CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AYACUCHO Juzgado Transitorio de Derecho Constitucional de Ayacucho EXPEDIENTE : 1597-2018-0-0501-JR-DC-01. DEMANDANTE : MARIA GLADYS PREGUNTEGUI ZEA DEMANDADO : RED DE SALUD DE HUAMANGA MATERIA : ACCION DE CUMPLIMIENTO ESPECIALISTA : DIANA NAJARRO GALINDO SENTENCIA RESOL. No. 04.- Ayacucho, veintiséis de diciembre del dos mil dieciocho.- VISTOS: El Exp. No. 1597-2018-0-0501-JR-CI-01, seguido por MARIA GLADYS PREGUNTEGUI ZEA contra RED DE SALUD DE HUAMANGA, con emplazamiento del Procurador Público Regional de Ayacucho sobre ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO. I. ANTECEDENTES: 1. De la demanda de folios 05 a folios 08, se advierte que doña MARIA GLADYS PREGUNTEGUI ZEA acude al órgano jurisdiccional para que amparándosele la demanda incoada se disponga que la Entidad demandada RED DE SALUD DE HUAMANGA, representado por su Directora Ejecutiva de la Unidad Ejecutiva 406, representado por ESTHER CHAUCA MEZA, dé cumplimiento al acto administrativo contenido en la Resolución Directoral Nro. 146-2015-GRA/GG-GRDS-DRSA- RSHGA-DE de fecha 20 de marzo del 2015, mediante la cual se reconoce y otorga el derecho a percibir por concepto de Asistencia Nutricional y Alimentaria la suma de S/.14.656.00 Soles; más los intereses legales, con condena en costos del proceso. 2. Fundamentos de la pretensión. Al respecto señala que: • Que habiendo solicitado el cumplimiento de la resolución a, razón por la cual la Unidad Ejecutora de la RED DE SALUD DE HUAMANGA, mediante el acto resolutivo Resolución Directoral Nro. 146-2015-GRA/GG-GRDS-DRSA-RSHGA-DE de fecha 20 de marzo del 2015, le reconoce y otorga el derecho a percibir por concepto de reintegro de devengados por Asistencia Nutricional y Alimentaria la suma de S/. 14.656.00Soles. • Ha cumplido con emplazar y notifi car a la emplazada mediante carta de fecha 16 de agosto del 2018 , a fi n de que disponga la cancelación del monto señalado, con lo que ha cumplido con los requisitos especiales para instaurar la demanda de cumplimiento. • Teniendo en consideración que la carta no ha surtido efecto alguno se ve obligado a presentar esta acción de garantía, para hacer valer su derecho. 3. AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA La demanda fue admitida a trámite por resolución número 01 de folios 09 a 10, de fecha 03 de octubre del 2018, confi riéndose traslado a la Entidad pública demandada, así como al Procurador Público Regional de Ayacucho; absolviendo la demanda el Procurador Público Regional. 4.
DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA EFECTUADA POR EL PROCURADOR PÚBLICO REGIONAL DE AYACUCHO. Quien pretendiendo que la demanda sea declarada infundada, ha expresado los fundamentos siguientes: • Se pretende la materialización de la Resolución Directoral N° 146-2015-GRA/GG-GRDS-DRSA-RSHGA-DE de fecha 20 de marzo del 2015, que le ha reconocido el pago de la suma de S/. 14,656.00 , a favor de la demandante, está sujeto a las leyes presupuestarias. • Si bien el acto administrativo cuyo cumplimiento demanda contiene un mandato cierto, exigible, vigente, PERO también CONTIENE UN MANDATO CONDICIONADO (respecto a la disponibilidad presupuestal) lo que determina la improcedencia del actor, no estando conforme con los alcances de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional emitido en el Exp. No. 0168-2005-AC/TC. • Al resolver el caso se debe tener en cuenta las normas presupuestarias. Así la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 28411 en su artículo 70° y sigu8ientes regula el procedimiento de cómo debe cumplirse el pago de sentencias judiciales; el mismo que es concordante con el art. 70 y siguientes del TUO de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 28411 (Decreto Supremo N° 304-2012-EF), igualmente la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, Ley 30693 en su artículo 4° y siguientes, establece las acciones administrativas en la ejecución del gasto público. • Finalmente, las normas presupuestarias previamente citadas se concluye la existencia de procedimientos administrativos establecidos, los mismos que deben cumplirse obligatoriamente, para el pago de las deudas que tienen su origen en una sentencia que tiene la calidad de cosa juzgada. Es por ello, que la entidad demandada, pueda cumplir los requerimientos judiciales de pago. Incluso cuando se habla de plazos de cumplimiento, la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 24811, en su artículo 70, numeral 70.5, el mismo que es concordante con el artículo 70, numeral 70.5 del Texto Único Ordenado de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 28411, prescriben que, si el presupuesto de las entidades públicas es insufi ciente para cumplir los requerimientos de pago, lo pueden efectuar en los cinco años fi scales subsiguientes. 5. FUNDAMENTOS DE LA CONTESTACIÓN EFECTUADA POR LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA. Se pretende con respecto a los fundamentos descritos por la demandante, señala que efectivamente mediante Resolución Directoral N° 146-2015-GRA/GG-GRDS-DRSA- RSHGA-DE de fecha 20 de marzo del 2015, se reconoció a favor de la demandante el pago de devengados, por concepto de Asistencia Nutricional y Alimentación ascendente a la suma de S/. 14,656.00 soles. Sin embargo, en atención a la falta de disponibilidad presupuestal para efectuar dicho pago, se ha establecido en la misma resolución UN ELEMENTO CONDICIONANTE, de ejecución, la misma que está prevista en su segundo artículo, que literalmente señala lo siguiente: “El cumplimiento del presente acto resolutivo estará afecto a la partida correspondiente con cargo a la disponibilidad presupuestal de la Red de Salud Huamanga”. Siendo ello así, es de estricta observancia lo dispuesto por el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N° 0168-2005-AC/TC, donde se establece los criterios obligatorios para la procedencia de las pretensiones
73801 judiciales en vía de proceso de cumplimiento, así uno de estos criterios obliga que el acto que se solicita su cumplimiento SEA INCONDICIONAL, hecho que no es el caso de autos. Igualmente, entendiendo que la pretensión de la demandante está estrechamente vinculado a un tema presupuestario, debe inexorablemente observarse las previsiones normativas contenidas en la Ley N° 30693- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, la que en su Numeral 4.2 ordena que “Todo acto administrativo, acto de administración o las resoluciones administrativas que autoricen gastos no son efi caces si no cuentan con el crédito presupuestario correspondiente en el presupuesto institucional o condicionan la misma a la asignación de mayores créditos presupuestarios”. Precepto que también pido se tome en cuenta. Debo indicar que actualmente la unidad ejecutora red de salud huamanga se encuentra imposibilitado de atender