Corte Suprema de Justicia de la República Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente EXPEDIENTE N° 31710-2022 ICA Lima, veintidós de junio de dos mil veintitrés. I. VISTOS; con el expediente judicial digital no EJE y el cuaderno formado en esta Sala Suprema. Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de apelación formulado por la Ofi cina de Normalización Previsional – ONP, de fecha veintitrés de marzo de dos mil veintidós, obrante a fojas cuatrocientos ochenta y seis del expediente judicial digital no EJE, contra la sentencia contenida en la resolución número cuatro, de fecha dieciséis de marzo de dos mil veintidós, obrante a fojas trescientos diecinueve del expediente judicial digital no EJE, emitida por la Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ica, que resolvió declarar improcedente la demanda de amparo. II. ANTECEDENTES. 1. Demanda. Mediante escrito de fecha diez de noviembre de dos mil veintiuno, la Ofi cina de Normalización Previsional – ONP, interpone proceso constitucional de amparo, contra la resolución número cuatro, de fecha once de abril de dos mil diecinueve, que declara fundada la demanda contencioso administrativa interpuesta Rosa Ramos Mendoza Viuda de Bernaola, contra la resolución número ocho de fecha veinticinco de junio de dos mil diecinueve que confi rma la resolución anterior y contra el auto califi catorio del dieciséis de julio de dos mil veintiuno, emitida en la Casación 20331- 2019 Ica; todas ellas expedidas dentro del proceso signado con el número 01924-2018-0-1401-JR-LA-03. 2. Sentencia de Primera Instancia. El dieciséis de marzo de dos mil veintidós, mediante resolución número cuatro, obrante a fojas trescientos diecinueve del expediente judicial digital no EJE, la Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ica, declaró improcedente la demanda constitucional de amparo; bajo los siguientes fundamentos: Que lo pretendido por la entidad demandante es que se revise el criterio desarrollado por la entonces Jueza del Tercer Juzgado de Trabajo de Ica y los Jueces Superiores de la Sala Laboral Permanente de Ica, durante el año judicial dos mil diecinueve, lo que de ninguna manera puede ser efectuado por el juez constitucional, ya que dicha atribución es competencia de la justicia ordinaria. Se intenta reaperturar el debate sobre el sentido de lo resuelto, en tanto la interpretación y criterio asumidos que la sustentan, fue objeto de análisis por las instancias de mérito en el proceso ordinario tramitado en el mencionado Expediente N°01924- 2018-0-1401-JR-LA-03. La accionante debe entender que no puede hacer uso del amparo como una tercera instancia de revisión sobre decisiones que en su oportunidad fueron analizadas por los magistrados demandados (en primera y segunda instancia). La entidad accionante enfatiza en su fundamentación de hecho el criterio que respecto a los casos sobre otorgamiento de la bonifi cación Fonahpu ha tenido la Corte Suprema (Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria) y al haberse analizado los últimos pronunciamientos de tal Sala, se advierte que en efecto la mayoría de ellas, los Jueces Supremos de tal Colegiado han casado las sentencias de vistas emitidas en los procesos originarios y actuando en sede de instancia han revocado las sentencias apeladas y reformándolas las han declarado infundadas, en otros tantos, no han actuado en sede de instancia y han declarado nulas las sentencias de vista y han dispuesto que la Sala Superior emita nuevo pronunciamiento; pero, llama la atención que sólo sea tal Colegiado quien está asumiendo tal criterio y no sus homólogos de la Primera y Segunda Salas de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, pues precisamente en el caso que origina el proceso de amparo (Expediente N°01924-2018-0-1401-JR-LA-03), la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema al califi car el recurso de casación que la ahora amparista interpuso (Casación 20331-2019-Ica), ha declarado improcedente el recurso interpuesto por haberse tramitado tal causa como proceso urgente. Respecto al caso subyacente (otorgamiento de bonifi cación Fonahpu) aún en el nivel de mayor jerarquía de este Poder del Estado no existe unidad de criterio (por lo menos, a la fecha que se emitieron la resoluciones cuestionadas en el presente proceso) y ello es una manifestación de la independencia jurisdiccional consagrada en nuestro texto Constitucional (inciso 2 del artículo 139) y ello se viene interpretando erradamente por la amparista como una aparente vulneración a su derecho al debido proceso, pues de todo lo actuado, no se vislumbra una infracción concreta, al contenido esencial de este derecho fundamental en su faz de debida motivación (derecho enmarcado expresamente en el artículo 9 del Nuevo Código Procesal Constitucional); por tanto, la demanda deviene improcedente, en aplicación del inciso 1 del artículo 7 del Nuevo Código Procesal Constitucional. 