CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AYACUCHO SALA CIVIL EXPEDIENTE : 0522-2017-0-0501-JR-DC-01 DEMANDANTE : SOTO ALVARADO OLINDA DEMANDADO : UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE HUAMANGA MATERIA : PROCESO DE CUMPLIMIENTO SENTENCIA DE VISTA Resolución N° 11 Ayacucho, 20 de junio de dos mil dieciocho. VISTO: en Audiencia Pública, sin el informe oral; y, CONSIDERANDO además: I.- PRETENSIÓN DE LA DEMANDA Olinda Soto Alvarado mediante escrito de folios 05 y siguientes, interpone demanda constitucional de Cumplimiento contra la Unidad de Gestión Educativa Local de Huamanga, solicitando se dé cumplimiento a la Resolución Directoral N° 00973, de fecha 08 de marzo del 2017, el cual reconoce a favor de la demandante la suma de veinte mil setecientos cuatro con 85/100 soles (S/. 20,704.85), pago por concepto de Bonifi cación Especial por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al 30% de la Remuneración Total o Íntegra, en su condición de Docente cesante de la jurisdicción de la UGEL Huamanga. II.- MATERIA DE RECURSO Viene en grado de apelación la sentencia de fecha 03 de agosto del 2017 obrante a folios 45 - 50, mediante la cual se resolvió: PRIMERO: Declarar FUNDADA la demanda de cumplimiento interpuesta por doña Olinda Soto Alvarado, contra la Unidad de Gestión Educativa Local de Huamanga; SEGUNDO: Ordenar que la Unidad de Gestión Educativa Local de Huamanga, dé cumplimiento a la Resolución Directoral N° 00973, de fecha 08 de marzo del 2017, ejecutando el pago de la suma otorgada mediante el artículo primero de la misma, en el plazo de 10 días de notifi cado, bajo apercibimiento de imponérsele multa de DOS unidades de referencia procesal y sin perjuicio de las medidas coercitivas previstas en el Código Procesal Constitucional. Con lo demás que contiene. III.-ARGUMENTOS DEL RECURSO La Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huamanga, Doris Salome Valdivia Santolalla mediante escrito que obra a folios 55 y siguientes, sustenta su recurso impugnatorio, básicamente en los siguientes fundamentos: - Que, la resolución impugnada, incurre en vicios de hecho y de derecho, puesto que al declararse fundada la demanda causa agravios a la entidad demandada, ya que no se ha merituado los factores que condicionan dicha ejecución, toda vez que no podrá cumplir el plazo señalado para dicho cumplimiento. - Que, en la apelada se ha determinado que el acto administrativo, la Resolución Directoral N° 00973, de fecha 08 de marzo del 2017, reúne los requisitos previstos en la STC 0168-2005-PC/TC, empero se ha arribado a dicha conclusión sin tener en cuenta las normas y principios presupuestales que conllevan a que ésta contenga un mandato condicional; lo cual signifi ca que el pago no puede ser inmediatamente ejecutable, en tanto existe limitación derivada de la observancia del principio de legalidad Presupuestaria. El Procurador Público Regional Adjunto encargado en los asuntos de la Defensa e Intereses del Estado a Nivel del Gobierno Regional de Ayacucho, Héctor Dalmiro Acosta Aguilar, mediante escrito que obra a folios 61 y siguientes, sustenta su recurso impugnatorio, básicamente - Que, al declarar la demanda en autos causa agravios al erario Nacional y/o tesoro nacional, administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Instancia del Poder económico, pus genera Desfi nanciamiento fi nanciero y Presupuestal al Estado Peruano, aprobado mediante Ley 30518-Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fi scal 2017, consecuentemente a la asignación hecha Pliego 444 Gobierno Regional Ayacucho, Ejecutora 001 Región Ayacucho. - Que, el egreso que origine el cumplimiento de un Acto Administrativo remitida por un funcionario competente del Sector de Educación de Ayacucho, no necesariamente esta afecto al presupuesto del año fi sca 2017. Por cuando el desembolso dispuesto por mandato judicial de fecha 03 de agosto del 2017, será materializado con el presupuesto fi scal 2018 y siguientes años, por no contar con presupuestos remanentes.
