CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AYACUCHO SALA CIVIL EXPEDIENTE : 02630-2015-0-0501-JR-CI-02 DEMANDANTE : ANA MARÍA SORIA AYQUIPA DEMANDADO : RED DE SALUD CENTRO AYACUCHO DE CANGALLO. MATERIA : PROCESO DE CUMPLIMIENTO SENTENCIA DE VISTA Resolución Nº 13 Ayacucho, veintiuno de agosto de dos mil diecisiete. VISTO: en Audiencia Pública, sin el informe oral; y, CONSIDERANDO además: I.- PRETENSIÓN DE LA DEMANDA Ana María Soria Ayquipa, mediante escrito de folios 05 y siguientes, interpone demanda constitucional de Cumplimiento contra la Unidad Ejecutora 403 Centro Ayacucho – Red de Salud Centro Ayacucho de Cangallo, solicitando se dé cumplimiento a la Resolución Directoral Nº 450-2014-GRA/GG-GRDS-DRSA-RSCA-DIR, del 31 de diciembre de 2014, en el cual resolvió reconocer a favor de la demandante, la suma de treinta y siete mil cuatrocientos cuarenta y uno con 50/100 soles (S/. 37,441.50), devengados por concepto de Asistencia Nutricional y Alimentación, en su condición de Servidora del Sector Salud. II.- MATERIA DE RECURSO Viene en grado de apelación la sentencia contenida en la resolución número 04, de fecha 31 de mayo de 2016, obrante a folios 31 y siguientes, mediante la cual resolvió: PRIMERO: Declarar Fundada la demanda de cumplimiento interpuesta por doña Ana María Soria Ayquipa contra la Unidad Ejecutora 403 Centro Ayacucho – Cangallo; SEGUNDO: cumpla el funcionario competente de la entidad demandada en el plazo de diez días de notifi cado, dar cumplimiento a la Resolución Directoral Nº 450-2014-GRA/GG-GRDS-DRSA-RSCA-DIR, del 31 de diciembre de 2014, ejecutando el pago de la suma
64283 otorgada en ella; con lo demás que contenga. III.- ARGUMENTOS DEL RECURSO El Procurador Público del Gobierno Regional de Ayacucho, Lic. Héctor Dalmiro Acosta Aguilar, mediante escrito que obra a folios 40 y siguientes, sustenta su recurso impugnatorio, básicamente en los siguientes fundamentos: • Que, el a quo al haber declarado fundada la demanda y ordenado que la entidad demandada en el plazo de 10 días de notifi cado cumpla con el pago reconocido en el acto administrativo Resolución Directoral Nº 450-2014- GRA/GG-GRDS-DRSA-RSCA-DIR, del 31 de diciembre de 2014, causa agravios y produce detrimento al irrisorio presupuesto asignado por el Gobierno Regional a la Dirección Regional de Salud de Ayacucho, inobservando procedimientos presupuestales, con una clara transgresión al principio de legalidad y seguridad jurídica. IV.- CONSIDERACIONES 4.1. El inciso 6 del artículo 200° de la Constitución establece que el proceso de cumplimiento procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades de ley. Por tanto, el proceso de cumplimiento tiene como fi nalidad proteger el derecho constitucional de defender la efi cacia de las normas legales y actos administrativos. 4.2. En tal sentido, el proceso de cumplimiento1 es aquella garantía constitucional que procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo – sin perjuicio de la responsabilidad en que aquel incurra por ese hecho –, con la fi nalidad de que dicha autoridad o funcionario cumpla con lo dispuesto en el precepto legal o administrativo; ya que en el fondo, lo que protege esta acción es el derecho genérico a la vigencia del orden jurídico, el mismo que siempre ha de ir acompañado de un derecho específi co cuya observancia es el que se reclama. Más aún, si se tiene en cuenta que es deber de los peruanos, respetar y cumplir la Constitución y el ordenamiento jurídico, conforme lo dispone el artículo 382 de la Constitución Política del Estado. 4.3. El Tribunal Constitucional, en el marco de la función ordenadora que le es inherente y en la búsqueda de perfeccionamiento del proceso de cumplimiento, en la sentencia del proceso 0168-2005-PC, publicada en diario ofi cial “El Peruano” el 7 de octubre de 2005, ha precisado, con carácter vinculante, los requisitos mínimos que debe tener el mandato contenido en una norma legal o en un acto administrativo para que sea exigible a través del proceso constitucional indicado, fundamentos 14 al 16, señalando que en este proceso -que, como se sabe, carece de estación probatoria-, se pueda expedir una sentencia estimatoria, es preciso que, además, de la renuencia del funcionario o autoridad pública, el mandato previsto en la ley o en un acto administrativo reúna determinados requisitos; a saber: a) Ser un mandato vigente; b) Ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente de la norma legal; c) No estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares; d) Ser de ineludible y obligatorio cumplimiento, y e) Ser incondicional; excepcionalmente, podrá tratarse de un mandato condicional, siempre y cuando su satisfacción no sea compleja y no requiera de actuación probatoria. 4.4. Siendo así, de la revisión y estudio de la causa que nos convoca, se tiene que a folios 02 y vuelta, obra la Resolución Directoral Nº 450-2014-GRA/GG-GRDS- DRSA-RSCA-DIR, de fecha 31 de diciembre de 2014, en el cual resolvió reconocer a favor de la demandante, la suma de treinta y siete mil cuatrocientos cuarenta y uno con 50/100 soles (S/. 