una supra instancia que se encargue de revisar lo resuelto por los órganos jurisdiccionales ordinarios, por lo que no se puede realizar una revaloración fáctica o de pruebas, tampoco es factible examinar la interpretación y aplicación correcta o no de una norma legal, entre otros aspectos propios de la justicia ordinaria. 3.6. Por último, la resolución judicial cuestionada a través del proceso de amparo debe ser fi rme, es decir, que contra ella se hayan agotado todos los recursos impugnatorios que la ley franquea para el proceso ordinario, según cada circunstancia y el tipo de acto procesal cuestionado. CUARTO: Análisis del caso en concreto. 4.1. En el caso de autos, tenemos que, a través del presente proceso de amparo, se pretende la nulidad de las resoluciones del veintiuno de junio de dos mil diecinueve, que declara fundada la demanda contencioso administrativa, y ordena que se incorpore a la pensión del demandante la bonifi cación FONAHPU; así como su confi rmatoria mediante la resolución número siete, del primero de octubre de dos mil diecinueve, y el auto califi catorio Casación Nº 32418-
2019 del veinte de octubre de dos mil veintiuno, expedido por la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, todo esto en el Expediente Nº 00497-2019-0-1401-JR-LA-03. 4.2. Teniendo en cuenta los fundamentos de la demanda, así como los agravios del recurso de apelación formulados por la parte recurrente, este Colegiado Supremo advierte que estos, se centran específi camente en sostener que existen pronunciamientos por parte de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional que señalan que no cumplen con los requisitos de la bonifi cación del Fonahpu, aquellas personas que no tienen la calidad de pensionistas en el tiempo en que los plazos para la inscripción se encontraban abiertos, pues en algunos casos la contingencia se produjo con posterioridad, en otros no solicitaron el benefi cio en la fecha que tenían para inscribirse; correspondiendo la exoneración cuando se advierta demora en el reconocimiento de la pensión y por ende la imposibilidad de inscripción resulte atribuible a la ONP, entre otros argumentos. 4.3. Sin embargo, de sus argumentos, se colige que la entidad recurrente no glosa razones a partir de supuestos defectos o vicios de motivación en que pudieran incurrir las sentencias judiciales cuestionadas, sino que traza argumentos que pretenden acreditar la infundabilidad de la demanda contenciosa administrativa, que aparece cuestionada con este proceso de amparo contra resoluciones judiciales que convoca a esta Sala Suprema, que actúa como órgano superior resolutor, cuando dichas cuestiones ya fueron resueltas en forma defi nitiva en los fallos impugnados. 4.4. En efecto, en la sentencia del Tercer Juzgado de Trabajo de la Urbanización California C-4, signada con el número tres del veintiuno de junio de dos mil diecinueve, se declaró fundada la demanda interpuesta por Ricardo Indalecio Jiménez Aguado sobre acción contencioso administrativa, señalándose que: “5.4 Teniendo en cuenta que originalmente, el benefi cio del FONAHPU no formaba parte de la pensión, y tampoco tenía naturaleza pensionaria ni remunerativa, de conformidad con el texto expreso del segundo párrafo del artículo 1 del Decreto de Urgencia Nº034-98; sin embargo, con la Ley Nº 27617 este benefi cio fue incorporado al Sistema Nacional de Pensión, con carácter pensionable, como lo ha expuesto
Expediente 00005-2002-AI, 00006-2002-AI y 00008-2002-AI al señalar: “6.1 Así, el Estado, al incorporar con el carácter de pensionaria la bonifi cación del FONAHPU, está concediendo un benefi cio adicional no previsto en la normatividad previsional original, pues la bonifi cación anotada no constituye un derecho adquirido (justamente por no tener el carácter de previsional), mientras que, a partir de la aplicación del artículo 2.1 de la Ley Nº 27617, tal bonifi cación debe ser considerada como parte de la pensión, y pasar a formar parte de dicho derecho adquirido (por la naturaleza previsional ahora reconocida).” En concordancia con los fundamentos normativos precitados, la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema emite la Casación N° 8789-2009 La Libertad, decidiendo que corresponde otorgar la bonifi cación del FONAHPU a favor del pensionista que reunía los requisitos para percibir la prestación antes de que venciera el plazo para la inscripción en dicho Fondo, pero que no pudo cumplir con inscribirse en razón que su pensión le fue reconocida con posterioridad…”. 