IV.- CONSIDERACIONES 4.1 Que, el proceso de cumplimiento1 es aquella garantía constitucional que procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo – sin perjuicio de la responsabilidad en que aquel incurra por ese hecho -, con la fi nalidad de que dicha autoridad o funcionario cumpla con lo dispuesto en el precepto legal o administrativo; ya que en el fondo, lo que protege esta acción es el derecho genérico a la vigencia del orden jurídico, el mismo que siempre ha de ir acompañado de un derecho específi co cuya observancia es la que se reclama. Más aún, si se tiene en cuenta que es deber de los peruanos, respetar y cumplir la Constitución y el ordenamiento jurídico, conforme lo dispone el artículo 38º2 de la Constitución Política del Estado. 4.2 En tal sentido, cabe precisar que el Tribunal Constitucional, en el marco de su función ordenadora que le es inherente y en la búsqueda de perfeccionamiento del proceso de cumplimiento, en la sentencia del proceso 0168-2005-PC, publicada en diario ofi cial El Peruano el 7 de octubre de 2005, ha precisado, con carácter vinculante, los requisitos mínimos que debe tener el mandato contenido en una norma legal o en un acto administrativo para que sea exigible a través del proceso constitucional señalando – en su fundamento catorce al dieciséis – precisando que, además, de la renuencia del funcionario o autoridad pública, el mandato previsto en la ley o en un acto administrativo, debe: a) Ser un mandato vigente; b) Ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente de la norma legal; c) No estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares; d) Ser de ineludible y obligatorio cumplimiento, y e) Ser incondicional; excepcionalmente, podrá tratarse de un mandato condicional, siempre y cuando su satisfacción no sea compleja y no requiera de actuación probatoria. 4.3 Ahora bien de la revisión y estudio de la causa que nos convoca, se tiene que a folios 02 y 03, obra la Resolución Directoral N° 00973, de fecha 08 de marzo del 2017, el cual reconoce a favor de la demandante la suma de veinte mil setecientos cuatro con 85/100 soles (S/. 20,704.85), pago por concepto de Bonifi cación Especial por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al 30% de la Remuneración Total o Íntegra, en su condición de Docente cesante de la jurisdicción de la UGEL Huamanga. 4.4 Al respecto, cabe señalar que la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, en la Casación N° 6871-2013-Lambayeque, del 23 de abril de 2015, ha establecido como precedente vinculante –fundamento décimo tercero– que “para determinar la base de cálculo de la Bonifi cación Especial por preparación de clases y evaluación, se deberá tener en cuenta la remuneración total o íntegra establecida en el artículo 48º de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, modifi cado por la Ley N° 25212 y no la remuneración total permanente prevista en el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM” (la cursiva es nuestra); precisando en el literal a) del fundamento décimo cuarto, que dicha bonifi cación corresponde también a los docentes cesantes a quienes la autoridad administrativa les haya reconocido tal derecho (como el caso de autos); y, en el literal c), que “en el supuesto que la demanda se sustente en la ejecución de una resolución administrativa con la calidad de cosa decidida, en la que se reconozca el cálculo de la Bonifi cación Especial por preparación de clases y evaluación en base a la remuneración total o íntegra, de conformidad con el artículo 48º de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, modifi cado por la Ley N° 25212, cuyo cumplimiento se solicita a través de un proceso judicial; el órgano jurisdiccional está en la obligación de admitir a trámite la demanda –luego de verifi car los requisitos de procedencia de la demanda– requiriendo a la emplazada el cumplimiento de la obligación, no pudiendo el juzgador entrar a analizar de ofi cio la validez de la resolución administrativa materia de ejecución, al tener la calidad de fi rme, mandato que la obligada no puede supeditar su cumplimiento a la disponibilidad presupuestal, pues, dicha conducta resulta irrazonable y pone de manifi esto una actitud insensible por parte de los funcionarios llamados a cumplirla…” (la cursiva son nuestras). 4.5 En consecuencia, se evidencia que la demandante tiene derecho a que se le ejecute inmediatamente la mencionada suma de dinero establecida por la referida resolución administrativa a la que se contrae la demanda; más aún, si pese a haber sido emplazada la entidad demandada – Unidad de Gestión Educativa Local de Huamanga – mediante Carta Notarial, diligenciada con fecha 06 de abril del 2017, que obra a folios 04, esta se ha mostrado renuente a dar cumplimiento (pago a favor de la demandante) a lo dispuesto por la Resolución Directoral N° 00973, de fecha 08 de marzo del 2017. 4.6 En efecto, el acto administrativo emitido por la entidad demandada, y cuya parte resolutiva es exigida por
