CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANCASH Juzgado Mixto de Antonio Raimondi JUZGADO MIXTO – ANTONIO RAIMONDI EXPEDIENTE : 251-2016 MATERIA : ACCION DE CUMPLIMIENTO JUEZ : TARAZONA LEÓN SABY PERCY ESPECIALISTA : DIAZ ALVAN ROBERTO CARLOS. DEMANDADO : UGEL- ANTONIO RAIMONDI DEMANDANTE : LADISLAO MIGUEL QUIJANO y otra SENTENCIA.- Resolución Número cinco. Llamellín, ocho de Mayo del dos mil diecisiete. I. ANTECEDENTES: Puesto a despacho en la fecha para emitir sentencia; en los seguidos por LADISLAO MIGUEL QUIJANO y DIGNA PRIETO DE MIGUEL, contra la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE ANTONIO RAIMONDI, con citación del PROCURADOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH, sobre PROCESO DE CUMPLIMIENTO. a) Fundamento de la Demanda: 1. Que, mediante escrito de fecha siete de Noviembre del dos mil dieciséis, recepcionado por mesa de partes del Juzgado con fecha catorce de Noviembre del dos mil dieciséis, obrante de fojas diez a trece, presentado por Ladislao Miguel Quijano y Digna Prieto De Miguel, contra la Unidad de Gestión Educativa Local de Antonio Raimondi, con citación del Procurador Público del Gobierno Regional de Ancash; pretenden que se ordene el cumplimiento de lo resuelto en el artículo uno de la Resolución Directoral. UGEL.AR N° 1201-2015, de fecha treinta y uno de Diciembre del dos mil quince, que en su artículo 1° resuelve reconocer el pago correspondiente por concepto de interés legal laboral, generado por el no pago oportuno de la Bonifi cación del Decreto de Urgencia N° 037-94, por la suma de cuarenta y cinco mil cuatrocientos treinta y un nuevos soles con cuarenta y cuatro céntimos (S/. 45, 431.44), a favor del primero, y por la suma de siete mil quinientos cincuenta y dos nuevos soles con veinticuatro céntimos (S/.7,552.24) a favor de la segunda; más intereses legales; argumentan que su persona en calidad de personal administrativo del sector Educación, les corresponde el pago dispuesto por la resolución administrativa en cuestión, sin embargo hasta la fecha pese a sus reiterados reclamos, la entidad demandada no cumple con pagarles el monto señalado, dicho acto arbitrario les causa agravio y viola sus derechos elementales, que en cumplimento con el artículo 69° del Código Procesal Constitucional, cursaron la respectiva solicitud escrita de fecha cierta, mediante Expediente N° 006116, de fecha cuatro de Octubre del dos mil dieciséis. 2. Por resolución número uno de fecha quince de Noviembre del dos mil dieciséis, obrante de fojas catorce al quince, se admite a trámite la demanda presentada por Ladislao Miguel Quijano y Digna Prieto De Miguel, corriéndose traslado a la entidad demandada y al Procurador Publico del Gobierno Regional de Ancash, a efectos de que ejerzan el derecho a la defensa a sus representadas, conforme es de verse de las constancias de notifi cación de fojas dieciséis y veintiuno. 3. Mediante resolución número cuatro de fojas veintidós, fue declarado rebelde la UGEL- Antonio Raimondi, por no haber contestado la demanda. b) Fundamentos de la Contestación de la Demanda: El Procurador Público del Gobierno Regional de Ancash, contestó la demanda mediante su escrito de fojas veintitrés al veintiséis, manifestando lo siguiente; que, respecto del monto reconocido a favor de los demandantes en la resolución administrativa materia de la presente acción de cumplimiento, habiendo sido la UGEL –Antonio Raimondi, quien ha emitido dicho acto administrativo, es quien resulta responsable para su cumplimiento, por cuanto cuenta con presupuesto propio, y de ser insufi cientes dichos recursos, debe de efectuar los trámites correspondientes ante el titular del pliego, para que a su vez se requiera al Ministerio de Economía y Finanzas la ampliación del calendario y el cumplimiento del acto administrativo; por otra parte refi ere que el cumplimiento de lo ordenado en la resolución administrativa materia de reclamó, se encuentra condicionada a la aprobación del presupuesto respectivo por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, conforme