3. Recurso de Apelación. Mediante escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil veintidós, obrante a fojas cuatrocientos ochenta y seis del expediente judicial digital no EJE, la parte demandante apela la sentencia de primera instancia y expone lo siguiente: Se decide exonerar del cumplimiento del requisito de inscripción a personas que ni siquiera cumplían los requisitos para tener la condición de pensionistas en el tiempo en que los plazos para la inscripción al Fonahpu se encontraban abiertos, pues, en algunos casos, la contingencia se produjo con posterioridad; en otros, no solicitaron el otorgamiento de la pensión en las fechas que tenían para inscribirse. La justifi cación utilizada por las instancias demandadas en sus decisiones se aleja de las precisiones adoptadas por la Corte Suprema en las Casaciones 8789-2009-La Libertad, 1032-2015-Lima, 11345-2015-La Libertad, dado que en ellas no se limita a establecer que la excepción a la regla de inscripción al Fonahpu privilegia a quienes les fue reconocida la pensión cuando el periodo de inscripción ya no se encontraba abierto, sino que la excepción a esa regla debe estar relacionada a la demora atribuible a la ONP en el reconocimiento de una pensión que había sido solicitada dentro de los plazos establecidos por los Decretos de Urgencias 034-98 y 009-2000. Se debió verifi car y analizar que el razonamiento utilizado por las instancias demandadas no haya vulnerado el derecho a la debida motivación de la resolución judicial o que no se encuentren justifi cadas en el mero capricho de
ordenamiento jurídico o los que derivan del caso, tal como lo precisó el Tribunal Constitucional en el fundamento sétimo de la sentencia recaída en el Expediente Nº 00728-2008-PHC/ TC. III. CONSIDERANDO: PRIMERO: El proceso de amparo contra resoluciones judiciales. 1.1. El inciso 2 del artículo 200 de la Constitución Política del Estado señala que: “Son garantías constitucionales: (…) 2. La Acción de Amparo, que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución, con excepción de los señalados en el inciso siguiente. No procede contra normas legales ni contra Resoluciones Judiciales emanadas de procedimiento regular”. 1.2. El Nuevo Código Procesal Constitucional en su artículo 1 señala lo siguiente: “Los procesos a los que se refi ere el presente título tienen por fi nalidad proteger los derechos constitucionales, ya sean de naturaleza individual o colectiva, reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional, o disponiendo el cumplimiento de un mandato legal o de un acto administrativo”; y, por otro lado, en su artículo 9 prescribe que: “El amparo procede respecto de resoluciones judiciales fi rmes dictadas con manifi esto agravio a la tutela procesal efectiva, que comprende el acceso a la justicia y el debido proceso. Es improcedente cuando el agraviado dejó consentir la resolución que dice afectarlo. (…) Se entiende por tutela procesal efectiva aquella situación jurídica de una persona en la que se respetan, de modo enunciativo, sus derechos