4.5. Por su parte, la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ica en la sentencia de vista del primero de octubre de dos mil diecinueve, confi rmó la resolución anterior argumentando que: “7.3. Ahora bien, de la Resolución No. 0000052324-2016- ONP/DPR.GD/DL 19990, de fecha veintiuno de setiembre del año dos mil dieciséis, que corre de folios cuatro a seis, se aprecia que al demandante se le otorgó pensión de Jubilación, por la suma de S/.676.76 soles, a partir del primero de agosto del dos mil dieciséis; por lo que cumpliría con los requisitos establecidos en los incisos a) y b) del artículo 6 del reglamento; en cuanto al tercer requisito esto es, haberse inscrito en el FONAHPU, dentro del plazo fi jado por el Decreto de Urgencia Nº 034-98 y Decreto de Urgencia Nº 009-2000- EF, se debe señalar que a la fecha de la citada Resolución Administrativa en que se reconoció su derecho a la pensión de jubilación, ya no existía proceso de inscripción abierto, ni norma legal que autorice o permita la inscripción de nuevos pensionistas al FONAHPU, viéndose así imposibilitado a inscribirse con anterioridad. (…) 7.5 Además de ello debe tenerse en cuenta que si bien en un inicio fue voluntaria la participación en dicho benefi cio que no tenía la calidad de pensionable, ello cambió a partir de la dación de la Ley 27617, publicada el 1 de enero del 2002, en la cual en su artículo 2° incorpora la bonifi cación con el carácter de pensionable, esto es como parte integrante de la estructura pensionaria, y por tanto forma parte del derecho de los benefi ciarios en razón de la naturaleza previsional reconocida (…) 7.6. Siendo así, corresponde al demandante percibir la bonifi cación FONAHPU (Fondo Nacional de Ahorro Público), desde el día siguiente en que cumplió los requisitos para tener la condición de pensionista, esto es desde el 01 de agosto de 2016…”. 4.6. En mérito a la fundamentación contenida en los pronunciamientos fi nales de las judicaturas de instancia, se colige que el tema de fondo planteado a través de la demanda de amparo sobre otorgamiento de bonifi cación FONAHPU, fue favorable al accionante Ricardo Indalecio Jiménez Aguado; en ese sentido, esta Sala Suprema aprecia que la ONP plantea con su demanda de amparo contra resolución judicial argumentos de fondo que han sido revisados y decididos en el proceso ordinario subyacente, con lo cual, como se ha señalado, la entidad accionante pretende en puridad que se vuelva a revisar la cuestión controvertida de fondo que fue objeto de evaluación y decisión en la acción contencioso administrativa, y que ha sido resuelta por los órganos jurisdiccionales que emitieron los pronunciamientos judiciales objeto de impugnación en este proceso de amparo contra resolución judicial, lo que signifi caría convertir este proceso constitucional en una vía para volver a discutir si el otorgamiento de la bonifi cación del FONAHPU es aplicable a los pensionistas que no se inscribieron durante los periodos de inscripción al FONAHPU; por ello, lo cuestionado por la entidad impugnante en el recurso de apelación no reviste consistencia, desde que, insistimos, supondría reevaluar un asunto que ya ha merecido pronunciamiento fi nal a través de las resoluciones judiciales materia de la demanda de amparo, lo que importaría actuar como una cuarta instancia; por consiguiente, debe desestimarse el recurso de apelación. 4.7. En este contexto, es pertinente destacar que como lo ha señalado el Tribunal Constitucional, el proceso de amparo no es un instrumento procesal mediante el cual se pueda evaluar la interpretación y aplicación correcta de una norma, ni mucho menos de determinado criterio interpretativo, como el alegado criterio al que refi ere la parte demandante emitido por las instancias jurisdiccionales cuestionadas, así como el invocado criterio jurisprudencial de las Sentencias del Tribunal Constitucional y de una parte de la Corte Suprema de Justicia, pues la determinación de la aplicación de determinada interpretación de una norma no está dentro de la competencia del proceso constitucional de amparo, desde que éste no constituye una cuarta instancia, por lo que no puede ser instrumentalizado para que el órgano de la jurisdicción constitucional evalúe si la interpretación o aplicación de una determinada norma se ha efectuado correctamente, menos aún se determine por la judicatura constitucional si los criterios que ha asumido la Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional en torno a que el acceso a la bonifi cación del FONAHPU requiere de manera ineludible satisfacer concurrentemente los tres requisitos que contempla el artículo 6 del Decreto Supremo N° 082-98-EF, frente al que viene asumiendo otra parte de la Corte Suprema, en el sentido de la no exigencia del requisito de inscripción para la bonifi cación del FONAHPU, todo ello porque tal pretensión escapa de las fi nalidades de los procesos constitucionales y, en particular, del amparo contra resoluciones judiciales. 4.8. En esa perspectiva, esta Sala Suprema, en la misma línea expresada por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, determina que el proceso de amparo interpuesto por la parte recurrente tiene como fi nalidad revisar el criterio desarrollado por los órganos jurisdiccionales que intervinieron en el proceso signado con el Nº 00497-2019-0-1401-JR-LA-03, todo ello con la fi nalidad de que se obtenga un resultado acorde a su criterio. Así, debe tenerse presente que el hecho que no se coincida con determinado criterio con el que la parte actora concuerde, no constituye una vulneración a su derecho al debido proceso y al derecho a la motivación, más todavía si de la sentencia apelada no se aprecia que la Sala Superior haya incurrido en un manifi esto agravio al debido proceso y a la debida motivación de las resoluciones judiciales. 4.9. En cuanto al cuestionamiento al auto califi catorio del recurso emitido por la Primera Sala de Derecho