se puede apreciar del artículo tres de la Resolución Directoral UGEL.A.R.N°1201-2015; en consecuencia dicho acto administrativo no tiene la naturaleza de ser auto aplicativo; ya que, para la ejecución del pago se requiere de un procedimiento previo ante las instancias correspondientes ya referidas, hecho que inclusive contraviene con lo establecido por el Tribunal Constitucional en el Exp. N° 0168-2005-AC/TC, donde se fi jaron los requisitos comunes de la norma legal y del acto administrativo para que sean exigibles a través del proceso de cumplimiento; y por último refi ere que existe prohibición expresa a través de la Ley 30372- Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fi scal 2016, para realizar el pago reclamado, por lo mismo la demanda deberá ser declarada infundada. II. ANALISIS DEL CASO: 1. Conforme al artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil e inciso 3) del artículo 139º de la Constitución Política del Estado, el debido proceso es el principio constitucional por el cual toda persona tiene derecho a acudir al órgano jurisdiccional en busca de la tutela de sus derechos sustanciales a través de un proceso en el que se otorgue a los justiciables la oportunidad de ser oídos, de ejercer el derecho de defensa, de ofrecer los medios probatorios que acrediten sus pretensiones y de obtener una sentencia motivada que decida la causa dentro de un plazo establecido por la ley procesal. 2. Que, los actores pretenden se ordene el cumplimiento de lo resuelto en la Resolución Directoral UGEL.AR N° 1201-2015, de fecha treinta y uno de Diciembre del dos mil quince; que resuelve reconocer a favor de los demandantes, el pago correspondiente por concepto de interés legal laboral, generado por el no pago oportuno de la Bonifi cación del Decreto de Urgencia N° 037-94, por la suma de cuarenta y cinco mil cuatrocientos treinta y un nuevos soles con cuarenta y cuatro céntimos (S/. 45, 431.44), a favor del primero, y por la suma de siete mil quinientos cincuenta y dos nuevos soles con veinticuatro céntimos (S/.7,552.24) a favor de la segunda. 3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Inciso 6º del Artículo 200° de la Constitución Política del Perú, la Acción de Cumplimiento procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades de Ley; concordante con el Artículo 66° del Código Procesal Constitucional, en donde desarrolla el mencionado dispositivo constitucional precisando que el objeto del proceso de cumplimiento es ordenar que el funcionario o autoridad pública renuente: 1) De cumplimiento a una norma legal o ejecute un acto administrativo fi rme; ó 2) Se pronuncie expresamente cuando las normas legales le ordenan emitir una resolución administrativa o dictar un reglamento. De esto se colige que, el mandato se debe dirigir a la autoridad administrativa que emitió la Resolución Administrativa reconociendo la solicitud de la recurrente. Tupayachi Sotomayor comentando el artículo 66° del C. P. C. señala que “(…). Lo único que exige el Código Procesal Constitucional cuando se trate de una Resolución, es decir de un acto administrativo decidido por un funcionario público, es que este haya alcanzado la condición de fi rme y que el derecho administrativo se conoce como cosa decidida1”; así, de la Resolución Administrativa materia de la demanda se advierte que contiene un mandamus. 4. El artículo 69° del Código Procesal Constitucional, prevé que para la procedencia del proceso de cumplimiento se requiere que la parte demandante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo, para establecer en el caso del cumplimiento de una ley que ésta tenga carácter auto-aplicativo y tratándose de acto administrativo que se halle concretado en resolución o disposición defi nida e inobjetable. Tal como señala Enrique Pestana Uribe: “Más que un requisito especial