de libre acceso al órgano jurisdiccional, a probar, de defensa, al contradictorio e igualdad sustancial en el proceso, a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni sometido a procedimientos distintos de los previstos por la ley, a la obtención de una resolución fundada en derecho, a acceder a los medios impugnatorios regulados, a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la actuación adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales y a la observancia del principio de legalidad procesal penal”. 1.3. Existen en doctrina diferentes posiciones asumidas en relación a la procedencia o improcedencia del proceso constitucional de amparo contra resoluciones judiciales. Así tenemos que un sector se adhiere a la tesis restrictiva, vale decir, considera imposible la procedencia de un amparo frente a una resolución judicial. Contrario sensu, el otro sector acoge la tesis permisiva, que como su mismo nombre indica da por válida la posibilidad de que una resolución judicial sea cuestionada en un proceso constitucional de amparo, con el propósito de asegurar la vigencia y el respeto de los derechos fundamentales. La tesis permisiva presenta dos variantes: tesis permisiva amplia, según la cual se pueden invocar amparos contra todo tipo de resoluciones judiciales siempre que su expedición haya estado sujeta a la violación o amenaza de un derecho constitucional. En cambio, la otra, la tesis permisiva moderada, supone la interposición de un proceso constitucional de amparo contra una resolución judicial solamente cuando está en juego la violación de los derechos a la tutela judicial y al debido proceso y, solo procede si el agraviado no ha dejado consentir la resolución judicial que lo lesiona, que siempre debe ser la última, ya que hay que agotar todos los medios impugnatorios al interior del proceso judicial ordinario, sea civil, laboral, penal, administrativo, tributario, etc. El Código acoge, pues, la tesis permisiva restrictiva pero impide la interposición del “amparo contra amparo”, sin que ello sea obstáculo para su procedencia en casos excepcionales, según los parámetros que ha sentado
SEGUNDO: Sobre la procedencia del proceso de amparo contra resoluciones judiciales. 2.1. Al respecto, el Tribunal Constitucional en el segundo fundamento de la sentencia emitida en el Expediente Nº 01480-2006-AA/TC, ha indicado expresamente lo siguiente: “El derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justifi caciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, por lo demás, pueden y deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. Sin embargo, la tutela del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no debe ni puede servir de pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo ya decididas por los jueces ordinarios. En tal sentido, en el proceso de amparo, el análisis de si en una determinada resolución judicial se ha violado o no el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales debe realizarse a partir de los propios fundamentos expuestos en la resolución cuestionada, de modo que las demás piezas procesales o medios probatorios del proceso en cuestión sólo pueden ser evaluados para contrastar las razones expuestas, mas no pueden ser objeto de una nueva evaluación o análisis. Esto, porque en este tipo de procesos al Juez constitucional no le incumbe el mérito de la causa, sino el análisis externo de la resolución, a efectos de constatar si ésta es el resultado de un juicio racional y objetivo donde el juez ha puesto en evidencia su independencia e imparcialidad en la solución de un determinado confl icto, sin caer ni en arbitrariedad en la interpretación y aplicación del derecho, ni entrar en subjetividades o inconsistencias en valoración de los hechos” (subrayado nuestro). 2.2. Por otro lado, el mismo máximo intérprete de la Constitución, en los fundamentos décimo quinto y décimo sexto de la sentencia del Expediente Nº 00188-2019-PA/TC, ha dejado sentado lo siguiente: “15. En tal sentido, a juicio de este Tribunal, para realizar control de constitucionalidad de las resoluciones judiciales habrá que verifi car que: a) La decisión judicial que se cuestiona haya resuelto la controversia omitiendo la consideración de un derecho fundamental que por la naturaleza de la discusión debió ser aplicado, es decir, que el juez haya incurrido en un error de exclusión de derecho fundamental (o de un bien constitucional análogo). b) La decisión judicial que se cuestiona haya resuelto la controversia sin considerar que el acto lesivo incidía en el contenido constitucionalmente protegido por el derecho fundamental invocado, es decir, incurriendo en error en la delimitación del ámbito de protección constitucional del derecho. c) La decisión judicial que se cuestiona sustenta su argumentación en una aplicación indebida del principio de proporcionalidad. d) La decisión judicial que se cuestiona omite la aplicación del control difuso o hace una aplicación errónea de este tipo de control de constitucionalidad. 