67643 la demandante, vía proceso de cumplimiento, contiene un mandato vigente, en tanto la misma aún no ha sido satisfecha en los términos que precisa; es un mandato cierto, en tanto fue emitida al amparo del artículo 48º de la Ley del Profesorado Nº 24029, modifi cada por la Ley N° 25212; dicho mandato no está sujeto a controversia ni interpretación, en tanto el derecho reclamado por el demandante se deduce del tenor de lo dispuesto por la Resolución Directoral mencionada, además de tener el cuenta la Casación N° 6871-2013-Lambayeque, del 23 de abril de 2015; el mandato es de cumplimiento obligatorio, en tanto se mantiene vigente y su cumplimiento es exigible; y, es incondicional, en tanto el cumplimiento de dicha resolución, no se encuentra sujeto a condiciones y/o eventualidades futuras. Razones, por las cuales la demanda incoada por Olinda Soto Alvarado, resulta amparable. 4.7 Finalmente, es preciso puntualizar que la resolución sub júdice es autoaplicativa y ha sido dictada respetando los derechos constitucionales y las leyes, estando obligadas las autoridades de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huamanga, ha adoptar las medidas presupuestarias para el cumplimiento de tal derecho. Máxime, si los fundamentos de apelación, no desvirtúan la exigibilidad del cumplimiento de la Resolución Directoral N° 00973, de fecha 08 de marzo del 2017; teniendo en cuenta además, que la disponibilidad presupuestaria y fi nanciera de la emplazada, no puede ser un obstáculo, ni menos aún considerada una condicionalidad en los términos de la STC Nº 0168-2005/PC/TC para el cumplimiento de disposiciones vigentes y claras como el caso de autos. En ese mismo orden de ideas, pretender que las normas presupuestarias se encuentren por encima de las normas que regulan los derechos constitucionales, sería hacer ilusa la justicia constitucional; más aún, si el pago de la remuneración y de los benefi cios sociales del trabajador, tienen prioridad sobre cualquier otra obligación del empleador, según lo previsto por el artículo 24° de la Constitución Política del Estado3. V. DECISIÓN Por las consideraciones expuestas; CONFIRMARON: La sentencia de fecha 03 de agosto del 2017, mediante la cual se resolvió declarar FUNDADA la demanda de cumplimiento interpuesta por doña Olinda Soto Alvarado, contra la Unidad de Gestión Educativa Local de Huamanga; además, y; ordenó que la Unidad de Gestión Educativa Local de Huamanga, dé cumplimiento a la Resolución Directoral N° 00973, de fecha 08 de marzo del 2017, ejecutando el pago de la suma otorgada mediante el artículo primero de la misma, en el plazo de 10 días de notifi cado, bajo apercibimiento de imponérsele multa de DOS unidades de referencia procesal y sin perjuicio de las medidas coercitivas previstas en el Código Procesal Constitucional. Con lo demás que contiene. DISPUSIERON se publique en la página Web del Diario Ofi cial “El Peruano”, en la forma prevista por Ley. Con conocimiento de las partes. Notifíquese.- SS. PÉREZ GARCÍA BLÁSQUEZ VEGA RODRÍGUEZ MEDINA CANCHARI JENNY M. LARA GUTIÉRREZ Secretaria de Sala Sala Especializada en lo Civil de Huamanga Corte Superior de Justicia de Ayacucho/PJ El artículo 66º del Código Procesal Constitucional, dispone que: “Es objeto del proceso de cumplimiento ordenar que el funcionario o autoridad pública renuente: 1) Dé cumplimiento a una norma legal o ejecute un acto administrativo fi rme; o, 2) Se pronuncie expresamente cuando las normas legales le ordenan emitir una resolución administrativa o dictar un regla- mento. Artículo 38º.- Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación. Artículo 24º.- El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y sufi ciente, que procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual. El pago de la remuneración y de los benefi cios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquiera otra obligación del empleador. Las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con participación de las organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores. W-1696862-113