dicho pago, debido básicamente a la mencionada circunstancia presupuestal, esperando que se nos habilite el presupuesto y dar trámite a lo dispuesto en dicho acto administrativo, y de esa manera, cumplir con la parte demandante, pero, en tanto no exista dicho presupuesto la pretensión incoada se torna EN UN IMPOSIBLE FÍSICO Y JURÍDICO INMEDIATO. Sin prejuicio de lo antes señalado, en el supuesto que su Despacho ampare la demanda, es imperativo que se tome en cuenta las normas presupuestarias; entre ellas el artículo 7° y 70° del TUO de la Ley 28411 –Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo N° 304- 2012-EF, el artículo 4° de la Ley N° 30693 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fi scal 2018; Ley que establece criterios de priorización para la atención del pago de sentencias judiciales y su reglamento aprobado mediante decreto supremo N° 001-2014-JUS, y el artículo 47° del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS; las mismas que regulan el procedimiento para la atención de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada. Del mismo modo, el Numeral 70.5 del TUO de la Ley N° 28411 prescribe que los requerimientos de pago que superen los fondos públicos señalados en el Numeral 70.1 se atenderán con cargo a los presupuestos aprobados dentro de los cinco 05 años fi scales subsiguientes. Finalmente, precisa que la prelación legal, implica que las deudas se cancelen y/o amortizan, priorizando la antigüedad del expediente que contiene el monto adeudado, así como la presentación de la documentación sustentatoria. II. FUNDAMENTOS (ANALISIS DEL CASO); PRIMERO: Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.- “El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva constituye la reafi rmación del carácter instrumental del proceso, en tanto mecanismo de pacifi cación social. En esa línea, dicha efectividad abarca no sólo aquellas garantías formales que suelen reconocerse en la conducción del proceso […] sino que, primordialmente, se halla referida a la protección efi caz de las concretas situaciones jurídicas materiales, amenazadas o lesionadas, que son discutidas en la Litis […]”1 SEGUNDO: Sobre el Proceso de Cumplimiento. 2.1. En un primer momento debemos acotar que el artículo 66° del Código Procesal Constitucional establece: “Es objeto del proceso de cumplimiento ordenar que el funcionario o autoridad pública renuente: 1) Dé cumplimiento a una norma legal o ejecute un acto administrativo fi rme; o, 2) Se pronuncie expresamente cuando las normas le ordenan emitir una resolución administrativa un reglamento”. Siendo que en el presente caso lo que pretende la actora es que se haga efectivo lo dispuesto por un acto administrativo fi rme que será de análisis en el presente proceso de cumplimiento; sin embargo, debemos referirnos al proceso de cumplimiento doctrinariamente antes de iniciar el respectivo análisis de fondo. 2.2. EI proceso de cumplimiento tiene como fi nalidad proteger el derecho constitucional, de defender la efi cacia de las normas legales y actos administrativos2.Con el proceso de cumplimiento el Estado social y democrático de derecho que reconoce la Constitución(artículos 3° y 43°), el deber de los peruanos de respetar y cumplir la Constitución y el ordenamiento jurídico (artículo 38°) y la jerarquía normativa de nuestro ordenamiento jurídico (artículo 51°) serán reales, porque, en caso de la renuencia de las autoridades o funcionarios a acatar una norma legal o un acto administrativo, los ciudadanos tendrán un mecanismo de protección destinado a lograr su acatamiento y, por ende, su efi cacia. 2.3. Entonces, el proceso de cumplimiento no tiene como fi nalidad el examen sobre el cumplimiento “formal” del mandato contenido en una norma legal o acto administrativo, sino, más bien, el examen sobre el cumplimiento efi caz de tal mandato, por lo que si en un caso concreto se verifi ca la existencia de actos de cumplimiento aparente, parcial, incompleto o imperfecto, el proceso de cumplimiento servirá para exigir a la autoridad administrativa precisamente el cumplimiento efi caz de lo dispuesto en el mandato legal. 