16. Asimismo, para todos los supuestos señalados se requiere de la concurrencia conjunta de los siguientes presupuestos: 1) Que la violación del derecho fundamental haya sido alegada oportunamente al interior del proceso subyacente, cuando hubiera sido posible; 2) Que el pronunciamiento de la judicatura constitucional no pretenda subrogar a la judicatura ordinaria en sus competencias exclusivas y excluyentes, haciendo las veces de una “cuarta instancia”; y 3) Que la resolución judicial violatoria del derecho fundamental cumpla con el principio de defi nitividad, es decir, que el demandante haya agotado todos los mecanismos previstos en la ley para cuestionarla al interior del proceso subyacente” (subrayado nuestro). 2.3. Por otro lado, esta Sala Suprema en el tercer y noveno considerando de la sentencia emitida el ocho de abril del dos mil nueve en el Proceso de Amparo Nº 2866-2008- Puno, ha expuesto que: “TERCERO: (…) es factible promover demanda de amparo contra resoluciones expedidas en la tramitación de un proceso judicial irregular, o cuando, en términos del Código Procesal Constitucional, se haya vulnerado la tutela procesal efectiva, la que comprende el debido proceso y el acceso a la justicia; sin embargo, tal regulación normativa, no implica que se pueda hacer un uso indiscriminado del amparo, pues ello afectaría gravemente la inmutabilidad de la cosa juzgada prevista en el artículo 139 inciso 2 de la Carta Magna, sino por el contrario, el ordenamiento jurídico únicamente concede tal posibilidad cuando la vulneración de los derechos constitucionales sea manifi esta. NOVENO: Finalmente cabe precisar que el proceso constitucional de amparo tiene como fi nalidad la protección de los derechos fundamentales y de la Constitución Política del Estado, y no puede constituirse en una instancia revisora de lo resuelto por los Jueces ordinarios, pues ello implicaría desnaturalizarlo; por lo que, al advertirse que lo que realmente pretende la impugnante es que se vuelva a emitir un pronunciamiento sobre los hechos que fueron materia de la instrucción penal resuelta, lo que no se condice con los fi nes del amparo”. 2.4. En ese marco normativo jurisprudencial, podemos reafi rmar que el proceso de amparo contra una resolución judicial, atendiendo a la institución de la cosa juzgada es un mecanismo procesal excepcional para cuestionar una decisión de los órganos jurisdiccionales que se haya expedido en un proceso irregular por haberse transgredido el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso, así como todos sus componentes, entre ellos el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales. 2.5. Asimismo, es importante recordar que a través del
constitucional haga las veces de una supra instancia que se encargue de revisar lo resuelto por los órganos jurisdiccionales ordinarios, por lo que no se puede realizar una revaloración fáctica o de pruebas, tampoco es factible examinar la interpretación y aplicación correcta o no de una norma legal, entre otros aspectos propios de la justicia ordinaria. 2.6. Por último, la resolución judicial cuestionada a través del proceso de amparo debe ser fi rme, es decir, que contra ella se hayan agotado todos los recursos impugnatorios que la ley franquea para el proceso ordinario, según cada circunstancia y el tipo de acto procesal cuestionado. TERCERO: Análisis del caso en concreto. 3.1. En el caso de autos, tenemos que, a través del presente proceso de amparo, se pretende la nulidad de la
resolución número cuatro, de fecha once de abril de dos mil diecinueve, expedida por el Tercer Juzgado de Trabajo de Ica que declaró fundada la demanda; nulidad de la resolución número ocho, de fecha veinticinco de junio de dos mil diecinueve, emitida por la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ica, y nulidad del auto califi catorio de fecha dieciséis de julio de dos mil veintiuno, (Casación Nº 20331-2019-Ica), emitida por la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. 