CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AYACUCHO SALA CIVIL EXPEDIENTE : 00536-2017-0-0501-JR-DC-01 DEMANDANTE : VILMA MARGOT MOLEROS AÑAÑOS DEMANDADO : DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE AYACUCHO MATERIA : PROCESO DE CUMPLIMIENTO SENTENCIA DE VISTA Resolución N° 09 Ayacucho, 20 de marzo de dos mil dieciocho.- VISTO: en Audiencia Pública, sin el informe oral; y, CONSIDERANDO además: I.- PRETENSIÓN DE LA DEMANDA Vilma Margot Moleros Añaños, mediante escrito de folios 05 y siguiente, interpone demanda constitucional de Cumplimiento contra el Director de la Dirección Regional de Salud de Ayacucho, solicitando se dé cumplimiento de la Resolución Directoral Regional Sectorial N° 211-2017-GRA/GG-GRDS-DIRESA-DR, de fecha 02 de marzo del 2017, en el cual resolvió reconocer a favor del accionante, la suma de diecisiete mil doscientos ochenta y seis con 77/100 soles (S/.17,286.77), por concepto de pago de los intereses legales, por el pago inoportuno por el artículo 2° del Decreto de Urgencia N° 037-94, en su condición de pensionista de la Sede Regional de Salud de Ayacucho. II.- MATERIA DE RECURSO Viene en grado de apelación la sentencia contenida en la resolución número 04, del 27 de junio del 2017, que obra a folios 36 - 42, mediante la cual resolvió: PRIMERO: Declarar FUNDADA la demanda incoada por Vilma Margot Moleros Añaños contra la Dirección Regional de Salud de Ayacucho; ordenando, que la demandada en la persona de su director, cumpla en forma inmediata con lo dispuesto en la Resolución Directoral Regional Sectorial N° 211-2017-GRA/GG-GRDS- DIRESA-DR, de fecha 02 de marzo del 2017. III.-ARGUMENTOS DEL RECURSO El Director Regional de Salud de Ayacucho M.C. Gualberto Segovia Meza, mediante escrito de fojas 49 – 50 sustenta su recurso impugnatorio, básicamente en los siguientes fundamentos: - Que, el A quo emitió sentencia sin haber tomado en cuenta las normas aplicables al caso, como son: la Ley N° 28411, Ley del sistema Nacional del Presupuesto y la Ley N° 30137, Ley que establece criterios de priorización del pago de Sentencias Judiciales en calidad de Cosa Juzgada, las cuales prevén la programación de pagos conforme a la disponibilidad presupuestaria y cronograma elaborado para cada deuda, faltando así al principio de legalidad. - Que, el A quo inobservó lo dispuesto por la ley N° 28112 “Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Publico” que señala las fases del sistema presupuestario, además que el acto administrativo el cual se pretende su cumplimiento se encuentra condicionado a la disponibilidad presupuestal. El Procurador Público Regional Adjunto encargado en los asuntos de la Defensa e Intereses del Estado a Nivel del Gobierno Regional de Ayacucho, Héctor Dalmiro Acosta Aguilar mediante escrito que obra a folios 56 y siguientes, sustenta su recurso impugnatorio, básicamente: - Que, al declarar fundada la demanda en autos causa agravios al erario Nacional y/o tesoro nacional, administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Instancia del Poder económico, pues genera DESFINANCIAMIENTO fi nanciero y Presupuestal al Estado Peruano, aprobado mediante Ley 30518-Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año fi scal 2017, consecuentemente a la asignación hecha Pliego 444 Gobierno Regional Ayacucho, Ejecutora 001 Región Ayacucho. - Que, el mandamus no está en armonía con las disposiciones vinculadas a la ejecución del Presupuesto: Ley N° 28112, Ley Marco de la administración Financiera del Sector Publico, Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. IV.- CONSIDERACIONES 4.1 Que, la Acción de Cumplimiento1 es aquella garantía constitucional que procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo–sin perjuicio de la responsabilidad en que aquel incurra por ese hecho-, con la fi nalidad de que dicha autoridad o funcionario cumpla con lo dispuesto en el precepto legal o administrativo; ya que en el fondo, lo que protege esta acción
66753 es el derecho genérico a la vigencia del orden jurídico, el mismo que siempre ha de ir acompañado de un derecho específi co cuya observancia es la que se reclama. Más aún, si se tiene en cuenta que es deber de los peruanos, respetar y cumplir la Constitución y el ordenamiento jurídico, conforme lo dispone el artículo 38º2 de la Constitución Política del Estado. 4.2 Asimismo, cabe precisar que el Tribunal Constitucional, en el marco de su función ordenadora que le es inherente y en la búsqueda de perfeccionamiento del proceso de cumplimiento, en la sentencia del proceso 0168-2005-PC, publicada en diario ofi cial El Peruano el 7 de octubre de 2005, ha precisado, con carácter vinculante, los requisitos mínimos que debe tener el mandato contenido en una norma legal o en un acto administrativo para que sea exigible a través del proceso constitucional señalando – en su fundamento catorce al dieciséis – precisando que, además, de la renuencia del funcionario o autoridad pública, el mandato previsto en la ley o en un acto administrativo, debe: a) Ser un mandato vigente; b) Ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente de la norma legal; c) No estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares; d) Ser de ineludible y obligatorio cumplimiento, y e) Ser incondicional; excepcionalmente, podrá tratarse de un mandato condicional, siempre y cuando su satisfacción no sea compleja y no requiera de actuación probatoria. 