63946 de la demanda, el requerimiento escrito previo al cual se refi ere el artículo comentado, constituye un elemento de procedibilidad de la demanda de cumplimiento, pues él es único medio para demostrar la renuencia del funcionario o autoridad obligada. (…)2”. 5. En ese sentido, en el caso que nos avoca, con el requerimiento de pago de fecha cuatro de Octubre del dos mil dieciséis3, dirigido al Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Antonio Raimondi, los actores han cumplido con el requisito de procedibilidad exigido, sin embargo, la demandada con su silencio, se ha ratifi cado en su incumplimiento, confi gurándose la renuencia de la autoridad administrativa. 6. Siendo que, la inercia de la autoridad o funcionario puede ser tanto de carácter formal como material; la primera, consiste en omitir la producción de un acto administrativo o una disposición reglamentaria y la segunda, consiste en el no cumplimiento de una norma legal o en la ejecución fáctica de lo resuelto en un acto administrativo. 7. Como lo ha resuelto de manera vinculante el Tribunal Constitucional en el expediente número 0168-2005-PC/ TC : “Para que el cumplimiento de la norma legal, la ejecución del acto administrativo y la orden de emisión de una resolución sean exigibles a través del proceso de cumplimiento, además de la renuencia del funcionario o autoridad pública, el mandato contenido en aquellos deberá contar con los siguientes requisitos mínimos comunes: a) Ser un mandato vigente, b) Ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente de la norma legal o del acto administrativo, c) No estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares, d) Ser de ineludible y obligatorio cumplimiento, e) Ser incondicional (excepcionalmente podrá tratarse de un mandato condicional, siempre que su satisfacción no sea compleja y no requiera de actuación probatoria). Adicionalmente, para el caso del cumplimiento de los actos administrativos, además de los requisitos comunes antes mencionados, en tales actos se deberá: f) Reconocer un derecho incuestionable del reclamante, g) permitir individualizar al benefi ciario4” (Subrayado Agregado). 8. Así, cabe señalar, que en este caso en particular, ha quedado debidamente acreditado; que mediante la Resolución Directoral UGEL.AR N° 1201-2015, de fecha treinta y uno de Diciembre del dos mil quince, el Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Antonio Raimondi, declaró procedente la pretensión de los recurrentes reconociéndoles el pago correspondiente por concepto de interés legal laboral, generado por el no pago oportuno de la Bonifi cación del Decreto de Urgencia N° 037-94, por la suma de cuarenta y cinco mil cuatrocientos treinta y un nuevos soles con cuarenta y cuatro céntimos (S/. 45, 431.44), a favor del primero, y por la suma de siete mil quinientos cincuenta y dos nuevos soles con veinticuatro céntimos (S/.7,552.24) a favor de la segunda, por tanto contando la Unidad de Gestión Educativa Local de Antonio Raimondi con el presupuesto propio por ser autónoma en su presupuesto, queda obligada a dar cumplimiento al acto Administrativo fi rme; acorde con lo previsto en el artículo 200 íinciso 6) de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 68 del Código Procesal Constitucional, siendo que el proceso de cumplimiento se dirige ante la autoridad o funcionario renuente que corresponda acatar una norma legal o un acto administrativo fi rme. 9. Que, lo alegado por la entidad demandada5 en el sentido que para la ejecución del pago se requeriría de un procedimiento previo ante las instancias del Ministerio de Economía y Finanzas, se debe precisar que los argumentos de los demandados no son valederos en el proceso Constitucional, como así lo ha establecido ya el Tribunal Constitucional en el expediente N° 3717-2005- PC/TC, prohibiendo en el fundamento once poner como pretexto la falta de fondos para no acatar una resolución constitucional y legal6. 10. Asimismo, se ha verifi cado en autos, que durante la tramitación del presente proceso, no se ha acreditado que la resolución cuyo cumplimiento se exige, haya sido anulada o que se encuentre pendiente de ser resuelto recurso contra ella, motivo por el cual debe atribuírsele la calidad de consentida y vigente, más aún cuando el Procurador a cargo de la defensa de la entidad demandada, así lo ha reconocido expresamente. 