2.4. De los requisitos para la procedencia del proceso de cumplimiento. El Tribunal Constitucional en la sentencia de fecha 29 de setiembre del 2005, recaída en el Expediente Número 0168-2005-PC/TC, consideró que para la procedencia del proceso de cumplimiento, además de acreditarse la renuencia del funcionario o autoridad pública, deberá tenerse en cuenta las características mínimas comunes del mandato de la norma legal, del acto administrativo y de la orden de emisión de una resolución o reglamento, a fi n de que el proceso de cumplimiento prospere, de este modo en el fundamento 14se señala los requisitos mínimos comunes, siendo: a) Ser un mandato vigente; b) Ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente de la norma legal o acto administrativo; c) No estar sujeto a controversia compleja ni a interpretación dispares; d) Ser de ineludible y obligatorio cumplimiento; e) Ser incondicional. Adicionalmente, para el caso de cumplimiento de los actos administrativos, además de los requisitos mínimos comunes mencionados, en tales actos se deberá f) Reconocer un derecho incuestionable del reclamante; y g) Permitir individualizar al benefi ciario; Del mismo modo en el fundamento 15 refi ere que estos requisitos mínimos se justifi can porque el proceso de cumplimiento diseñado por nuestra Constitución y el Código Procesal Constitucional, dado su carácter sumario y breve, no es el adecuado para discutir los contenidos de normas generales cuyos mandatos no tienen las características mínimas a que se hizo referencia, o de normas legales superpuestas que remiten a otras, y éstas a su vez a otras, lo cual implica una actividad interpretativa compleja que, en rigor, debe llevarse a cabo a través de las vías procedimentales específi cas. De lo referido, es de verse que los requisitos que se señalan deben ser concurrentes, que de no cumplirse con uno de ellos el mandamus que se pretende dar cumplimiento no podrá ser exigible vía proceso de cumplimiento. 2.5. Talespresupuestos son absolutamente exigibles, pues en este tipo de procesos el funcionario o autoridad pública se supone tiene un deber absoluto de acatamiento de la norma legal o del acto administrativo, no siendo posible ningún tipo de discrecionalidad de su parte. Por lo que se entiende que los derechos del demandante son prácticamente incuestionables, de modo que, comprobada la renuencia y el incumplimiento de la norma legal o el acto administrativo conforme a las pautas descritas, de ineludible cumplimiento, correspondería amparar la demanda. De no ser así, el proceso de cumplimiento terminaría convirtiéndose en un proceso declarativo, o de conocimiento, con abundancia de medios probatorios y en cuyo seno se discutan controversias propias de este tipo de procesos. Por el contrario, si tal proceso conserva su carácter especial (ser un proceso de condena, de ejecución, breve, sumario, donde la actividad probatoria es mínima), bastará que se acredite el incumplimiento de la norma legal, la inejecución del acto administrativo, el incumplimiento de la orden de emisión de una resolución o de un reglamento y la renuencia, consiguiéndose un proceso rápido y, sobre todo, efi caz. TERCERO: Cuestión en debate: El objeto del petitorio del presente proceso constitucional es la ejecución de un acto administrativo fi rme contenido en la Resolución Directoral Nro.146-2015-GRA/GG-GRDS-DRSA- RSHGA-DE de fecha 20 de marzo del 2015, le reconoce y otorga el derecho a percibir por concepto de Asistencia Nutricional y Alimentaria la suma de S/. 14.656.00Soles; por lo que es del caso establecer si satisface los requisitos para ser exigible a través del proceso constitucional de cumplimiento, de acuerdo a los parámetros defi nidos por el Tribunal Constitucional en el precedente vinculante Sentencia 0168-2005-PC/TC3. 3.1. Al respecto, en el referido acto administrativo obrante a folios 02 y vuelta, SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO RECONOCER el derecho y otorgar a favor de los servidores (as) solicitantes sobre el reintegro de devengados de la Asignación por concepto de Asistencia Nutricional y Alimentaria, en merito a la escala aprobada mediante resolución Ejecutiva Regional N° 597-2007-GRA/ PRES de fecha 09 dejulio-2017, bajo el siguiente detalle: _____________________________________________ APELLIDOS Y NOMBRES (…) MONTO (…) MARIA GLADYS PREGUNTEGUI ZEA (…) S/.14,656.00 _____________________________________________