4.3 Siendo así, del estudio de la causa que nos convoca, se tiene que a folios 03 y vuelta, obra la Resolución Directoral Regional Sectorial N° 211-2017-GRA/GG-GRDS-DIRESA-DR, de fecha 02 de marzo del 2017, en el cual resolvió reconocer a favor del accionante, la suma de diecisiete mil doscientos ochenta y seis con 77/100 soles (S/.17,286.77), por concepto de pago de los intereses legales, por el pago inoportuno por el artículo 2° del Decreto de Urgencia N° 037-94, en su condición de pensionista de la Sede Regional de Salud de Ayacucho. 4.4 En consecuencia, se evidencia que la demandante tiene derecho a que se le ejecute inmediatamente la mencionada suma de dinero establecida por la referida resolución administrativa a la que se contrae la demanda; más aún, si pese a haber sido emplazada la entidad demandada – Director Regional de Salud de Ayacucho – mediante documento de fecha cierta, diligenciado con fecha 31 de marzo del 2017, que obra a folios 02, esta se ha mostrado renuente a dar cumplimiento (pago a favor de la demandante) lo dispuesto por la Resolución Directoral Regional Sectorial N° 211-2017-GRA/ GG-GRDS-DIRESA-DR, de fecha 02 de marzo del 2017. 4.5 En efecto, Resolución Directoral Regional Sectorial N° 211-2017-GRA/GG-GRDS-DIRESA-DR, de fecha 02 de marzo del 2017, emitida por la entidad demandada, y cuya parte resolutiva es exigida por la demandante, vía acción de cumplimiento, contiene un mandato vigente, en tanto la misma aún no ha sido satisfecha en los términos que precisa; es un mandato cierto, en tanto fue emitida mediante el Decreto de Urgencia N° 037 – 94 de fecha 11 de junio de 19943; dicho mandato no está sujeto a controversia ni interpretación, en tanto el derecho reclamado por la demandante, se deduce del tenor de lo dispuesto por la Resolución Directoral líneas arriba; el mandato es de cumplimiento obligatorio, en tanto se mantiene vigente y su cumplimiento es exigible; y, es incondicional, en tanto el cumplimiento de dicha resolución, no se encuentra sujeto a condiciones y/o eventualidades futuras. Razones, por las cuales la demanda incoada por Vilma Margot Molero Añaños, resulta amparable. 4.6 Finalmente, es preciso puntualizar que la resolución sub júdice es autoaplicativa y ha sido dictada respetando los derechos constitucionales y las leyes, estando obligadas las autoridades de la Dirección Regional de Salud de Ayacucho, ha adoptar las medidas presupuestarias para el cumplimiento de tal derecho. Máxime, si los fundamentos de apelación, no desvirtúan la exigibilidad del cumplimiento de la Resolución Directoral Regional Sectorial N° 211-2017-GRA/GG-GRDS-DIRESA-DR, de fecha 02 de marzo del 2017; teniendo en cuenta además, que la disponibilidad presupuestaria y fi nanciera de la emplazada, no puede ser un obstáculo, ni menos aún considerada una condicionalidad en los términos de la STC N° 0168-2005/PC/ TC para el cumplimiento de disposiciones vigentes y claras como el caso de autos. En ese mismo orden de ideas, pretender que las normas presupuestarias se encuentren por encima de las normas que regulan los derechos constitucionales, sería hacer ilusa la justicia constitucional; más aún, si el pago de la remuneración y de los benefi cios sociales del trabajador, tienen prioridad sobre cualquier otra obligación del empleador, según lo previsto por el artículo 24° de la Constitución Política del Estado4. V. DECISIÓN Por estas consideraciones, se RESUELVE: CONFIRMAR la sentencia contenida en la resolución número 04, del 27 de junio del 2017, que obra a folios 36 - 42, mediante la cual resolvió: PRIMERO: Declarar FUNDADA la demanda incoada por Vilma Margot Moleros Añaños contra la Dirección Regional de Salud de Ayacucho; ordenando, que la demandada en la persona de su director, cumpla en forma inmediata con lo dispuesto en la Resolución Directoral Regional Sectorial N° 211-2017-GRA/GG-GRDS-DIRESA-DR, de fecha 02 de marzo del 2017. Con lo demás que contiene. DISPUSIERON se publique en la página Web del Diario Ofi cial “El Peruano”, en la forma prevista por Ley. Con conocimiento de las partes. Notifíquese.- SS.- PRADO PRADO.- PÉREZ GARCÍA BLÁSQUEZ.- VEGA RODRÍGUEZ.- JENNY M. LARA GUTIÉRREZ Secretaria de Sala Sala Especializada en lo Civil de Huamanga Corte Superior de Justicia de Ayacucho/PJ El artículo 66º del Código Procesal Constitucional, dispone que: “Es objeto del proceso de cumplimiento ordenar que el funcionario o autoridad pública renuente: 1) Dé cumplimiento a una norma legal o ejecute un acto adminis- trativo fi rme; o, 2) Se pronuncie expresamente cuando las normas legales le ordenan emitir una resolución administrativa o dictar un reglamento. Artículo 38º.- Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación. Mediante la cual se otorgo una Bonifi cación Especial a los Servidores de la Administración Pública ubicada en los niveles F – 2, F-1 Profesionales Técnicos y Auxiliares, así como, al personal comprendido en la Escala N° 11 del Decreto Supremo N° 051 – 91PCM que desempeñan cargos directivos o jefaturales. Artículo 24º.- El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y sufi ciente, que procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual. El pago de la remuneración y de los benefi cios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquiera otra obligación del empleador. Las remuneracio- nes mínimas se regulan por el Estado con participación de las organizacio- nes representativas de los trabajadores y de los empleadores. W-1675109-18