37,441.50), devengados por concepto de Asistencia Nutricional y Alimentación, en su condición de Servidora del Sector Salud. 4.5. En consecuencia, se evidencia que la demandante tiene derecho a que se le ejecute inmediatamente la mencionada suma de dinero establecida por la referida resolución administrativa a la que se contrae la demanda; más aún, si pese a haber sido emplazada la entidad demandada – Red de Salud Centro - Cangallo – mediante Carta Notarial, de fecha 16 de septiembre de 2015 y que obra a folios 03, esta se ha mostrado renuente a dar cumplimiento (pago a favor de la demandante) a lo dispuesto por la Resolución Directoral Nº 450-2014-GRA/ GG-GRDS-DRSA-RSCA-DIR, de fecha 31 de diciembre de 2014. 4.6. Del análisis del acto administrativo en referencia, a la luz del precedente vinculante dictado por el Tribunal Constitucional en la sentencia del proceso 0168-2005- PC, que fue citado en el considerando 4.3 de la presente resolución, se advierte que el acto administrativo cuyo cumplimiento se exige, cumple con los requisitos de ser un mandato vigente en tanto la misma aún no ha sido satisfecha en los términos que precisa, cierto y claro, debido a que está debidamente individualizado, pues se ha reconocido de manera incuestionable el derecho de la actora al reintegro de devengados de la asignación por concepto de Asistencia Nutricional y Alimentación, de ineludible y obligatorio cumplimiento y no está sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares en tanto que el derecho reclamado por la demandante, se deduce del tenor de lo dispuesto por la Resolución Directoral Nº 450-2014-GRA/GG-GRDS-DRSA-RSCA- DIR; el mandato es de cumplimiento obligatorio, en tanto se mantiene vigente y su cumplimiento es exigible; y, es incondicional, en tanto el cumplimiento de dicha resolución, no se encuentra sujeto a condiciones y/o eventualidades futuras. Razones, por las cuales la demanda incoada por Ana María Soria Ayquipa, resulta amparable. 4.7. Finalmente, es preciso puntualizar que la resolución sub júdice es autoaplicativa y ha sido dictada respetando los derechos constitucionales y las leyes, estando obligadas las autoridades de la Unidad Ejecutora 403 Centro Ayacucho – Cangallo, ha adoptar las medidas presupuestarias para el cumplimiento de tal derecho. Máxime, si los fundamentos de apelación, no desvirtúan la exigibilidad del cumplimiento de la Resolución Directoral Nº 450-2014-GRA/GG-GRDS- DRSA-RSCA-DIR; teniendo en cuenta además, que la invocada “… Así, la disponibilidad presupuestaria y fi nanciera de la emplazada, no puede ser un obstáculo, ni menos aún considerada una condicionalidad en los términos de la STC N° 0168-2005/PC/TC para el cumplimiento de disposiciones vigentes y claras como el caso de autos”3. En ese mismo orden de ideas, pretender que las normas presupuestarias se encuentren por encima de las normas que regulan los derechos constitucionales, sería hacer ilusa la justicia constitucional; más aún, si el pago de la remuneración y de los benefi cios sociales del trabajador, tienen prioridad sobre cualquier otra obligación del empleador, según lo previsto por el artículo 24° de la Constitución Política del Estado4. V. DECISIÓN Por las consideraciones expuestas, se RESUELVE: CONFIRMAR la sentencia contenida en la resolución número 04, de fecha 31 de mayo de 2016 y que obra a folios 31 y siguientes, mediante la cual resolvió: PRIMERO: Declarar Fundada la demanda de cumplimiento interpuesta por doña Ana María Soria Ayquipa contra la Unidad Ejecutora 403 Centro Ayacucho – Cangallo; SEGUNDO: cumpla el funcionario competente de la entidad demandada en el plazo de diez días de notifi cado, dar cumplimiento a la Resolución Directoral Nº 450-2014-GRA/GG-GRDS-DRSA-RSCA-DIR, del 31 de diciembre de 2014, ejecutando el pago de la suma otorgada en ella; con lo demás que contenga. DISPUSIERON se publique la presente resolución, en la página Web del Diario Ofi cial “El Peruano”, en la forma prevista por Ley. Con conocimiento de las partes. Y lo devolvieron. SS. PRADO PRADO.- PÉREZ GARCÍA BLÁSQUEZ.- VEGA RODRÍGUEZ.- JENNY M. LARA GUTIÉRREZ Secretaria de Sala Sala Especializada en lo Civil de Huamanga Corte Superior de Justicia de Ayacucho/PJ El artículo 66º del Código Procesal Constitucional, dispone que: “Es objeto del proceso de cumplimiento ordenar que el funcionario o autoridad pública
64284 renuente: 1) Dé cumplimiento a una norma legal o ejecute un acto adminis- trativo fi rme; o, 2) Se pronuncie expresamente cuando las normas legales le ordenan emitir una resolución administrativa o dictar un reglamento. Artículo 38º.- Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación.
Artículo 24º.- El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y sufi ciente, que procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual. El pago de la remuneración y de los benefi cios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquiera otra obligación del empleador. Las remuneracio- nes mínimas se regulan por el Estado con participación de las organizacio- nes representativas de los trabajadores y de los empleadores. W-1600980-7