73802 ARTÍCULO SEGUNDO: EL CUMPLIMIENTO del presente acto resolutivo estará afecto a la partida correspondiente con cargo a la disponibilidad presupuestal de la RED DE SALUD DE HUAMANGA. CUARTO: En este sentido, se puede concluir, de conformidad con la Sentencia del Tribunal Constitucional N° 168-2005-PC/TC, que la resolución citada contiene un mandato: a) vigente, pues no ha sido declarado nulo; b) cierto y claro, pues se infi ere indubitablemente la fecha y el monto que se le debe abonar a la demandante; c) no está sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares; y d) permite individualizar de manera explícita al demandante MARIA GLADYS PREGUNTEGUI ZEA como benefi ciario. 4.1. Por lo tanto, la Resolución Directoral Nro. 146-2015- GRA/GG-GRDS-DRSA-RSHGA-DE de fecha 20 de marzo del 2015, mediante la cual se reconoce y otorga el derecho a percibir por concepto de Asistencia Nutricional y Alimentaria la suma de S/. 14,656.00 Soles, al cumplir con los requisitos mínimos comunes establecido en la Sentencia del Tribunal Constitucional N° 168-2005-PC/TC, resulta ser un mandato de obligatorio cumplimiento, pues en este proceso lo que se sanciona es la omisión de los funcionarios de ejecutar o acatar la resolución administrativa señalada, tal como se ha acreditado en el presente caso, por lo que la demanda debe ser estimada. QUINTO: No está demás hacer mención respecto a lo alegado por el Procurador Público Regional de Ayacucho, quien indica que por razones de orden presupuestario no se da cumplimiento al acto administrativo. 5.1. Con respecto al tema presupuestario, (por cuanto el cumplimiento de la Ley está supeditada al presupuesto de la entidad),debemos tener en cuenta que esa afi rmación no es una razón legal, válida y razonable, por cuanto la entidad administrativa demandada (ELESTADO PERUANO), debió prever gastos de contingencia, para cubrir posibles obligaciones derivadas de sentencias judiciales a su cargo. Al respecto el Tribunal Constitucional ha expresado al respecto lo siguiente: “(… ) este colegiado recuerda que es importante para el adecuado afrontamiento de las eventuales sentencias que pudieran resultar adversas al Estado , el concepto de recursos contingentes, o también denominado de contingencias jurídicas, el cual se refi ere a los recursos que debe presupuestar toda entidad pública , en atención a los procesos judiciales que, encontrándose ya iniciados, pudieran ocasionar fi nalmente una sentencia condenatoria contra el Estado .Dicho concepto ya ha sido aludido en el primer párrafo del artículo 16.5.de la Ley N° 28128. En efecto dicho precepto refi ere que los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional que deban abonar sumas de dinero por efecto de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada, atenderán dichos requerimientos única y exclusivamente con los recursos que para tal efecto ha previsto la Ley 27684 y sus normas modifi catorias, los cuales se asignarán a la cuenta habilitada para la atención de la partida presupuestaria prevista para las contingencias judiciales de cada entidad. 5.2. Así las cosas, los órganos públicos deben habilitar cuentas no tan solo una vez que exista una obligación cierta de pago, sino también para afrontar obligaciones que aunque aún inciertas, son potenciales obligaciones futuras que deberá afrontar la entidad, a consecuencia de procesos judiciales en trámite (…)”.(Exp. Acumulado 015-2001-AI/TC- Exp.016-2001-AI/TC, y Exp.004-2002-AI/TC), por lo tanto el tema presupuestario no es un tema válido a efecto de no dar cumplimiento a lo pretendido por la accionante. 5.3. De igual manera, en cuanto a las alegaciones de la parte demandada sobre las limitaciones presupuestarias para el cumplimiento del pago, cabe decir, que conforme al artículo 7 de la Ley 28411 compete al titular del pliego presentar las partidas para su aprobación y atención por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, no advirtiéndose en el presente caso que la demandada haya desplegado esfuerzo alguno a fi n de que se le provea de los fondos necesarios para atender el pago de los devengados peticionado por el recurrente. A ello debe agregarse que la demandante ha cumplido con cursar Carta recepcionado por la demanda en fecha 16 de agosto del 2018, requiriendo el pago de lo adeudado; sin embargo, no ha dado cumplimiento. SEXTO: De los Intereses Legales. Conforme se advierte del petitorio de la demanda la parte accionante también pretende el pago de los intereses legales. 