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, en la Casación Nº 32418-2019-Ica del veinte de octubre de dos mil veintiuno, este fue declarado improcedente al haberse llevado a cabo el proceso contencioso administrativo en la vía del proceso urgente, y al haber confi rmado la sentencia de vista, la sentencia de primera instancia que declaró fundada la demanda se ha producido el doble conforme, de acuerdo al artículo 35 inciso 3 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584; pretendiendo el amparista cuestionar esta decisión señalando resoluciones emitidas por la Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema en la cual si se han avocado al conocimiento en este tipo de causas, sin embargo, tal como se ha sostenido en la sentencia emitida en primera instancia de este proceso de amparo, el hecho de que no exista unidad de criterio con relación a ello no implica vulneración a su derecho al debido proceso ni a la motivación de resoluciones judiciales. QUINTO: De los pronunciamientos existentes relación al tema planteado 5.1. Sin perjuicio de lo antes concluido en relación al caso en concreto, este Colegiado debe precisar que respecto a los casos sobre otorgamiento de la bonifi cación FONAHPU existe diversas posiciones a nivel de la Corte Suprema, así tenemos que la Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema en numerosas ejecutorias y en el precedente vinculante signado con el Nº 7445-2021-Santa del veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno (en el cual establecen reglas para acceder a ese benefi cio), ha determinado que la referida bonifi cación no resulta pensionable salvo en los casos establecidos en la Ley Nº 27617 cuando se percibe la bonifi cación con anterioridad a la referida ley y en los casos en que habiendo solicitado dentro del plazo legal la bonifi cación no se le hubiera otorgado por una causa imputable a la ONP, entre otros; criterio que a la fecha no es compartido por la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria, que ha señalado también en múltiples ejecutorias que la mencionada Ley Nº 27617 le ha dado el carácter pensionable al FONAHPU. 5.2. Asimismo, también el Tribunal Constitucional ha emitido sentencias con diversas posiciones en relación al caso de autos, como en el Expediente 00005-2002-AI, 00006-2002-AI y 00008-2002-AI; en el Expediente Nº 03305- 2021-PA/TC del veintitrés de abril de dos mil veintidós, el Expediente Nº 1703-2022-PA/TC del catorce de abril de dos mil veintitrés, el Expediente Nº 2891-2022-PA/TC del catorce de abril de dos mil veintitrés, entre otros, en unos señalando que la bonifi cación del FONAHPU es pensionable por el mérito de la Ley Nº 27617 y en otros que no, sosteniendo que si no se cumple con las exigencias de la inscripción voluntaria establecida en la norma de la materia en el plazo conferido no pueden acceder a ese benefi cio. 5.3. Lo anterior deja en evidencia que respecto al caso del otorgamiento de la bonifi cación FONAHPU, aún en el nivel de mayor jerarquía de este Poder del Estado no existe unidad de criterio ni tampoco a nivel del Tribunal Constitucional, razón por la cual, en su momento cada institución deberá aclarar el criterio interpretativo que corresponda a través de los mecanismos que la ley faculta, no correspondiendo asumir o defi nir el tema dentro de un proceso de amparo contra resolución judicial. SEXTO: En consecuencia, habiéndose establecido que los argumentos expresados en la demanda de amparo, así como los agravios señalados en el recurso de apelación carecen de sustento, se verifi ca que la apelada ha sido emitida conforme a derecho y de acuerdo a los antecedentes, consideraciones por las que la venida en grado debe confi rmarse. IV. DECISIÓN: Por tales consideraciones, CONFIRMARON la sentencia contenida en la resolución número tres, de fecha trece de abril de dos mil veintidós, obrante a fojas trescientos setenta del expediente judicial digital no EJE, emitida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, que resolvió declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo interpuesta por la Ofi cina de Normalización Previsional- ONP contra el Procurador Público del Poder Judicial y otros; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; y los devolvieron. Interviene como ponente el señor Juez Supremo Cartolin Pastor. SS. DE LA ROSA BEDRIÑANA AMPUDIA HERRERA CARTOLIN PASTOR CORANTE MORALES TAPIA GONZALES MESÍA Carlos. “Exégesis del Código Procesal Constitucional”. Gaceta Jurídica, Lima, 2004, Primera edición. Pp. 102-103. W-2221142-82