3.2. Ahora bien, de los fundamentos de la demanda, así como los agravios del recurso de apelación formulados por la parte recurrente, este Colegiado Supremo advierte que estos, se centran en sostener que la bonifi cación del Fonahpu debe ser otorgada a aquellas personas que tenían la calidad de pensionistas antes de que cerrara el plazo de inscripción y que la exoneración de inscripción solo es admisible cuando la imposibilidad de inscripción resulte atribuible a la ONP, entre otros argumentos. 3.3. Se colige entonces que la entidad recurrente no glosa razones a partir de supuestos defectos o vicios de motivación en que pudieran incurrir las sentencias judiciales cuestionadas, sino que traza argumentos que pretenden acreditar la infundabilidad de la demanda que aparece cuestionada con este proceso de amparo contra resoluciones judiciales que convoca a esta Sala Suprema. 3.4. En efecto, en la sentencia emitida por el Tercer Juzgado de Trabajo de Ica, mediante resolución número cuatro de fecha once de abril de dos mil diecinueve se declaró fundada la demanda contenciosa administrativa interpuesta por Rosa Ramos Mendoza Viuda de Bernaola, señalándose que: “ 5.4. Teniendo en cuenta que originalmente, el benefi cio del FONAHPU no formaba parte de la pensión, y tampoco tenía naturaleza pensionaria ni remunerativa, de conformidad con el texto expreso del segundo párrafo del artículo 1º del Decreto de Urgencia 034-98; sin embargo, con la Ley Nº 27617 este benefi cio fue incorporado al Sistema Nacional de Pensión, con carácter pensionable, como lo ha expuesto el Tribunal Constitucional en la sentencia emitida en el Expediente 00005-2002-AI, 00006- 2002-AI y 00008-2002-AI al señalar: “6.1 Así, el Estado, al incorporar con el carácter de pensionaria la bonifi cación del FONAHPU, está concediendo un benefi cio adicional no previsto en la normatividad previsional original, pues la bonifi cación anotada no constituye un derecho adquirido (justamente por no tener el carácter de previsional), mientras que, a partir de la aplicación del artículo 2.1 de la Ley Nº 27617, tal bonifi cación debe ser considerada como parte de la pensión, y pasar a formar parte de dicho derecho adquirido (por la naturaleza previsional ahora reconocida).” En concordancia con los fundamentos normativos precitados, la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema emite la Casación N° 8789-2009 La Libertad, decidiendo que corresponde otorgar la bonifi cación del FONAHPU a favor del pensionista que reunía los requisitos para percibir la prestación antes de que venciera el plazo para la inscripción en dicho Fondo, pero que no pudo cumplir con inscribirse en razón que su pensión le fue reconocida con posterioridad. 5.5. Ante lo expuesto, y advirtiéndose, que el demandante mediante Resolución N° 0000055862-2010-ONP/DPR.SC/ DL 19990 de fecha 06 de julio del 2010 mediante la cual se le otorgo Pensión de Viudez a partir del 30 de diciembre de 2006 en la suma de S/.270.00 soles, por lo que, corresponde otorgar la bonifi cación de FONAHPU al accionante por tener la condición de pensionista, desde el día siguiente de la vigencia del D.U. N° 034-98 de fecha veintitrés de Julio de mil novecientos noventa y ocho”. 3.5. Por su parte, la Sala Laboral Permanente en la sentencia de vista, contenida en la resolución número ocho, de fecha veinticinco de junio de dos mil diecinueve, confi rmó la resolución anterior argumentando que: “6.6. Por lo que, de la Resolución N° 000055862-2010- ONP /DC/DL 19990 de fecha 6 de julio de 2010, obrante a fojas, se aprecia que la actora tuvo la calidad de pensionista a partir del 30 de diciembre de 2006, mediante dicha resolución se le otorgó una pensión ascendente a S/. 270.00, por lo que cumpliría con los requisitos establecidos en los incisos a) y b) del artículo 6 del reglamento. 6.7. En cuanto al cumplimiento del requisito previsto en el inciso c), se tiene que los plazos para la inscripción fi jados por la norma van desde el 23 de julio al 19 de noviembre de 1998 y desde el 29 febrero al 27 de junio del 2000, los mismos que son de conformidad con el artículo 1 del Decreto de Urgencia 009-2000. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que al 27 de junio del 2000 en que venció el último plazo para la inscripción al benefi cio de FONAHPU la actora no tenía la calidad de pensionista, al haberse expedido la Resolución N° 000055862-2010-ONP/ DC/DL 19990 que le otorgó pensión, con fecha 6 de julio de 2010, conforme se aprecia de fojas 3; por lo que le era imposible solicitar el otorgamiento de la citada bonifi cación. En tal sentido, al encontrarse la actora impedida de ejercer su derecho de inscripción, no resulta exigible el cumplimiento del tercer presupuesto (…) 6.8. Además de ello, debe tenerse en cuenta que si bien en un inicio fue voluntaria la inclusión en dicho benefi cio que no tenía la calidad de pensionable, ello cambió a partir de la dación de la Ley 27617, publicada el 1° de enero del 2002, que en su artículo 2° incorpora la bonifi cación con el carácter de pensionable, esto es como parte integrante de la estructura pensionaria, y por tanto forma parte del derecho de los benefi ciarios en razón de la naturaleza previsional reconocida(…). 3.6. Finalmente, la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, declaró improcedente el recurso de casación interpuesto por la ONP, con fecha dieciséis de julio de dos mil veintiuno, en razón de no haber cumplido con demostrar la incidencia directa sobre la decisión impugnada, pues reitera argumentos que ya han sido analizados por la instancia de mérito. 3.7. En mérito a la fundamentación contenida en los pronunciamientos fi nales de las judicaturas de instancia, se colige que la entidad accionante pretende en puridad que se vuelva a revisar la cuestión controvertida de fondo que fue objeto de evaluación y decisión en la acción contencioso administrativa, y que ha sido resuelta por los órganos jurisdiccionales que emitieron los pronunciamientos judiciales objeto de impugnación en este proceso de amparo contra resolución judicial, lo que signifi caría convertir este proceso constitucional en una vía para volver a discutir si el otorgamiento de la bonifi cación del Fonahpu es o no aplicable; ello supondría reevaluar un asunto que ya ha merecido pronunciamiento fi nal a través de las resoluciones judiciales materia de la demanda de amparo, lo que importaría actuar como una cuarta instancia; por consiguiente, debe desestimarse el recurso de apelación. 3.8. En este contexto, es pertinente destacar que como lo ha señalado el Tribunal Constitucional, el proceso de amparo no es un instrumento procesal mediante el cual se pueda evaluar la interpretación y aplicación correcta de una norma, ni mucho menos de determinado criterio interpretativo, como el alegado criterio al que refi ere la parte demandante emitido por las instancias jurisdiccionales cuestionadas, así como el invocado criterio jurisprudencial de las Sentencias del Tribunal Constitucional y de una parte de la Corte Suprema de Justicia, pues la determinación de la aplicación de determinada interpretación de una norma no está dentro de la competencia del proceso constitucional de amparo, desde que éste no constituye una cuarta instancia, por lo que no puede ser instrumentalizado para que el órgano de la jurisdicción constitucional evalúe si la interpretación o aplicación de una determinada norma se ha efectuado correctamente, menos aún se determine por la judicatura constitucional si los criterios que ha asumido la Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional en torno a que el acceso a la bonifi cación del Fonahpu requiere de manera ineludible satisfacer concurrentemente los tres requisitos que contempla el artículo 6 del Decreto Supremo N° 082-98-EF, frente al que viene asumiendo otra parte de la Corte Suprema, en el sentido de la no exigencia del requisito de inscripción para la bonifi cación del Fonahpu, todo ello porque tal pretensión escapa de las fi nalidades de los procesos constitucionales y, en particular, del amparo contra resoluciones judiciales. 3.9. En esa perspectiva, esta Sala Suprema, en la misma línea expresada en la sentencia apelada, en el sentido de que el proceso de amparo interpuesto por la parte recurrente tiene como fi nalidad revisar el criterio desarrollado por los órganos jurisdiccionales precedentes, todo ello con la fi nalidad de que se obtenga un resultado acorde a su criterio. Debe tenerse presente que el hecho que no se coincida con determinado criterio con el que la parte actora concuerde, no constituye una vulneración a su derecho al debido proceso y al derecho a la motivación, más todavía si de la sentencia apelada no se aprecia que la Sala Superior haya incurrido en un manifi esto agravio al debido proceso y a la debida motivación de las resoluciones judiciales.