6.1. En cuanto al pago de intereses legales, debe señalarse que el cumplimiento tardío o defectuoso de la obligación del Estado determina su responsabilidad, no sólo de cumplir debidamente con el pago de este benefi cio, sino además de reparar tal afectación, pagando los intereses generados respecto del monto cuyo pago fue incumplido a partir del momento en que se produce la afectación, lo cual responde a los principios pro homine y pro libertatis, según los cuales ante diferentes soluciones se debe optar por aquella que conduzca a una mejor protección de los derechos fundamentales, descartando así las que restrinjan o limiten su ejercicio. Es por ello, que el no pago oportuno por parte de la demandada, respecto de tal bonifi cación, incide en que resulte procedente el pago de los intereses, cuyos montos se liquidarán en ejecución de sentencia. 6.2. Al respecto se debe tener presente que el Tribunal Constitucional ha señalado reiteradamente (Expedientes 00186-2012-AC, 03463-2011-AC, 00472-2013-AC)4 que [……] deberá abonarse, según los artículos 1236 y 1244 del Código Civil, los intereses legales a partir de la fecha en que se determinó el pago del derecho al recurrente hasta la fecha en que éste se hizo efectivo”. 6.3. Empero, este juzgador considera que el pago por Asistencia Nutricional y Alimentación es un crédito de naturaleza laboral, siendo esto así le corresponde el que se aplica a los deudores laborales previsto en el Decreto Ley No. 25920, que en el artículo 1° ha previsto que en los adeudos laborales devengan el interés legal laboral fi jado por el Banco Central de Reserva; cálculo que se efectuará en ejecución de sentencia. SEXTO: Del pago de costos procesales. De conformidad con el artículo 56 del Código Procesal Constitucional, de aplicación supletoria al proceso de cumplimiento por la previsión contenida en el artículo 74 de la norma adjetiva en mención, se tiene que en el caso de que la sentencia declara fundada la demanda, se impondrán las costas y costos que el Juez establezca a la autoridad, funcionario o persona demandada; ahora, en los procesos constitucionales el Estado sólo puede ser condenado al pago de costos, lo que no requiere ser demandado incluso, por lo que siendo la demandada parte del Estado debe condenarse al pago de costos del proceso; III. PARTE RESOLUTIVA: Por las consideraciones expuestas, y dispositivos legales invocados, con la autoridad que le confi ere la Constitución Política del Perú, el Juzgado Transitorio de Derecho Constitucional, FALLA: 01) DECLARANDO FUNDADA la demanda incoada por MARIA GLADYS PREGUNTEGUI ZEA contra la Directora ejecutiva de la Unidad Ejecutora 406 LA RED DE SALUD DE HUAMANGA, con emplazamiento de la Procuraduría Pública de la Regional de Ayacucho, sobre proceso de Cumplimiento. 1.1. ORDENO que la demandada, en la persona de su Directora Ejecutiva ESTHER CHAUCA MEZA, cumpla en forma inmediata con lo dispuesto en la Resolución Directoral Nro. 146-2015-GRA/GG-GRDS-DRSA-RSHGA-DE de fecha 20 de marzo del 2015, mediante la cual se reconoce y otorga el derecho a percibir por concepto de Asistencia Nutricional y Alimentaria; cumpla con pagar la suma de S/. 14,656.00 Soles (CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 00/100 SOLES, más los intereses legales laborales, a favor de la demandante en mención, bajo apercibimiento de multa y otras medidas. 02) Con costos. 03) NOTIFÍQUESE, conforme a Ley.- CARLOS P. MORALES HIDALGO Juez Juzgado de Derecho Constitucional Transitorio de Huamanga Corte Superior de Justicia de Ayacucho/PJ DIANA NAJARRO GALINDO Secretaria Judicial Juzgado de Derecho Constitucional Transitorio de Huamanga Corte Superior de Justicia de Ayacucho/PJ Expediente N° 00607-2009-PA/TC del quince de marzo del año dos mil diez. Fj. 44.
De conformidad con el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad de cosa juzgada constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia, precisando el extremo de sus efectos normativo. http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2012/00186-2012-AC.html
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2012/03463-2011-AC.html
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2013/00472-2013-AC.html W-1788512-11