11. Que, según lo dispuesto por el artículo 56° del Código Procesal Constitucional, en los procesos constitucionales, el Estado sólo puede ser condenado al pago de costos y teniendo en cuenta que en el presente caso se está amparando la demanda deberá ser condenado la entidad demandado al pago de costos, por cuanto el hecho de que los demandantes hayan tenido que acudir a las instancias judiciales para lograr la satisfacción de sus derechos necesariamente le han irrogado gastos. 12. Consecuentemente, debe estimarse la demanda sobre la obligación de Pago de intereses de la Bonifi cación Especial prevista por el Decreto de Urgencia N° 037-94, reconocido en la resolución materia de cumplimiento, bajo el lineamiento que contempla el artículo 22° del Código Procesal Constitucional. 13. Además deberá abonarse según los artículos 1236 y 1244 del Código Civil los intereses legales a partir de la fecha en que se determinó el pago del derecho al accionante, hasta la fecha en que se haga efectivo, cuya ejecución deberá realizarse de acuerdo con la tasa fi jada por el Banco Central de Reserva en Ejecución de Sentencia. III. DECISIÓN: Por estos fundamentos, el Juzgado Mixto de la Provincia de Antonio Raimondi, con la autoridad que le confi ere la Ley Orgánica del Poder Judicial, administrando Justicia a Nombre de la Nación, éste Juzgado; RESUELVE: 1. Declarar FUNDADA la demanda de Proceso de Cumplimiento, interpuesta por LADISLAO MIGUEL QUIJANO y DIGNA PRIETO DE MIGUEL, contra la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE ANTONIO RAIMONDI. 2. En consecuencia, ORDENO a la entidad demandada: UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE ANTONIO RAIMONDI, CUMPLA dentro del plazo de diez días conforme a lo dispuesto en el inciso 3) del artículo 72° del Código Procesal Constitucional y bajo responsabilidad, con realizar las gestiones tendientes al pago efectivo a favor de los accionantes de la suma de CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN NUEVOS SOLES CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (S/. 45, 431.44), a favor del primero, y por la suma de SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS NUEVOS SOLES CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (S/.7,552.24) a favor de la segunda, dispuesta en la Resolución Directoral UGEL.AR N° 1201-2015, de fecha treinta y uno de diciembre del dos mil quince, más los costos del proceso e intereses legales calculados en ejecución de sentencia, bajo apercibimiento de procederse conforme el Artículo 22° y 59° del Código Procesal Constitucional. 3. ORDENO que Consentida o Ejecutoriada sea la presente, se remita copia al Diario Ofi cial “El Peruano” para su publicación, dentro del plazo señalado por la Cuarta Disposición Final del Código Procesal Constitucional.- NOTIFÍQUESE.-- SABY PERCY TARAZONA LEÓN Juez Titular de Juzgado Mixto de Antonio Raymondi Corte Superior de Justicia de Ancash NILTON ANTONIO PAREDES COCHACHIN Especialista de Audiencias del Juzgado Unipersonal de la Provincia de Antonio Raimondi - Llamellín Tupayachi Sotomayor. Código Procesal Constitucional Comentado, home- naje a Domingo García Belaunde, 2da Ed., P. 580. Enrique Pestana Uribe, (Jhonny Tupayachi Sotomayor). Código Procesal Constitucional Comentado, homenaje a Domingo García Belaunde, 2da Ed., Omar Sar Suarez, Jurisprudencia, Víctor García Toma, Estudio Preliminar. P. 589. Obrante a folios cinco
trece de octubre del dos mil cinco. Ver escrito de fojas 23 al 26 Expediente N° 3717-2005-PC/TC, en fundamento once prohíbe el argu- mento de falta de fondo o presupuesto a fi n de no dar cumplimiento los actos administrativas a las autoridades administrativas, establece que: “(F. 11) este colegiado considera necesario insistir en que las autoridades administrativas no pueden usar el pretexto de la falta de fondos para no acatar una resolución constitucional y legal (…)” (el subrayado agre- gado). W-1597288-39