3.10. En cuanto al cuestionamiento al auto califi catorio del recurso emitido por la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, en la Casación Nº 20331-2019-Ica del dieciséis de julio de dos mil veintiuno, este fue declarado improcedente al no haberse cumplido con demostrar la incidencia directa sobre la decisión impugnada, pues reitera argumentos que ya han sido analizados por la instancia de mérito; pretendiendo el amparista cuestionar esta decisión señalando con argumentos de fondo, evidenciando la discrepancia de las decisiones de la Sala, por lo que, tal argumento no implica vulneración a su derecho al debido proceso ni a la motivación de resoluciones judiciales. CUARTO: De los pronunciamientos existentes en relación al tema planteado. 4.1. Sin perjuicio de lo antes concluido en relación al caso en concreto, este Colegiado debe precisar que respecto a los casos sobre otorgamiento de la bonifi cación Fonahpu existe diversas posiciones a nivel de la Corte Suprema, así tenemos que la Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema en numerosas ejecutorias y en el precedente vinculante signado con el Nº 7445-2021-Santa del veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno (en el cual establecen reglas para acceder a ese benefi cio), ha determinado que la referida bonifi cación no resulta pensionable salvo en los casos establecidos en la Ley Nº 27617 cuando se percibe la bonifi cación con anterioridad a la referida ley y en los casos en que habiendo solicitado dentro del plazo legal la bonifi cación no se le hubiera otorgado por una causa imputable a la ONP, entre otros; criterio que a la fecha no es compartido por la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria, que ha señalado también en múltiples ejecutorias que la mencionada Ley Nº 27617 le ha dado el carácter pensionable al Fonahpu. 4.2. Asimismo, también el Tribunal Constitucional ha emitido sentencias con diversas posiciones en relación al caso de autos, como en el Expediente 00005-2002-AI, 00006-2002-AI y 00008-2002-AI; en el Expediente Nº 03305- 2021-PA/TC del veintitrés de abril de dos mil veintidós, el Expediente Nº 1703-2022-PA/TC del catorce de abril de dos mil veintitrés, el Expediente Nº 2891-2022-PA/TC del catorce de abril de dos mil veintitrés, entre otros, en unos señalando que la bonifi cación del Fonahpu es pensionable por el mérito de la Ley Nº 27617 y en otros que no, sosteniendo que si no se cumple con las exigencias de la inscripción voluntaria establecida en la norma de la materia en el plazo conferido no pueden acceder a ese benefi cio. 4.3. Lo anterior deja en evidencia que respecto al caso del otorgamiento de la bonifi cación Fonahpu, aún en el nivel de mayor jerarquía de este Poder del Estado no existe unidad de criterio ni tampoco a nivel del Tribunal Constitucional, razón por la cual, en su momento cada institución deberá aclarar el criterio interpretativo que corresponda a través de los mecanismos que la ley faculta, no correspondiendo asumir o defi nir el tema dentro de un proceso de amparo contra resolución judicial. QUINTO: En consecuencia, habiéndose establecido que los argumentos expresados en la demanda de amparo, así como los agravios señalados en el recurso de apelación carecen de sustento, se verifi ca que la apelada ha sido emitida conforme a derecho y de acuerdo a los antecedentes, consideraciones por las que la venida en grado debe confi rmarse. IV. DECISIÓN: Por tales consideraciones, CONFIRMARON la sentencia contenida en la resolución número cuatro, de fecha dieciséis de marzo de dos mil veintidós, obrante a fojas trescientos diecinueve del expediente judicial digital no EJE, emitida por la Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ica, que resolvió declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo interpuesta por la Ofi cina de Normalización Previsional-ONP contra el Procurador Público del Poder Judicial y otros; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; y, los devolvieron. Interviene como ponente el señor Juez Supremo Cartolin Pastor. S.S. DE LA ROSA BEDRIÑANA AMPUDIA HERRERA CARTOLIN PASTOR CORANTE MORALES TAPIA GONZALES MESÍA Carlos. “Exégesis del Código Procesal Constitucional”. Gaceta Jurídica, Lima, 2004, Primera edición. Pp. 102-103. W-2221142-38